1. Introducción

35 años de existencia de uno de los edificios más representativos de la producción pública de espacios urbanos, el Estadio Nacional de Chile, ven interrumpida su historia democrática de usos deportivos, políticos y culturales a partir de la implantación de un campo de prisión, tortura y exterminio en sus instalaciones, en septiembre de 1973. 17 años después se reanuda la historia democrática del país y las demandas espaciales ya han cambiado para el recinto: ya no se celebran grandes concentraciones políticas, las celebraciones populares son reemplazadas por conciertos internacionales y el fútbol domina con sus exigencias espaciales estandarizadas. El coloso deportivo yace dispuesto a convertirse en golosina para el espectáculo del deporte, y sin embargo esa metamorfosis no es posible sin enfrentar ni dejar huella de los hechos que allí ocurrieron.

Décadas más tarde, el gobierno de Michelle Bachelet impulsa una extensa remodelación arquitectónica del recinto, la más significativa luego de su creación en 1938 y ampliación en 1962. El propósito fue re-adecuar el recinto a los estándares espaciales de FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), removiendo la reja que bordeaba al público, construyendo un foso, renovando los recintos interiores, blanqueando la fachada y reemplazando las graderías antiguas por butacas individuales rojas, salvo en una zona de 185 m² donde las graderías de madera permanecen intactas. El destino de este memorial, denominado «Escotilla 8», sería recordar, a través de la ausencia de su ocupación por espectadores habituales, las violaciones a los derechos humanos ocurridas dentro del Estadio Nacional durante los primeros 58 días de la dictadura militar.

A 20 años de la recuperación democrática, el 12 de septiembre de 2010, el Estadio Nacional es reinaugurado en las fiestas conmemorativas del Bicentenario de la Nación. El presidente electo Sebastián Piñera es el encargado de inaugurarlo, y con ello también descubrir el primer memorial a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos bajo un gobierno de centro-derecha. El flamante proyecto Bicentenario lo viste de butacas rojas y fachada pulcra, pero en su interior se mantienen intactos unos cuantos metros cuadrados de pasado doloroso.

Esta fiesta inaugural suscita dos paradojas: por una parte, constituye el primer memorial -tradicionalmente propiedad de la cultura política de izquierda- inaugurado por un presidente de derecha, y por otra parte abre la interrogante de cómo llegaron esas graderías del pasado a formar parte de un proyecto de estadio moderno. A la primera paradoja propondremos como hipótesis que la inauguración exalta como prueba empírica la integración entre la reparación simbólica a las víctimas de la dictadura con las políticas de Estado. La segunda interrogante será respondida desde tres puntos de vista diferentes: la Sociedad civil, el Estado y la Academia.

 

2. Sociedad civil

La llegada del siglo XXI trajo profundos cambios en materias de derechos humanos y representación del pasado reciente en Chile. En 2004 se publica el Informe Valech y el Estado asume un rol protagónico como impulsor de conmemoraciones e indemnizaciones a las víctimas de la violencia del Estado, lo que se manifestaría con protagonismo en los últimos dos gobiernos de la coalición pluripartidaria «Concertación». Sin embargo, a estas posturas oficiales anteceden las labores persistentes -que se extienden desde la dictadura hasta la actualidad- de organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de la sociedad civil. La batalla por justicia, derecho y memoria tuvo su origen en la ciudadanía, y como tal constituye el motor del impulso de reconocimiento que luego asumiría el Estado. En esta sección se analizará cómo desde la sociedad civil se fue construyendo, primero la demanda por memorializar el Estadio Nacional, y luego el proyecto concreto que se escogería para tal fin.

1.1. Memoria justa

Las Comisiones de Verdad han sido una herramienta común a muchos países, que después de dictaduras o guerras civiles han establecido, mediante el testimonio de las víctimas, la historia oficial sobre las violaciones a los derechos humanos de ese período (Lira, 2007). La verdad se construye a partir de la coincidencia de miles de testimonios, que desde la subjetividad articulan los hechos de un pasado que el terrorismo de Estado trató de borrar. Para Sarlo (2005) la dependencia del testimonio agudiza los conflictos entre la subjetividad de la memoria y la objetividad de la historia.

La psicóloga Elizabeth Lira, quien durante el régimen militar participó como profesional en terapias de recuperación de experiencias traumáticas con víctimas y familiares de víctimas de la dictadura, señala que el testimonio es crucial en la recuperación. Es la forma de hacer público un sufrimiento negado por las autoridades, una herramienta para la afirmación identitaria y el procesamiento colectivo de la experiencia traumática. El testimonio es también valorado por las víctimas al dejar un legado escrito de su experiencia, validándola socialmente. La escritura del testimonio es el paso de la experiencia privada a la pública, y es utilizado así como herramienta para hacer justicia, como es el caso de las Comisiones de Verdad en Chile. La práctica clínica de terapeutas durante la dictadura permitió contextualizar la experiencia personal, a través del testimonio, con el contexto histórico nacional. Lo que se suponía individual, al confrontarse como testimonios validados a través de la terapia, se convierte en colectivo, dando un nuevo significado a la experiencia singular. Este vuelco desde el interior al exterior le permitió a los pacientes analizar la catástrofe desde lo personal y lo familiar, creando puentes con la realidad que acontecía en el país (Lira, 2007).

Los expertos señalan que la memoria también es resistencia (Todorov, 2000; Vezzetti, 2009; Sarlo, 2005), y es por eso que una de las mayores cargas que oprime a las víctimas y familiares de víctimas de la dictadura es el deber de recordar, de mantener la memoria, de no olvidar. Sólo la socialización de la experiencia individual, el relato testimonial, puede ampliar esa responsabilidad y hacer parte de ese deber al resto de la sociedad. Para Lira (2007), el testimonio sería capaz de superar la lucha personal para instalarse como una responsabilidad social.

