Daniel Jadue, alcalde de Recoleta [1], anunció hace algunas semanas la creación de una «inmobiliaria popular» en el municipio que dirige. Con la construcción de un edificio de 38 departamentos, cimentados y administrados por el municipio, Recoleta se convertiría en el primer gobierno local en hacer uso de la glosa incluida por el MINVU en la Ley de Presupuestos de 2017 [2], que permite a municipios y otras organizaciones sin fines de lucro postular a subsidios para construir viviendas de arriendo [3]. La iniciativa ha sido transversalmente aplaudida como un proyecto de innovación local, en línea con experiencias anteriores lideradas por Jadue como las farmacias y ópticas populares.

La atención mediática hacia el proyecto fue inmediata; sin embargo, el ruido se fue evaporando con las noticias del verano, y el interés no alcanzó a dar cuenta de la relevancia de la iniciativa. ¿Por qué tanta atención a un proyecto de 38 viviendas? ¿Qué hace que esta iniciativa sea tan relevante, más allá de la contingencia?

Años han pasado desde que académicos y activistas sistematizaron por primera vez su preocupación por las consecuencias socio-espaciales de las políticas de vivienda chilenas de los últimos 30 años. Así lo discutieron en las últimas décadas autores como María Elena Ducci (2000), apuntando hacia el «lado oscuro de una política exitosa», o Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes (2004), con su llamado de atención sobre el problema de «los con techo». A ellos les siguieron varias investigaciones y publicaciones sobre segregación urbana, estigmas territoriales y geografía de oportunidades, en las que destacaron voces como la de la dupla de sociólogos Sabatini/Salcedo. Todos ellos levantaron puntos contundentes: si bien las políticas de vivienda chilenas han logrado reducir drásticamente déficits habitacionales, han aumentado la segregación social, sacrificando calidad en la construcción, reduciendo la provisión de vivienda a un problema financiero y de distribución de subsidios, y dejando en manos privadas decisiones que, en favor del lucro, han afectado directamente la localización y calidad de vida de miles de familias.

Quienes nos educamos leyendo estos autores y nos sumamos luego a la discusión sobre vivienda en Chile, no hemos sido capaces de levantar otras agendas: cualquier otra discusión sobre vivienda social parece irrelevante mientras el modelo no cuestione el rol del Estado, los privados y el lucro, la necesaria política de suelo que combata la segregación y mejore la localización, y el foco exclusivo en subsidios a la demanda y financiamiento del proceso de producción de viviendas. Tanto para hablar de vivienda social como de vivienda de mercado, quienes participamos del debate sobre vivienda seguimos poniendo nuestra atención en una discusión que no por antigua y repetitiva se ha vuelto menos relevante: los años pasan y la producción de vivienda en Chile ha mantenido sus principios rectores intocados, y a pesar de que las consecuencias negativas de esta manera de hacer ciudad se vuelven cada vez más evidentes (por ejemplo, en términos de desigualdad urbana, ver Cociña, 2016), Chile sigue siendo considerado un referente a nivel internacional, como ya lo era en los noventas (ver Gilbert, 2002).

La iniciativa de Recoleta [4] no debe ser vista sólo como el producto de una buena gestión y un interesante proyecto piloto, sino como una posibilidad para finalmente empujar el debate de la cuestión de la vivienda en Chile, facilitando un necesario y esperado desplazamiento de los paradigmas de la agenda viviendista. El proyecto de Jadue presenta una serie de transgresiones a lo que ha sido la tradición reciente de vivienda en Chile, que, si se logran escalar para pasar de la excepción a la masividad, permitirá hacernos preguntas que construyan sobre aquellas que han monopolizado el debate sobre vivienda por décadas, avanzando así también en cuestiones urgentes de equidad urbana. ¿Cuáles transgresiones? Hay tres que me parecen relevantes para avanzar en la discusión: La posibilidad de la existencia de vivienda pública, la discusión sobre el valor de uso de la vivienda, y el rol de la vivienda como soporte de la seguridad ontológica, individual y colectiva.

