La mayoría no recuerda con claridad cuándo comenzó a hablarse de la construcción de un mall en el sector del muelle Barón, en Valparaíso. El anhelado proyecto urbanístico, denominado inicialmente como “Puerto Barón”, se diluyó de manera sutil pero implacable en el grotesco centro comercial que sus detractores bautizaron como “Mall Barón”, para enfatizar el violento contraste con lo prometido. Yo tengo varios recuerdos de cuándo y cómo comenzó todo; por eso, siento indignación con lo que está a punto de consumarse.

En el año 2006, en el eternamente postergado Valparaíso, se vivió una optimista sensación de esperanza: hacía poco la ciudad había sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y se anunciaban una serie de ambiciosos proyectos, el recuerdo de una teleserie de Canal 13 aún atraía a los santiaguinos, y el alcalde Hernán Pinto, que durante incontables años había enquistado una red de corrupción en el municipio, finalmente había dejado su cargo tras ser involucrado en un vergonzoso caso judicial que lo vinculaba a redes de pedofilia, no sin antes haber despilfarrado hasta el último peso de las arcas municipales. El futuro parecía esperanzador.

Ese mismo año se abrió al público la primera etapa del nuevo y flamante Paseo Wheelwright, que, con casi dos kilómetros de extensión, permitía recorrer el borde costero entre Caleta Portales y el Muelle Barón. El renovado sector, que pronto se convirtió en un atractivo lugar visitado por familias, deportistas y turistas. correspondía a un plan mayor que pretendía devolver el acceso al mar a los porteños. Ya se habían mejorado las veredas de Avenida Errázuriz, uno de los principales accesos a la ciudad, para hacerlas aptas para ciclistas y conectándola peatonalmente con el paseo.

Meses después se abrió al uso público lo que fue conocido como el “Paseo Costanera”, un mirador de 450 metros ubicado un poco más hacia el puerto, al que únicamente se podía ingresar, de forma aparatosa e incómoda, atravesando la vía férrea sólo en ciertos horarios. Una ubicación absurda, pero que se justificaba porque todos supusimos que era una etapa de algo mayor: unir el Paseo Wheelwright por el borde costero con el Paseo Costanera, y del mismo modo hasta llegar al muelle Prat, creando un solo y enorme paseo costero para uso público. Me acuerdo claramente de esa propuesta inicial aunque, por más que busco en internet, no encuentro ninguna información oficial que corrobore lo que me dice mi memoria.

Toda esa buena intención y ese futuro esperanzador se desplomó cuando a fines de ese 2006 no hubo oferentes para la licitación del llamado proyecto “Puerto Barón”, que con parques, restaurantes y pequeños locales comerciales, conectaría ambos paseos ya construidos. La Empresa Portuaria de Valparaíso, responsable de la licitación, tomó entonces una decisión que no sólo arruinó el plan original sino que además nos está haciendo pasar un bochorno internacional: accedió a modificar las bases para que Mall Plaza, único interesado, pudiese presentarse y desarrollar un proyecto comercial que le generara las ganancias que una voraz empresa como aquella necesitaba. Debió entonces cambiar el contrato y el plan original, y lo que era un paseo público se transformó en un enorme centro comercial con vista al mar. Siguió luego una cadena de modificaciones, irregularidades y conductas éticas empresariales absolutamente reprochables que significaron incluso modificar el Plan Regulador, cambiar la ley a su favor (sí, la ley) y comprar concejales para que se permitiera un proyecto absurdo: un gigantesco centro comercial en terrenos fiscales, encima de un edificio declarado Inmueble de Conservación Histórica y con un subsidio estatal de 21 millones de dólares.

Paralelamente, dos nuevos alcaldes habían sucedido a Hernán Pinto. El último (y actual) es Jorge Castro, que a estas alturas ya es conocido a nivel nacional por la acusación constitucional que enfrenta en su contra por notable abandono de deberes. Él es quien ha oficiado de principal defensor del Mall Barón. Castro heredó no sólo la escandalosa deuda económica de Pinto sino también su red de corrupción municipal. Y a ambas las hizo multiplicarse.

Gracias a la constante oposición ciudadana, la construcción del Mall lleva ocho años postergándose. Primero tuvieron que sortear los impedimentos legales y morales que obstaculizaban el proyecto, y que fueron fácilmente superados gracias a las redes de “influencia municipal” del alcalde Castro. Luego, a duras penas, consiguieron algo de apoyo ciudadano en los sectores más vulnerables del puerto gracias a la réplica de la política del clientelismo, nuevamente al alero de Castro. Finalmente, cuando se vieron obligados hacer pública la envergadura del proyecto, se descubrió que pensaban construir su mall sobre las antiguas bodegas que hoy son Inmueble de Conservación Histórica y que, más encima, existían importantes restos arqueológicos bajo el terreno donde se construiría. Las órdenes judiciales impidieron que las obras comenzaran e incluso en una reunión de la UNESCO se decidió que el mall rompería el paisaje porteño y amenazaría su calidad de ciudad patrimonial, solicitándole al Gobierno de Chile crear una comisión para proponer un diseño alternativo.

A estas alturas, ya muy pocos defendían públicamente la construcción del mall. Curiosamente, sólo algunas autoridades manifestaban su apoyo: en una inexplicable decisión, la Presidenta Bachelet nombró a un ex funcionario de la Empresa Portuaria de Valparaíso (socios del proyecto) como Intendente de la región, y junto al Alcalde, se convirtieron en rostros publicitarios de Mall Plaza ante la prensa. La campaña con que pretendían lograr la aceptación ciudadana fue burdamente ejecutada, llena de torpes falacias y cada argumento a favor se contradecía con la realidad y el sentido común. Llegaron al extremo de declarar que el Mall Barón fue parte del expediente con el cual se postuló a Valparaíso ante la UNESCO. Todo parecía indicar que el proyecto al fin fracasaría, hundido en el desprestigio. Pero no fue así.

La llamada “Comisión Mall Barón”, solicitada por la UNESCO, reunió a los responsables y a algunos escasos grupos que representaban a la ciudadanía. Aunque ni los parlamentarios de la zona ni la mayoría de los concejales manifestaron interés en participar, finalmente se concluyeron 23 medidas para mitigar el daño a la ciudad y al patrimonio, siempre destacando que “los contratos ya firmados no pueden deshacerse”. En el acta de la comisión pueden leerse esas 23 medidas que, por alguna extraña razón, una vez enviadas al Subsecretario del Interior fueron alteradas, y la versión que se entregará a la UNESCO contiene sólo 19 de ellas y tres modificadas. Básicamente, alteraron las recomendaciones para evitar que las ambiciones de Mall Plaza se vean afectadas. Esto es: que puedan demoler parte de la Bodega Simón Bolívar, que no sean ellos quienes deban hacerse cargo de las conexiones viales a su propio mall, que no alteren su propuesta para integrarse al entorno y que no deban informar ni resguardar eventuales hallazgos arqueológicos.

La historia del Mall Barón continúa. El Estado envía señales contradictorias y pareciera que no le interesa mucho lo que suceda con el Mall. Deben estar completamente conscientes de que la imagen del país se vería muy dañada con su construcción, pero aseguran estar amarrados por un contrato fraudulento firmado hace ocho años. Mientras, han sido los mismos ciudadanos quienes han logrado detenerlo, aunque no se sabe por cuanto tiempo más; y Valparaíso necesita que esos ciudadanos puedan distribuir sus fuerzas para defender a la ciudad de la enorme lista de peligros que la acechan, comenzando por sus propias autoridades.