Sarlo (2005) postula que estaríamos viviendo un reordenamiento ideológico y conceptual del pasado, donde se privilegia el relato coherente por sobre el método científico hipotético del historiador. El objeto de estudio se traslada de los grandes relatos a la vida cotidiana, a la mujer, al obrero y a los detalles de la vida común. Este reordenamiento valida el testimonio, el relato oral, las cartas, consejos y oraciones como fuentes veraces de conocimiento del pasado. A diferencia de Lira (2007), Sarlo cuestiona la confianza excesiva que se le ha otorgado al testimonio como fuente de reconstrucción del pasado. Este vuelco hacia lo subjetivo, que trasciende más allá de la historia, ocurre mediante el desplazamiento de lo personal al campo de la manifestación pública. El problema que advierte Sarlo es que el traslado del testimonio personal al ámbito público se efectuaría sin la construcción de un discurso colectivo, sino más bien elaborándose a partir de la reivindicación personal. Sarlo aclara que no se trata de cuestionar el valor jurídico o histórico del testimonio, sino de cuestionar su imposición hegemónica sobre el territorio simbólico y los medios audiovisuales. Podríamos agregar que la arquitectura, y en consecuencia la reparación simbólica a través de placas, monumentos y esculturas, hace parte de esa producción simbólica testimonial.

Ante la conflictividad inherente al ejercicio de trasformar el pasado desde el presente, Vezzetti retoma el término acuñado por Todorov (2000) de memoria justa. Una memoria que más que como verdad, se constituye como un contrato social: «Una condición del horizonte de la justicia, que no se agota en los procedimientos del derecho, reside en la voluntad colectiva, en el presente, de mantener abiertos espacios y prácticas de deliberación sobre el pasado» (Vezetti, 2009: 14).

Si bien memoria justa parece poner un alto a la sistemática oposición al olvido de Nora (2009), la idea de una «necesidad política del olvido» tiene sus orígenes en la conferencia de 1882 de Ernst Renan (Renan, 1947), titulada ¿Qué es una nación?, retomada en 1992 por Todorov (2000). Durante su conferencia dictada en La Sorbonne, Renan analiza a partir del ejemplo de la invasión germana del territorio occidental de Europa la construcción de las actuales naciones. Al convertirse el invasor a la religión del invadido, al desposarse con sus mujeres y olvidar su propio idioma, fue posible construir una identidad nacionalista a pesar de la heterogeneidad social sobre la que se basaba la nación. La oposición vencedores/vencidos se reconfigura para diferenciar entre el noble y el villano, característica que no depende de la condición étnica sino de la educación, el valor y el hábito: «El olvido, y yo diría, el error histórico, son factores esenciales en la creación de una nación, y por ello el progreso de los estudios históricos es con frecuencia peligroso para la nacionalidad» (Renan, 1947: 4).

De esta manera, la cohesión de una comunidad se basaría tanto en los puntos comunes como en la capacidad de olvidar en conjunto. Renan (1947) concluye que lo que determina a una nación es un principio espiritual bipartito entre pasado y presente, el primero determinado por un haber sufrido y gozado juntos, y el presente afirmado por el deseo de permanecer juntos. «Poseer glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente, haber hecho grandes cosas juntos, querer hacerlas todavía, he ahí las condiciones esenciales para ser un pueblo» (Renan, 1947: 11). Más influyentes aún que las glorias pasadas son las tragedias compartidas, sacrificios colectivos que hacen valioso el presente: «En materia de recuerdos nacionales, los dolores valen más que los triunfos, pues imponen deberes, dirigen el esfuerzo común» (Renan, 1947: 11).

«La memoria intenta preservar el pasado sólo para que le sea útil al presente y a los tiempos venideros. Procuremos que la memoria colectiva sirva para la liberación de los hombres y no para su sometimiento» (Jacques Le Goff, en Todorov, 2000: 2). Es la cita con la que Todorov introduce su texto y a su vez presenta la búsqueda principal de su publicación: el buen uso de la memoria para el presente. La memoria está bajo constante amenaza de aquellos que se proponen borrarla o reescribirla. Todorov hace una relectura de la memoria como resistencia, la resistencia al control de la información e historia oficial por parte de las tiranías.

Como ya se ha señalado, la memoria es un proceso de selección y así Todorov hace una diferencia entre la indispensable recuperación del pasado y su utilización subsiguiente. Elaborando una analogía con el psicoanálisis, el autor logra explicar de manera simple la utilidad de traer a presencia la memoria del pasado. Los recuerdos reprimidos son recuperados a través del psicoanálisis, no para darles un lugar predominante en la conciencia sino para trabajarlos y luego instalarlos en una posición periférica donde sean inofensivos y controlables: de la misma manera funciona el duelo.

Algunas veces el uso del pasado es un abuso. De la casuística presentada por Todorov señalaremos el caso de los serbios que usan como justificación para explicar su agresión contra los otros pueblos de la ex-Yugoslavia los sufrimientos que ellos han experimentado en el pasado. Las premisas «No olvidar» y «No perdonar» justifican luchas, guerras y venganzas en todos los lugares del mundo. En ese contexto, Todorov cita la definición de política de Plutarco, «según la cual la política se define como todo aquello que sustrae al odio su carácter eterno -dicho de otra manera, se subordina el pasado al presente» (Todorov, 2000: 28-29).

Para diferenciar los buenos usos de los malos usos de la memoria, Todorov sugiere analizarlos según sus resultados. Se plantean entonces dos formas de reminiscencia del pasado, una literal y otra ejemplar. La recuperación literal es lo que conocemos como memoria a secas, y es personal, intransitiva, atada a un caso específico y, por lo mismo, superlativa. La memoria ejemplar, en cambio, es lo que llamamos justicia: supera el caso singular, se abre a la analogía y a la generalización construyendo una lección. Mientras que la memoria literal es personal, la memoria ejemplar concierne a la esfera pública, y por consiguiente se trata del tipo de memoria que debieran representar las materializaciones físicas del recuerdo colectivo, ya sean placas, memoriales, monumentos o museos. De este modo el pasado se convierte en un principio de acción para el presente.

1.2. Primeros testimonios

Los 17 años de dictadura acabarían con el plebiscito -sufragado en la galería que bordea el Coliseo Central del Nacional- que daría fin al régimen militar. La purificación simbólica del Estadio fue celebrada el 11 de marzo de 1990 con la ascensión de mando del nuevo presidente electo Patricio Aylwin. Mientras el país sufría enormes cambios políticos y culturales, a partir de los años ’90 se efectúan una gran cantidad de transformaciones espaciales sin plan ni diseño comprehensivo sobre el predio deportivo: el Centro de Alto Rendimiento (CAR), el hotel del CAR, el Patinódromo, la Granja Educativa y entre otras instalaciones.