1. Vivienda pública: una tradición inexistente en Chile 

Celebrando la iniciativa de Jadue, hay quienes han asegurado que el proyecto de Recoleta retoma la tradición del Estado como garante de vivienda, tradición que habría alcanzado su apogeo con los proyectos desarrollados por la CORVI y la CORMU hace casi 50 años, y que fue cortada de raíz por las reformas al rol del Estado implementadas durante la dictadura. Es importante sin embargo hacer una distinción: estrictamente hablando, en Chile nunca ha habido una tradición de vivienda pública, cuya propiedad y administración quede en manos de entidades públicas. Desde los años cuarenta, e incluso durante la época de oro del Estado constructor de la CORVI, el modelo de vivienda en Chile se ha centrado en la propiedad individual, y en la distribución de subsidios –sean a la oferta o a la demanda– entre familias pobres que de otra manera no pueden acceder a viviendas de mercado (Moffat, 2000).

A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en Europa en la postguerra, cuando los estados y gobiernos construyeron miles de vivienda de propiedad y administración pública, asignadas por distintos mecanismos de arriendo [5], en Chile el «sueño de la casa propia» ha sido un principio central de las políticas de vivienda. En Chile ha habido una política masiva de vivienda social, pero no así de vivienda pública. No fue el caso de los edificios modernistas construidos por la CORVI en los setentas, ni de los bloques construido por el SERVIU en los noventas, siempre distribuidos a regímenes de propiedad en que las unidades eran inmuebles de pertenencia individual. Las gestiones realizadas por EGIS municipales para construir vivienda en los 2000, en ocasiones con mejores resultados en términos de localización que sus contrapartes privadas (Valenzuela, 2011), tampoco han producido vivienda de propiedad pública, pues son adquiridas por individuos a través de subsidios. Incluso programas anteriores de subsidio al arriendo (el llamado “Chao Suegra”), contemplan el arriendo de viviendas privadas a través de subsidios. No, en Chile no ha habido vivienda pública masiva, administrada por entidades públicas, asignada por mecanismos transparentes que permitan acceder a un hogar de carácter social sin un título de propiedad [6]. La inmobiliaria de Jadue sí lo es.

El suelo donde será construido el primer piloto de Recoleta pertenecía al SERVIU, tal como en otros casos de construcción de vivienda social; pero en este proyecto, a diferencia de sus precedentes, el suelo seguirá siendo público (municipal), poniendo al centro la cuestión del rol de preservar los activos públicos (como el suelo urbano) para asegurar mejores localizaciones de la vivienda social, promoviendo integración social y funcional, así como el acceso a servicios y bienes urbanos, centrales para el desarrollo social y económico de los grupos más vulnerables.

 

2. El Valor de Uso de la vivienda

Una de las características del proyecto de vivienda de Recoleta es que Jadue ha propuesto que el precio del arriendo no deberá superar el 25% del ingreso mensual de los hogares [7]. Esto que parece ser una consideración práctica para asegurar que grupos como jóvenes e inmigrantes puedan acceder a vivienda en sectores donde el alto valor de mercado de suelo urbano no se los permitiría, es en realidad una transgresión enorme al proceso de mercantilización de la vivienda. Al fijar el precio del arriendo en relación con las capacidades de pago del usuario, y no del valor de mercado de la vivienda (dado, entre otros, por el valor del suelo donde está ubicada), la vivienda deja de ser tratada como un bien de consumo, determinado por su valor de cambio, y pasa a ser cualificada como derecho, según su valor de uso. El mismo Jadue hace referencia a la idea de un valor de uso por sobre un valor de cambio en algunas de las entrevistas respecto al proyecto. Esta discusión ha estado presente en la academia hace más de cuarenta años, con autores como John Turner (1976) abogando por la noción del valor de uso de la vivienda como proceso. Pero en Chile, ni la más innovadora de las propuestas construidas de las últimas décadas desde el sector público había logrado salir de la lógica comodificada de la vivienda, atribuyéndole un valor como activo económico, individual o colectivo.

