Han pasado casi tres años desde que el terremoto asoló la ciudad, y recién en el último tiempo se ha dado a conocer un plan que buscar reconstruir el tradicional y céntrico mercado de Talca. Este plan, elaborado sin un adecuado proceso de participación ciudadana, ha suscitado en forma inmediata una enorme controversia, y el rechazo vehemente de locatarios y dirigentes vecinales.

En síntesis, el proyecto, liderado por una empresa privada, y desarrollado utilizando las herramientas entregadas por la Ley de Financiamiento Urbano Compartido (una especie de ley de concesiones aplicable por el Ministerio de Vivienda y los municipios), incluye espacios para los antiguos locatarios y una construcción subterránea que albergará estacionamientos y un supermercado; aparte del reforzamiento estructural y de cambios estéticos como la inclusión de una nueva techumbre.

La búsqueda de acuerdos público – privados como el que podría dar vida a este proyecto, parece algo propio de una gestión urbana moderna; permitiendo conseguir los recursos necesarios para desarrollar proyectos que, de otra forma, serían irrealizables o bien desviarían recursos de otros temas centrales para el desarrollo local como lo son la educación o la salud. A mi juicio, sería poco razonable; en el contexto de una economía urbana capitalista  / inmobiliaria, cuestionar el principio general que orienta al proyecto.

Sin embargo, incluso en nuestro contexto político / económico, cuando una autoridad pública busca generar acuerdos con el sector privado debe tener en consideración dos aspectos relevantes:

(a)   Las empresas privadas tienen intereses distintos -y muchas veces divergentes- de los que posee el sector público. En el caso del mercado, mientras el empresario privado buscará maximizar sus utilidades a través del aumento de la rentabilidad del suelo, el municipio debiese buscar el “bienestar de los talquinos”, conjugando de manera armónica los intereses de los locatarios y los de la comunidad en general. Asimismo, se debe considerar que los tiempos y controles a los que está sometido el sector privado son radicalmente diferentes a los del sector público, existiendo en este último caso criterios de transparencia, participación, y control sobre la utilización de los recursos, que son desconocidos para los agentes privados, especialmente para las empresas inmobiliarias o de retail.

(b)   Debe ser la institución pública, en este caso el municipio, el que ponga las reglas del juego que orientarán el proyecto; considerando para ello su misión, la realidad urbana con la que se enfrenta, y la opinión de la ciudadanía organizada. El municipio no puede buscar acuerdos con el mundo privado desde la debilidad, sino que desde una posición de poder y legitimidad entregada por el acuerdo ciudadano. En el caso de este proyecto en particular, si bien parece que la autoridad pública inicialmente no tomó muy en cuenta estos aspectos, el amplio respaldo electoral alcanzado por el Alcalde en las últimas elecciones debiesen servir de aliciente y base para rediscutir el proyecto, ampliando la participación e imponiendo condiciones más estrictas al desarrollador privado.

Ahora bien, tal como fue señalado, el “bienestar de los talquinos” no parece ser algo unívoco e incuestionable, sino el producto del diálogo y negociación de diversos intereses ciudadanos. Entre los aspectos a ser considerados ciertamente se debiese incluir: la restauración del patrimonio arquitectónico que representa el mercado; el rescate del patrimonio social que representan los antiguos locatarios, sus costumbres y tradiciones; el asegurar la comodidad, la variabilidad y calidad de los productos ofrecidos, así como las condiciones adecuadas de precio para los eventuales consumidores; y, finalmente, pero no menos importante, el mantener condiciones urbanas e higiénicas que hagan compatible el funcionamiento de un mercado con el desarrollo de un centro urbano pujante y moderno.

Pero, a la luz de la forma que adopta la relación público – privada, para que el proyecto efectivamente cumpla las expectativas de la ciudadanía, no sólo es necesario que el sector público tenga claro en sus objetivos; sino además, que, en la consecución de estos objetivos, se siga un proceso que permita asegurar la legitimidad y el poder necesarios para discutir con el agente privado. Ello implica, hablar y negociar con la ciudadanía organizada, con los representantes de los antiguos locatarios, y con los representantes políticos tanto partidarios como opositores a la gestión del alcalde.

Entre estas negociaciones, una de las más arduas será la que el municipio deberá llevar adelante con los antiguos locatarios del recinto, pues ellos no sólo se encuentran defendiendo intereses económicos sino además una historia, un estilo de vida y un conjunto de tradiciones forjadas a través de los años. No hay ninguna posibilidad de que este proyecto tenga éxito y contribuya a la vez al desarrollo social, económico y cultural de Talca, si se reproduce la tendencia histórica enunciada por el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, de un Estado que colabora –a través de la reglamentación y la represión- con el gran capital comercial en la eliminación de su competencia minorista y popular.

Así, cualquier proyecto que desee ser aceptado por quienes tradicionalmente habitaron el espacio del mercado y por quienes políticamente los apoyan, debe asegurar, en primer lugar, que todos los antiguos locatarios tendrán un espacio adecuado y podrán continuar con sus labores comerciales; y, en segundo, que a estos locatarios se les otorgarán las herramientas necesarias –vía capacitación, crédito, embellecimiento de sus locales, etc.-, para competir con el comercio moderno y masivo que se instalará en su mismo edificio. Si esto último no ocurre, se corre el riesgo de que, tanto el edificio como el comercio tradicional que se quede en el lugar, se conviertan en un mero decorado y un atractivo adicional para aquellos que visiten y consuman en el supermercado.

En resumen, creo que aún estamos a tiempo de mejorar el proyecto, respetando los derechos y la identidad de los locatarios; y avanzando en un modelo de desarrollo más justo y equitativo que la simple imposición neoliberal del retail a gran escala. Si esto se logrará o no, dependerá centralmente de la voluntad política del municipio; el que, encabezado por un empresario privado, deberá comprender que el éxito de un gobierno municipal excede con creces la adecuada gestión y administración  de proyectos y recursos; requiriéndose procesos de participación y búsqueda de acuerdos. En definitiva, que la gestión municipal es a la vez esencialmente política y ciudadana.

 

* Rodrigo Salcedo es sociólogo y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Illinois. Actualmente es director del Centro de Estudios Urbano Territoriales y Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, ambos de la Universidad Católica del Maule.

** Las imágenes fueron tomadas desde el archivo de Noemí Gutierrez.