Si bien los primeros años de la Transición trascurrieron con más omisión que discusión acerca del Golpe y la dictadura militar, la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998 transforma ese panorama substancialmente. A su regreso a Chile, se inicia un juicio en su contra, liderado por el juez Juan Guzmán. Entre otros antecedentes, el proceso incorporó una reconstrucción de escena en los recintos del Estadio Nacional por la muerte del periodista norteamericano Charles Horman.

En 2000, Adolfo Cozzi publicaría sus memorias como detenido en el libro Estadio Nacional (Cozzi, 2000). Un tiempo después la documentalista Carmen Luz Parot iniciaría un cuerpo de investigaciones sobre las que basaría su documental Estadio Nacional, el que se exhibe públicamente el año 2002 (Parot, 2002). Un año antes, sin embargo, durante el 11 de septiembre de 2001, la directora organizaría un acto de remembranza en el acceso de Avenida Grecia del Estadio, instalando una placa conmemorativa en uno de los pilares: «Entre el 11 de septiembre y el 7 de noviembre de 1973, el Estadio Nacional de Chile fue utilizado como campo de concentración, tortura y muerte. Más de doce mil prisioneros políticos fueron detenidos aquí sin cargos ni procesos. En recuerdo de todos aquellos que sufrieron tras sus muros y por los que aquí esperaron a oscuras ver la luz de la justicia y la libertad», se lee en ella.

Por más de ocho años -hasta la remodelación del Coliseo Central iniciada bajo el gobierno de Michelle Bachelet- esa pequeña placa instalada por una documentalista sería el único recordatorio físico de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese lugar. El documental de Parot no sólo registra la realidad entrevistando a ex-prisioneros y recorriendo con ellos los recintos, sino que además interviene la realidad instalando una placa conmemorativa. Entrevistando al propio juez Guzmán, junto a diferentes ex prisioneros, Parot reconstruye la distribución de usos de Estadio Nacional como campo de concentración. A través de esta búsqueda, se descubren lugares dentro de los recintos del Coliseo Central, así como en otras edificaciones del predio, con vestigios del campo de concentración instalado durante el ’73. Inscripciones de los prisioneros, así como casquillos de balas, son algunas de las pruebas materiales que encuentra. Ante tal evidencia, Parot interviene por segunda vez la realidad exigiendo el resguardo patrimonial de esos sitios, sugiriendo además la creación de un museo que relate la historia de violaciones a los derechos humanos dentro del campo deportivo (Parot, 2002).

Durante 2003 otro ex-prisionero, Jorge Montealegre, publicaría su experiencia en el libro Frazadas en el Estadio Nacional (Montealegre, 2003). Esta publicación supera el testimonio individual que presenta el libro de Cozzi, construyendo un complejo relato que mezcla el testimonio personal, escrito en 1973, con la actualización de dicha experiencia al año 2003, además de referencias bibliográficas, fílmicas, publicaciones de revistas y prensa, testimonios de otros y hechos importantes de la actualidad chilena. Mientras que Cozzi se propone describir lo que ocurría dentro de sí y dentro de los muros del Estadio, Montealegre configura el relato desde el cuestionamiento de su propio testimonio, abriendo los muros del Nacional no sólo espacial sino también temporalmente.

1.3. Demandas por memorialización

En abril de 2003, un grupo de ciudadanos integrado por Wally Kunstmann, presidenta de la Agrupación Metropolitana de Ex-Presas y Ex-Presos Políticos, el asesor de la entonces diputada Carolina Tohá, Sebastián Insunza, y los arquitectos Claudia Woywood y Marcelo Rodríguez, entre otros miembros de agrupaciones de derechos humanos como FUNA e HIJOS, presentaron un primer expediente para solicitar la declaratoria de Monumento Histórico del Estadio Nacional. Al interior del grupo podían distinguirse dos facciones, la primera liderada por Kunstmann e Insunza y la segunda por los arquitectos Woywood y Rodríguez.

El primer grupo se había comenzado a reunir a mediados del año 2002 con el propósito de construir un memorial en el acceso principal del Estadio Nacional, por Avenida Grecia. Sus integrantes eran principalmente militantes de agrupaciones de defensa de los derechos humanos, con especial representatividad de la Agrupación Metropolitana de Ex-Presas y Ex-Presos Políticos. A raíz de la convocatoria del asesor de Carolina Tohá, el grupo se reunía en la sede del comando de la diputada.

El segundo grupo presentaba un perfil considerablemente diferente. Marcelo Rodríguez y Claudia Woywood son hijo y nieta respectivamente del destacado arquitecto Alejandro Rodríguez, secuestrado y desaparecido por las fuerzas militares el día 27 de julio de 1976. No obstante, ellos establecen una relación con el Estadio Nacional en donde prima su condición de profesionales del espacio por sobre su afiliación biográfica al movimiento de derechos humanos.

En ambos casos se trataba de familiares o de afectados directamente por las violaciones a los derechos humanos. La diferencia radicaba en el uso de la legitimidad de la víctima: mientras en el primer grupo se trataba de una memoria testimonial y legitimada desde la victimización, los dos arquitectos abordaban la necesidad de manifestar físicamente los acontecimientos del pasado con la mirada del profesional en la conformación de espacios. Al introducir los opuestos de Todorov memoria literal-memoria ejemplar, aparece una dimensión comprensiva del conflicto que prontamente surge entre ambos grupos: mientras que los primeros -liderados por Wally Kunstmann, ex-prisionera política- deseaban marcar el sitio del Estadio Nacional con un memorial conmemorativo a los sobrevivientes que sufrieron en ese preciso lugar, el segundo equipo planteó su proyecto como una metodología de memorialización que presentaba como diagnóstico principal las condiciones y obsolescencias urbano-arquitectónicas del lugar.

Un mes después de haber entregado el primer expediente, en mayo del año 2003 se presenta una solicitud oficial para declarar Monumento Histórico al Estadio Nacional. Esta vez el grupo se encuentra escindido por diferencias de enfoque y el documento es presentado sólo Woywood y Rodríguez, siendo admitido y procesado por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Paralelamente, el grupo de Kunstmann coaccionaba con cartas y oficios y hacía presión política presentando cientos de firmas en respaldo de su proyecto, el que nunca entregó a la institución. Finalmente, en la sesión del CMN del 21 de agosto de 2003, se aprueba unánimemente la solicitud presentada y el Estadio Nacional es declarado Monumento Histórico en la simbólica fecha del 11 de septiembre de 2003, a 30 años del Golpe de Estado (Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, 2003).