Entender la vivienda desde el valor de uso permite avanzar en el debate de la vivienda como problema público. En particular, abre la posibilidad de desplazar la discusión de vivienda entendida exclusivamente desde la lógica de políticas públicas focalizadas (que permiten que el Estado subsidiario ayude a los excluidos del mercado a entrar en este), avanzando hacia la lógica de Estado garante, con gobiernos locales que avancen en principios universalistas de construcción de ciudad. Recoleta nos recuerda que, si bien la producción de vivienda necesita acciones e inversiones focalizadas, el principal producto de la construcción de vivienda es la producción de ciudad. Se requiere una visión de políticas públicas universalistas si no se quieren consolidar patrones de «ciudad de ricos» y «ciudad de pobres» como dos entidades separadas; al remover el valor de cambio como única métrica para aproximarse a la vivienda, el proyecto de Recoleta pone esta cuestión al centro [8].

 

3. El rol de la vivienda en la seguridad ontológica

Es interesante cómo el proyecto de Jadue puede ampliar el debate sobre la capacidad que tiene la vivienda social para generar seguridad ontológica. La idea de seguridad ontológica fue introducida desde la psiquiatría (Laing, 1965) y expandida hacia las ciencias sociales por autores como Anthony Giddens (1984), y se refiere al grado de seguridad con que contamos para desplegarnos en nuestra vida cotidiana: ser capaces de levantarnos por la mañana, por ejemplo, sabiendo que el mundo y sus haberes van a estar donde los dejamos la noche anterior.

Hay una larga tradición de entender la vivienda como parte fundamental de la construcción de la seguridad ontológica (ver la revisión de Hiscock et al, 2001). Esta discusión se relaciona directamente con la tradición liberal de economistas como Amartya Sen (1999) y su postulado del desarrollo como libertad, entendiendo esta última no sólo como la autonomía de decisión, sino más bien como la oportunidad de lograr algo, oportunidad que debe ser facilitada por condiciones estructurales (Frediani, 2009). Tener certezas sobre la vivienda, sobre el lugar en que despertamos cada día, guardamos nuestros bienes y construimos nuestras posibles trayectorias, es indispensable para desarrollarnos como individuos y colectividades. Algo tan básico como esta confianza se vuelve particularmente relevante en sociedades –y ciudades– gobernadas por el mercado y pobladas de inseguridades.

En su más reciente libro, In Defense of Housing, David Madden y Peter Marcuse (2016) discuten, por ejemplo, cómo la crisis financiera en Estados Unidos y las posibilidades de embargo han generado un proceso de alienación residencial, afectando directamente la seguridad ontológica de los hogares más vulnerables. La precariedad residencial genera ansiedades a cualquiera, pero para las familias más pobres resulta desestabilizante de maneras profundas y con consecuencias gravísimas: en su capacidad de tomar decisiones de largo plazo, en consolidar una base económica estable, e incluso en la salud mental de la población.

Las ciudades chilenas, gobernadas en gran medida por el mercado, son fuente de incertezas, y la precariedad residencial es experimentada por muchos. Volviendo al caso de Recoleta, la construcción de vivienda pública permite hacer preguntas sobre ésta como fuente de seguridad más allá de las lógicas desestabilizantes del mercado. A pesar de que autores en los ochentas sostenían que la seguridad ontológica es lograda más fácilmente con la propiedad privada, esta idea ha sido rebatida por investigaciones empíricas como la de Hiscock et al (2001), quienes muestran cómo para algunos residentes del Reino Unido vivir en vivienda pública de arriendo genera más seguridad, ya que elimina la posibilidad de embargo u otras vulnerabilidades dependientes de la fragilidad económica.

En la medida que el proyecto de Recoleta crezca desde el piloto a la masividad, uno de los aspectos que será interesante revisar será su temporalidad. Actualmente, la propuesta contempla que las familias residan en las viviendas por máximo cinco años, como un hogar transitorio. Sin embargo, la vivienda pública de arriendo no tiene por qué ser así, y puede constituir un tronco central de provisión de vivienda definitiva si es propiamente administrada, como lo ha sido en países tan diversos como Singapur y o la Inglaterra pre-Thatcher.

Más que una respuesta definitiva, la vivienda de arriendo de Recoleta es una posibilidad de nuevas preguntas, que incluyen sin duda cuestiones sobre otras formas de habitar y de tenencia pública o colectiva [9], y que puede promover la seguridad de sus habitantes para desarrollarse, lejos de eso que Pedro Lemebel llamara un urbanismo de cajoneras: «planificado para acentuar por acumulación humana el desquicio de la vida, de por sí violenta, de los marginados en la repartición del espacio urbano» (1995).