La solicitud, al tener la autoría concreta de dos individuos, estuvo fuertemente marcada por sus historias personales. Claudia Woywood relata en una entrevista que durante 2002 aparecieron nuevas informaciones acerca del secuestro de su abuelo por parte de agentes de la dictadura. La noticia reunió a la familia para enfrentar nuevamente al caso de desaparición, lo que llevó a Claudia y a su tío Marcelo a pensar en formas de manifestar su interés por recuperar la memoria del ’73. Ambos habían visto el documental de Parot, trabajo que los impulsó a desarrollar un proyecto para el Nacional (Woywood, 2010). Se puede decir entonces que, en el caso de los solicitantes, se trata de un origen biográfico el que gatilla la acción. A partir de ahí construyen su argumento en base a múltiples características del Estadio Nacional -urbanas, arquitectónicas, deportivas e históricas-, las que lo harían un sitio reconocible públicamente como Monumento Histórico. No circunscriben, por tanto, el valor del inmueble a los hechos ocurridos en su interior durante el ’73, sino que reconocen la amplitud temporal, espacial y cultural del recinto.

La solicitud de decreto que presentan Woywood y Rodríguez (2003b) sufre leves modificaciones por parte del CMN, y es convertido en la base del decreto de ley que resguardaría al Estadio. La institución pública adopta el doble reconocimiento de monumentos históricos singulares dentro del polígono del Estadio, junto a otra forma de protección más blanda sobre las 64 hectáreas restantes. Sin embargo, el Consejo decide no tomar la sugerencia de declarar el campo deportivo como Zona Típica, señalando todo el polígono como Monumento Histórico, pero con una restricción menor a la aplicada a los monumentos interiores. Estos recintos de restricción severa son incorporados casi sin modificaciones desde el expediente de Woywood y Rodríguez a la declaratoria del CMN. La restricción afecta el Camarín Norte de la zona de piscinas, el Caracol y Túnel Sur del Velódromo, y un polígono ampliado por el CMN que circunscribe el Coliseo Central y sus accesos.

El Coliseo, que en la propuesta de Woywood y Rodríguez tiene una restricción que aparece delimitada por el borde exterior de su perímetro, es ampliado por el CMN para abarcar los tres accesos que circundan al edificio. Esta inclusión resultó ser de gran relevancia, ya que es justamente en estos espacios, entre el Coliseo y el exterior del polígono, donde se disputan las más notorias batallas por marcar y significar espacialmente el lugar, tanto por parte de las agrupaciones de derechos humanos como por el Municipio de Ñuñoa. Las escasas observaciones al expediente presentado, junto a la votación unánime en la Comisión del CMN a favor del decreto de Monumento Histórico para el Estadio Nacional, constituyen un evidente indicador de éxito para las agrupaciones de ciudadanos.

1.4. Dos proyectos

El último capítulo del expediente presentado se refiere a un proyecto para la puesta en valor del Estadio Nacional. A diferencia de lo ocurrido con el expediente de solicitud de declaratoria, en este se marcan profundamente las diferencias entre ambos grupos. Al proyecto «Museo Abierto, Sitio de Memoria y Homenaje» presentado por los arquitectos junto con el expediente, se contrastará el proyecto “Estadio Nacional-Memoria Nacional” desarrollado por la agrupación liderada por Kunstmann (Woywood y Rodríguez, 2003a). Ambos funcionan como partes opuestas de la dualidad memoria literal-memoria ejemplar propuesta por Todorov (2000). Veamos.

El proyecto de Woywood y Rodríguez, presentado junto a la solicitud de declaratoria, fundamenta su pertinencia a través de un diagnóstico que da cuenta de la obsolescencia urbana y económica, así como de la desvinculación de la trama de la ciudad del polígono del Estadio. Se propone una revitalización del predio a través de la incorporación de la dimensión histórica dentro de su programa. En palabras de los arquitectos: «Como respuesta al deterioro, creemos necesario recuperar y potenciar el valor simbólico e histórico del lugar y ampliar sus posibilidades de ocupación» (Woywood y Rodríguez, 2003b: 12). El objetivo general del proyecto plantea «preservar el valor histórico de un lugar emblemático de nuestra memoria colectiva y conmemorar a las víctimas de las violaciones de los DDHH durante la dictadura militar, condenando públicamente los crímenes cometidos» (Woywood y Rodríguez, 2003b: 20). Aludiendo a los distintos objetivos específicos, el proyecto se divide en tres partes: el Museo Abierto, destinado a las víctimas sobrevivientes del Estadio; el Sitio de Memoria, orientado a la educación en torno a los derechos humanos para un público general y en último lugar el Homenaje, diseñado como un memorial a la víctimas muertas en el Estadio Nacional. Es un ambicioso plan que no sólo propone construir objetos y recintos destinados a guardar la memoria alusiva al ’73, sino que además se propone revitalizar programáticamente el polígono completo.

Si bien la exitosa declaratoria de protección patrimonial no contempló el proyecto presentado por los arquitectos, el Consejo reconoció la importancia de incorporar un proyecto de puesta en valor como monumento. Es así como el punto 1.2. del artículo 2º del decreto 00710 que lo declara Monumento Histórico señala que tanto el Camarín Norte de la piscina, como el Caracol Sur del Velódromo «se podrán destinar a memorizar los graves hechos históricos del pasado sucedidos allí, mediante un proyecto de puesta en valor, el cual tendrá como plazo final para su implementación el 31 de diciembre de 2005» (Consejo de Monumentos Nacionales, 2003: 3-4).

Mientras los arquitectos esperaban una resolución por parte del CMN con respecto a su proyecto, el grupo de familiares y víctimas de las violaciones a los derechos humanos liderado por Kunstmann e Insunza tendría tiempo suficiente para desarrollar una contrapropuesta proyectual. Luego de la presentación del primer documento ante el CMN, en abril del año 2003 la agrupación decide institucionalizar su existencia mediante la personalidad jurídica «Comité Estadio Nacional-Memoria Nacional». Se concreta así la gran ambición de trabajar por la pertenencia y defensa de un lugar específico. En Chile esto no es noveddad, ya que gran parte de las entidades de defensa de derechos humanos han territorializado sus demandas sobre lugares particulares, mayoritariamente ex-centros de prisión, tortura y exterminio (Londres 38, Nido 20, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi, entre otros). Este mecanismo logra fijar una parcela de dominio dentro de la proliferación de agrupaciones, permitiendo a su vez una mayor visibilización, junto a la canalización de recursos hacia un sitio que opera como sede.

La operacionalización del Comité, sin embargo, no era posible con Woywood y Rodríguez como miembros. Los arquitectos, si bien son familiares y víctimas de la dictadura, no militan dentro de las agrupaciones de derechos humanos y abordan el Estadio Nacional desde una perspectiva predominantemente profesional. De esta manera, construyen una identidad basada en ambas características que los excluye tanto de la militancia de las agrupaciones como de la profesión. El conflicto entre ambos grupos se origina entonces al momento de institucionalizar la entidad, condición que los deja fuera y los reduce a nivel de asesores técnicos del proyecto. Ante ese escenario, Woywood y Rodríguez se marginan totalmente y desarrollan la propuesta descrita anteriormente.

Por otro lado, el recién formado «Comité Estadio Nacional-Memoria Nacional», si bien interpreta la actuación de los arquitectos como una profunda traición, coincide con ellos en el triunfo sobre el Estado al obtener la declaratoria de Monumento Histórico. El espacio que abrieron Woywood y Rodríguez para introducir su proyecto de puesta en valor dentro de la declaratoria será utilizado por el Comité para desarrollar una contrapropuesta proyectual titulada «Estadio Nacional-Memoria Nacional» (Woywood y Rodríguez, 2003a).

El 31 de octubre de 2007 se presenta, previa prórroga, el nuevo proyecto ante el CMN. El proyecto propuesto por Kunstmann consta de 11 partes: un Plan Maestro de la propuesta completa, un Memorial en el acceso de Avenida Grecia y en el acceso a las piscinas, intervenciones en el Camarín Norte de las piscinas, en la Escotilla 8 y en el Camarín 3 del Coliseo Central, otro Memorial junto a una intervención en el Acceso Pedro de Valdivia, un «Camino de la Memoria», una intervención en la Caracola y Túnel Sur del Velódromo junto a un Museo de la Memoria Nacional. Una de las principales diferencias con el proyecto anterior es que, mientras el primero pone el foco en la metodología proyectual, el segundo desarrolla proyectos específicos de arquitectura.

Aunque se reitera el recurso de los Sitios de Memoria, calcando las mismas estaciones en idéntico orden, éstas son vinculadas a través de un sendero que es denominado «Camino de la Memoria». Cada una de las paradas estará equipada con un pedestal de hormigón que relata lo sucedido en el lugar, una placa de piso que vincula el sitio con otros sitios de tortura de Santiago y una obra escultórica, que será producto de un concurso artístico internacional. Dos de estas estaciones se encuentran dentro del Coliseo Central, la Escotilla 8 y el Camarín 3, mientras que las otras están emplazadas sobre el Camino de la Memoria. Al igual que en el proyecto anterior, la Escotilla 8 es escogida por dos razones: primero, por su posicionamiento estratégico dentro de la elipse del Coliseo que la enfrenta al acceso principal por Avenida Grecia, y segundo, por la existencia de vestigios de inscripciones de los prisioneros del ’73. El Camarín 3 se escoge por la continuidad espacial con la Escotilla 8, así como por el relato de una misa que se habría celebrado supuestamente en su interior, ubicación que fué desmentida posteriormente.

El éxito del proyecto es evidente. Una vez ingresado al CMN es aprobado y obtiene la legitimidad para intervenir el proyecto de Parque Deportivo que estaba desarrollando la oficina Montealegre Beach Arquitectos, por encargo de Chiledeportes. Logrado este objetivo, el Comité de Kunstmann propuso ante el Ministerio de Obras Públicas (MOP) -que por 2008 iniciaba los estudios para remodelar el Coliseo Central-, su proyecto para la Escotilla 8. Su propuesta contemplaba la transformación de la Escotilla -un pasillo perpendicular a la elipse del Coliseo para acceder a la zona inferior de las graderías- en un espacio de exposición de fotografías y videos. Adicionalmente, las graderías situadas junto a la salida de la Escotilla 8 debían mantenerse intactas ante la amenaza de sustitución de los asientos antiguos por butacas individuales. La propuesta fue incorporada dentro del proyecto de remodelación del Ministerio, superando incluso las expectativas del Comité al asegurar el uso exclusivo de la Escotilla y las graderías contiguas para los fines que la Agrupación proponía, segregando ambos espacios del uso deportivo del Estadio.

Finalmente, el 11 de septiembre de 2010, Wally Kunstmann daría un discurso inaugural en la Escotilla 8, presentando con orgullo el triunfo de su agrupación sobre los avatares políticos, técnicos y deportivos que les habían impuesto los administradores estatales del Estadio Nacional. El día siguiente, con casi un año de atraso, el que inauguraría el nuevo Estadio Nacional sería el presidente Sebastián Piñera, y no la artífice del cambio, Michelle Bachelet. En el nuevo Nacional de butacas rojas y resplandecientes, destacan 185 m² de pasado, mientras que el primer presidente de derecha desde el reestablecimiento democrático menciona -así como lo había hecho el Papa en su visita de 1987- el pasado doloroso que alberga el renovado pero antiguo Estadio Nacional.

2. Estado

Así como las graderías antiguas han podido ser explicadas como una iniciativa predominantemente civil, es posible a su vez desplegar una explicación completamente estatista. Inicialmente impulsado por personalidades individuales de los gobiernos de la Concertación, el memorial del Estadio Nacional llega a convertirse, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, en un elemento constituyente de la política de Estado -ya no de gobierno- sobre reparación simbólica.

2.1. Políticas de reparación

El 6 de marzo de 2000 comienza el juicio a Augusto Pinochet en Chile, luego de su detención 17 meses antes en Londres (Emol, 2001). Con Pinochet desaforado, el juez Juan Guzmán Tapia comienza el camino judicial para procesar al dictador por su responsabilidad en los casos de secuestro y homicidio conocidos como «Caravana de la Muerte». Luego de aceptar el caso del periodista norteamericano Charles Horman entre otras 202 querellas contra Augusto Pinochet (El Mercurio, 2000), Guzmán realizaría una pesquisa en terreno que lo llevaría a recrear por más de dos días el funcionamiento del Estadio Nacional como centro de detención, tortura y muerte (Emol, 2002; Klener, s/f). El juicio es seguido públicamente por todos los medios de prensa y el Estadio se convierte, mediante la exposición oficial del juicio, en uno de los escenarios de la lucha por justicia. Es así como se despierta un aletargado recinto, que desde la celebración de la vuelta a la democracia en su cancha central el 12 de marzo de 1990 no había sido sujeto de discusión pública.

A principios de 2003 Pedro Sabat, alcalde de la comuna de Ñuñoa donde se sitúa el Estadio Nacional, animaba una discusión en la prensa a través de la cual proponía demoler el Nacional con razón de los ruidos molestos, desmanes e inseguridad que generan sus usuarios en el barrio que lo circunda (Emol, 2003; El Mostrador 2003). En respuesta, la entonces diputada por el Partido Por la Democracia (PPD), Carolina Tohá escribía: «He leído con asombro recientes informaciones de prensa que dan cuenta de la propuesta del alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, de demoler el Estadio Nacional […] En sus instalaciones se ha vivido parte de nuestra historia, de lo mejor y también de lo peor. […] Fue ahí donde el año ’73 se instaló el campo de concentración más grande de nuestro país. Por estas razones, está en marcha un proyecto para declarar Monumento Histórico ciertos sectores de este estadio y convertirlos en lugares educativos y de reflexión, que nos ayuden a fortalecer una cultura de Derechos Humanos. El Estadio Nacional es un patrimonio de todos los chilenos que debemos cuidar y preservar» (El Mercurio, 2003). Es así como la iniciativa de convertirlo en monumento, no sólo opera como salvavidas de un edificio olvidado por gran parte de los tomadores de decisiones, sino que además se enfrenta a la contingencia puntual de protegerlo de su demolición.

En paralelo, en el país se gestaban cambios políticos que modificarían radicalmente el reconocimiento estatal de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Unos meses más tarde, el presidente Ricardo Lagos anunciaba su propuesta de derechos humanos en el discurso «No hay mañana sin ayer» (Lagos, 2003). En él, el mandatario manifestaría la importancia de incorporar los horrores de la dictadura dentro de la cultura nacional a través del Informe Valech, que daría cuenta de las prisiones y torturas de los excluidos del Informe Rettig. Por otra parte, se abrían fondos gubernamentales destinados a la reparación de las víctimas en el ámbito educativo, laboral, de salud y de previsión. Al discurso del presidente se suma el reconocimiento de los abusos militares por parte del entonces Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, entre otros actos de reconocimiento de origen oficial. En paralelo, las agrupaciones de derechos humanos se multiplicaban, crecían y consolidaban a través de nuevos fondos otorgados por el Estado.

A juicio de los propios órganos del Estado vinculados a esta política, tal como la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, las políticas de reparación simbólica de los gobiernos de la Concertación se han fundado en tres hitos significativos: la creación del Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos del Cementerio General de Santiago -inaugurado en el año 1993, luego de tres años de negociación y gestión-, la firma del Acta de Acuerdo entre el Gobierno y las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos en marzo del año 2003, que vino a comprometer el financiamiento de una serie de memoriales desplegados a lo largo del país, con la idea de descentralizar y ampliar las medidas reparatorias, y por último el mencionado mensaje «No hay mañana sin ayer» del presidente Lagos, a través del cual explicita la creación de un fondo de financiamiento de 450 millones de pesos para implementar una política de reparación simbólica.

2.2. Declaratoria de Monumento Histórico

Sólo días después del discurso presidencial, la diputada Tohá insistía -esta vez junto a un diputado socialista- en la necesidad de declarar Monumento Histórico al Estadio como acto de reparación simbólica: «Esto constituye un acto histórico y un lugar en la memoria del pueblo chileno. Pensamos que a esta reparación hay que darle un contenido educativo», señaló, añadiendo además que «sería necesario invertir en el complejo deportivo para construir un recorrido artístico que permita conocer bien los hechos allí ocurridos» (Emol, 2003). Las declaraciones de la diputada no serían infundadas, ya que desde fines del año 2002 se venía reuniendo en la sede de su comando los grupos ya señalados en el punto anterior, cuya propuesta incluía un «Camino de la Memoria», como sugería la diputada.

El grupo ciudadano -al alero de la parlamentaria- había logrado reunir cartas de apoyo de importantes representantes políticos. Entre ellos destaca el entonces Ministro Secretario General de Gobierno, Heraldo Muñoz, quien en su carta dirigida al Secretario Ejecutivo del CMN señalaba explícitamente «el apoyo entusiasta de parlamentarios [y] personalidades del quehacer político» y de la cartera que representaba, declarando la importancia de «resguardar un lugar que ya no es sólo patrimonio deportivo sino que además forma parte de la memoria colectiva del país como testimonio de un triste período de la historia patria» (Muñoz, 2003). Por otra parte, había manifestado también apoyo explícito al proyecto el entonces Ministro de Educación Sergio Bitar, cuya cartera tenía competencia institucional sobre el CMN.

Los profundos cambios políticos que se anunciaban en 2003 tenían a su vez correspondencia dentro del organismo del CMN. Según Christian Matzner, arquitecto del Consejo a cargo de la declaratoria y proyecto del Estadio, ese año, y estando de secretario ejecutivo Ángel Cabeza, comenzó una serie de proyectos dentro de la institución destinados a conmemorar los 30 años del Golpe. Adicionalmente, este período se vería marcado por la presencia del Ministro de Educación en las sesiones del Consejo. Si bien el órgano depende en última instancia del Ministerio de Educación, su presupuesto y gestión están adscritos a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), por lo que la intervención directa del ministro era una situación inusual. En la sesión del día 21 de agosto de 2003 se aprobó la apertura de la puerta Morandé 80 del Palacio Presidencial de La Moneda, junto a la declaratoria del Estadio. Ese mismo día, la diputada Carolina Tohá reiteraba a través de la prensa la necesidad del declararlo Monumento Histórico (Emol, 2003).

A pesar de la aprobación unánime de la declaratoria, los profesionales del CMN complementaron los argumentos, alusivos a los violaciones a los derechos humanos, con una dimensión arquitectónica, otra deportiva y otra históricamente más amplia. Es así como antes de mencionar su uso como campo de prisioneros, el decreto señala «que además de ser el principal centro deportivo de Chile, ha sido un hito nacional en la historia de los distintos eventos realizados en nuestro país, donde en 1987 estuvo S.S. Papa Juan Pablo II […] como también se han realizado innumerables eventos, todos ellos manifestaciones propias y representativas de nuestra diversidad cultural» (Consejo de Monumentos Nacionales 2003: 2).

Llama la atención la aparente insuficiencia del primer argumento para sustentar una declaración de monumento autónoma. Matzner (2010) relata que este fue un punto de inflexión de la declaratoria, argumentando que el deber del organismo público-técnico será siempre reconocer el monumento en todas sus dimensiones: urbana, arquitectónica, arqueológica, histórica, política y cultural. No contradiciendo esta justificación, llama la atención el blindaje múltiple: para aquellos que no reconozcan las muertes y torturas ocurridas dentro del edificio, está el relevamiento de las hazañas deportivas; mientras, para aquellos que no reconozcan el valor de los usos políticos ni deportivos, está el argumento arquitectónico, que señala «que el estilo es representativo de la arquitectura moderna, trasformándose la imagen del Coliseo Central en un ícono significativo dentro de nuestra identidad colectiva» (Consejo de Monumentos Nacionales, 2003: 1).

Por otra parte, el CMN refuerza el reconocimiento del recinto en tanto monumento a través de la obra Tres miradas al Estadio Nacional de Chile. Historia, Deporte, Arquitectura (López, 2004). Como bien señala el título, el libro desarrolla el mismo argumento tripartito de la declaratoria, reforzando aún más las múltiples evidencias que justifican su valor.

Estos argumentos alusivos al contexto de la declaratoria se refieren a las características propias del CMN y al clima institucional que enmarca al proyecto. Es evidente la sintonía del organismo con lo que ocurría en el país al año 2003, como también se constata la directa relación del proyecto con voluntades políticas personales, en este caso representadas por el Ministro de Educación y la entonces parlamentaria y ex-Ministra Carolina Tohá. Sin embargo, pese a la prioridad política que animaba el proyecto desde arriba, el CMN, defendiendo su capacidad técnica, construyó un entramado que le permitió validar su declaratoria más allá de la contingencia del argumento político.

2.3. Escotilla 8

El decreto 00710 que declara Monumento Histórico al Estadio Nacional no incorpora referencias a ningún proyecto de puesta en valor en particular, y sin embargo da cuenta de la necesidad de memorializar materialmente las violaciones a los derechos humanos, específicamente las ocurridas en el Camarín Norte de la piscina como en el Caracol Sur del Velódromo. No sólo se reconoce la pertinencia de realizar proyectos de memoria en los lugares señalados, sino que además fija un plazo máximo para su realización. No obstante, debido a las profundas diferencias surgidas entre los dos grupos de la sociedad civil, el Estado -representado principalmente por el CMN y el MOP- decide intervenir directamente en el Estadio y acabar así con 18 años de ausencia de memorialización.

Durante el discurso presidencial de mayo de 2009, Michelle Bachelet -la última presidenta de la continuidad concertacionista y víctima directa de violaciones a los derechos humanos- anunciaba la remodelación completa del Estadio Nacional. Como proyecto Bicentenario se renovaría el principal recinto deportivo del país adecuándolo a los estándares internacionales de modernidad y seguridad. Este proyecto no sólo remodeló el sistema de regadío de la superficie de juego, los servicios, las instalaciones, el perfil de la losa y las graderías metálicas y de madera (Casares, 2009), sino que introdujo además un elemento de la propuesta de memorialización de la Agrupación Metropolitana de Ex-Presas y Ex-Presos Políticos. El gobierno de Bachelet, en continuidad con el de Lagos, había privilegiado los proyectos construidos tras ser más avanzadas las reparaciones morales y materiales en temas de derechos humanos. En rápida sinopsis, aparecen durante su gobierno las intervenciones en Chillán, Villarrica, Paine y Calera de Tango, a los que se suman los proyectos relativos a José Domingo Cañas, Londres 38, el Memorial a las Mujeres, el Patio 29 y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en la capital.

Es así como el proyecto diseñado y ejecutado por el MOP, encabezado en ese entonces por el Ministro Sergio Bitar, preservó intacta la Escotilla 8, junto con la zona de graderías antiguas ubicadas alrededor de la salida de la Escotilla al Coliseo. Esta propuesta de memorialización impulsada por el Ministerio era audaz y superaba las expectativas de la Agrupación, ya que la ambición de los militantes no había alcanzado para imaginar una zona completa de graderías inhabilitada para el uso de espectadores de eventos deportivos y culturales. Es así como el Ministro Bitar, primero desde la cartera de Educación, bajo el gobierno de Lagos, y luego desde Obras Públicas, durante el gobierno de Bachelet, había logrado materializar un imponente memorial a las violaciones de los derechos humanos en el principal estadio de Chile.

Los considerables atrasos de la obra postergarían la apertura del renovado Estadio Nacional hasta el gobierno de Sebastián Piñera. El escenario adverso a los ojos de los políticos derrotados resultó mejor que el original, ya que de esta manera una de las obras más personalistas de los políticos de la Concertación, la Escotilla 8, era inaugurada por su oponente político, pasando a ser, de esta manera, una obra pública de Estado.

 

3. Academia

Retomando la paradoja inicial: ¿por qué se inaugura un estadio remodelado con 185 m² de pasado?, podremos concluir que existen dos respuestas paralelas, en muchos puntos divergentes, entre la memoria montada desde la sociedad civil y la memoria estatal. Al mismo tiempo, es evidente que ambas interpretaciones carecen de autonomía, ya que se refieren, contrastan y responden mutuamente. Hasta aquí la visión desde la academia no presentaría ninguna novedad, ya que la interdependencia de los emprendedores de memoria y el Estado es historia antigua. Sin embargo, al poner el foco sobre el equilibrio de la relación entre ambos aparecen nuevas respuestas, como también algunas preguntas.

Como se ha señalado, los dos grupos de emprendedores de memoria -tanto sociedad civil como Estado- no funcionan de manera coherente, sino que la denominación reúne una serie de subgrupos y organizaciones que pueden llegar a divergir considerablemente. En el caso del Estado se reúnen bajo un mismo criterio el sistema judicial, el Ministerio de Educación, el de Obras Públicas, el del Interior con su Programa de Derechos Humanos, así como el CMN y Chiledeportes, además de parlamentarios de la Concertación. La división del grupo de la sociedad civil ya se ha detallado más arriba. Un común denominador del Estado es su coincidencia ideológica y política con la agrupación de partidos de la Concertación, mientras que la condición de víctima directa o indirecta de las violaciones a los derechos humanos es transversal a los emprendedores de la memoria de la sociedad civil. Adicionalmente, existen figuras transversales a ambos grupos, como el ministro Sergio Bitar y la ex-presidenta Michelle Bachelet.

Enfrentados a los desafíos impuestos por la tarea de memorializar el Estadio Nacional, ambos grupos reaccionan diferente: mientras que el de la sociedad civil se escinde en dos subgrupos opuestos, el Estado logra -con algunos desvíos- funcionar de manera transversal y coherente en su objetivo. A modo de ejemplo, unos meses después del discurso sobre derechos humanos de Ricardo Lagos, mientras Sergio Bitar firmaba la aprobación de Monumento Histórico del Nacional, Carolina Tohá preparaba a la prensa para su declaración y hospedaba al mismo tiempo en su sede a la Agrupación Metropolitana de Ex-Presas y Ex-Presos Políticos. Los dos grupos de la sociedad civil, en cambio, anularon sus fuerzas oponiéndose unos a otros por un largo periodo, en tanto el Estado ganaba tiempo -más de 5 años- para preparar su propia propuesta.

Mientras el grupo de los arquitectos, en su condición especialista, cuenta con una mejor posición frente al CMN, el grupo liderado por Wally Kunstmann tenía el atributo de representar el movimiento tradicional de víctimas y familiares de la dictadura militar. Estos últimos no sólo representaban a muchos de los políticos involucrados en el Estado, sino que además reflejaban la deuda histórica pendiente de la Concertación en términos de reconocimiento, justicia y reparación. En consecuencia, el poder el Estado se alió a este segundo grupo con el fin de controlar los conflictos de memoria al nivel de la sociedad civil. Un reflejo de esta instrumentalización es la permanente presencia de funcionarios del Estado en el proyecto de la Agrupación. La figura de Sebastián Insunza como líder, el alojamiento del grupo en la sede de Carolina Tohá, las cartas de apoyo de distintos Ministros, junto con la serie de reuniones con el equipo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, son todos ejemplos de la influencia explícita como implícita del Estado -más específicamente de la Concertación- en el desarrollo del proyecto «Estadio Nacional-Memoria Nacional».

Cabe preguntarse, ¿por qué el Estado se alió con la Agrupación de Víctimas en detrimento del grupo de arquitectos? Por una parte están las razones de reconocimiento mutuo, ya que muchos de los políticos de centro-izquierda se ven reflejados en los militantes de las agrupaciones de memoria. Por otra parte están los argumentos de política numérica, ya que ellos representan un espectro influyente de los sufragios nacionales, mientras que los arquitectos no constituyen un grupo político representativo. Y un tercer motivo radica en las características específicas del proyecto de intervención que propone el grupo de Kunstmann para el Estadio Nacional.

Si bien ambos proyectos tienen un origen común, el proyecto del grupo de Wally Kunstmann radicaliza el efecto de la memoria conservadora en el lugar, pero lo hace de una manera puntual. El proyecto propone una serie de intervenciones desarrolladas hasta su más mínimo detalle, lo que permite construir algunas de inmediato dejando otras en el papel. ¿Cuál se construye? Pues la intervención más eficiente en términos de visibilización y economía, la Escotilla 8. Habiendo comprometido una enorme inversión pública en la remodelación del Coliseo Central, memorializar la Escotilla 8 implicaba simplemente no intervenir. Al cambiar las graderías antiguas por butacas rojas, la zona del memorial quedaría visibilizada sin ninguna intervención real en su infraestructura. La teorización en torno al simbolismo de la «presencia de la ausencia» también sería gratuita, mientras que la legitimación del proyecto quedaría subsumida al mundo de los derechos humanos. Evidencia de esto es que, a pesar de la enorme discusión arquitectónica respecto a la remodelación del Coliseo, hasta ahora ningún arquitecto se ha manifestado públicamente sobre el memorial de Escotilla 8.

El proyecto «Museo Abierto, Sitio de Memoria y Homenaje», en cambio, es de una ambición urbana que dialoga con los Planes Maestros iniciales del Nacional, más que con las intervenciones puntuales efectistas. Asumir el proyecto de Woywood y Rodríguez implicaría para el Estado posicionarse como protagonista no sólo en la construcción participativa y pública de sitios de memoria a través del tiempo, sino que además tendría que asumir las profundas obsolescencias físicas, económicas y programáticas que sufre el polígono. Respondiendo a este diagnóstico con una intervención de ambiciones urbanas casi sin precedentes en el Estadio Nacional, extrayendo el proyecto de memoria para el Estadio del mundo autocomplaciente de los derechos humanos, el Estado se vería obligado a legitimar su intervención en todas sus dimensiones, así como lo exigía el CMN: histórica, deportiva, arquitectónica y urbanamente.

Esa tarea de dimensiones titánicas estaba fuera de las ambiciones del Estado, mientras que el objetivo sería inaugurar -en uno de los gobiernos más productivos en la construcción de sitios de memoria- dos grandes íconos: el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Memorial del Estadio Nacional. Sólo se logró lo primero, mientras que el fracaso de la inauguración del Estadio Nacional trae de regreso la segunda paradoja introductoria: ¿cómo es que el memorial del Estadio Nacional es inaugurado por un presidente de la coalición de centro-derecha? ¿Significa eso que la reparación simbólica a las víctimas de la dictadura se ha convertido en una política de Estado? A la luz del emprendimiento estatal revisado, es posible evidenciar que la memorialización del Estadio Nacional, más que una política de Estado, es producto de la sumatoria de voluntades de gobierno; específicamente, de los últimos cuatro de la coalición de centro-izquierda. No obstante, los atrasos en la obra cedieron a Sebastián Piñera las palabras del discurso inaugural, y con ello se levantaron las evidencias de lo que podría ser una política estatal de reparación simbólica, a todas luces un éxito para los movimientos de derechos humanos. ¿Por qué la centro-izquierda no es capaz de reconocer ese logro?, es una pregunta que queda pendiente.