La ciudad de Río de Janeiro ha estado viviendo transformaciones radicales en los últimos años. Según los discursos oficiales, dichos cambios implican transformaciones significativas en los usos y flujos de los espacios y lugares de la ciudad. Un momento como este en la historia urbana carioca no se vivía hace décadas, y probablemente, dada la magnitud y radicalidad del giro que vive la ciudad, sólo sea comparable con las reformas llevadas acabo por el prefecto Pereira Passos a inicios del siglo XX. Sin ir más lejos, el actual prefecto, Eduardo Paes, suele reivindicar ese momento particular de la historia política de Río de Janeiro al hablar de su gobierno [1]. De esta manera, la coyuntura histórica actual estaría permitiendo la configuración de condiciones de posibilidad para el retorno de una acción pública que parecía ya superada políticamente: la erradicación de la favela.

Estos asentamientos, desde su origen a inicios del siglo XX, fueron vistos como un “problema”, desarrollándose miles de propuestas e interpretaciones de intervención, que luego fueron efectivamente implementadas. El “problema de la favela”, en la medida en que iba siendo tematizado –y de alguna manera transformado-, incorporaba nuevos repertorios de análisis, entre los cuales aparecían progresivamente preguntas por el contenido simbólico que le dotaba de sentido. Así, hablar de la favela era hablar sobre la ciudad como un todo, y, de paso, significaba enunciar una propuesta para corregir sus problemas. Los habitantes de las favelas, que desde el surgimiento de estos asentamientos fueron identificados por las autoridades como los responsables de los problemas que afectaban a la ciudad, fueron el objeto principal de propuestas de corrección urbana que fueron cimentándose por largo tiempo en Río de Janeiro. Estas políticas variaron desde intervenciones de carácter civilizatorio, que los veían como moralmente inadaptados para la vida urbana, pasando por propuestas de control negociado como afirma Machado da Silva (2002), y otras de control social de corte coercitivo, que corresponden a las políticas de seguridad pública más recientes.

Es posible afirmar que, hasta la década de 1970, las propuestas de intervención tendían a concentrarse en la erradicación como principal alternativa de la acción pública en la favela. Lo que seguiría en las décadas posteriores sería algo completamente distinto; este nuevo escenario tiene a la urbanización como pregunta fundamental para intentar responder al “problema de la favela”. Simultáneamente la violencia urbana como fenómeno irrumpiría y provocaría modificaciones profundas en las representaciones sociales de estos territorios. La violencia se convertiría en el principal problema de Río de Janeiro, alterando de sobremanera los comportamientos y prácticas de los distintos grupos y clases sociales cariocas. Los residentes de las favelas y sus barrios seguirían siendo representados como un “otro” de la ciudad, aunque ahora marcados bajo el estigma del miedo. Así, el habitante de la favela sería leído como un criminal por las clases medias y altas, y una amenaza constante al orden social.

 

 

En este contexto, una nueva configuración parecía haberse delineado, especialmente a partir de mediados de los años 2000 [2] -y consolidada en los últimos años-, que favorecería los intentos de retomar la intervención estatal vía erradicaciones.  Es importante advertir que, en la retórica misma de los análisis de la violencia urbana y la seguridad pública, cada vez que aparecía enfrentamientos entre bandas de traficantes, o entre alguna de éstas y la policía, volvían a resurgir en el horizonte las propuestas de erradicación. ¿Por qué? Pues porque existía una asociación fundamental entre el crecimiento de los territorios de las favelas y la expansión, como consecuencia del fenómeno anterior, de la violencia. Esa mirada reforzaba la identificación de esas localidades como territorios de la violencia y fuente de los peligros que se esparcían a lo ancho de la ciudad. El enfoque predominante mantenía a la erradicación como una alternativa de política, aunque permanecería en estado de hibernación por un tiempo más.

El triunfo, en 2009, de Eduardo Paes en las elecciones para el Gobierno de la Ciudad de Río de Janeiro transformó el escenario de forma decisiva. A partir de ese momento se establecería un redireccionamiento de las acciones de los distintos departamentos municipales hacia lo que venía discutiéndose y formulándose desde algunos años atrás. Así la prefectura jugaría un rol clave en propiciar las condiciones necesarias para que las intervenciones en las favelas tomaran el rumbo de las erradicaciones.

De un modo esquemático es posible señalar tres momentos distintos que contribuyen a la constitución de este nuevo encuadre político. El primero de ellos se caracteriza por un intenso esfuerzo por traer de vuelta el concepto “erradicación” al debate público en torno al “problema de la favela”. El segundo paso para la consolidación de la crítica a los opositores a las políticas de erradicación, provino de la utilización de los argumentos referidos a los riesgos de localización de algunas favelas, surgidos a partir de las lluvias de Abril de 2010 [3]. En tercer término, las erradicaciones son incorporadas como parte del “legado” de la organización y realización de los megaeventos en la ciudad  (Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016). La coyuntura abierta por estas dos mega-inversiones urbanas, terminaría por dar forma a un contexto favorable para el retorno de la erradicación como la política a través de la cual el Estado se vincula con las favelas. Para ello sería necesario resignificar el concepto mismo de “erradicación”, situándolo como una dimensión importante dentro de las prácticas de gestión pública de ciertos territorios y poblaciones.

Este escenario favorable a las erradicaciones contó con la contribución del programa federal de vivienda “Minha Casa, Minha Vida” (Mi Casa, Mi Vida) [4],  pues la Prefectura de Río de Janeiro utilizó ampliamente el programa para desarrollar sus propuestas de desconcentración (“desadensamento”) y relocalización (“reassentamento”). Asimismo, a través de su programa “Morar Carioca”, el municipio aumentaría el alcance y la naturaleza de sus intervenciones y políticas de urbanización. A través de esta iniciativa, a finales de 2009, el gobierno de la ciudad proyectaba la erradicación de 123 favelas –aproximadamente 13 mil familias- a finales de 2012, número que aumentaría a 18 mil familias, por efecto de la relocalización de las familias afectadas por las lluvias de Abril de 2010 [5].

Al mismo tiempo, es posible situar la vuelta de las erradicaciones en un contexto de proliferación de dispositivos de excepción, capaces de alterar considerablemente los parámetros a través de los cuales se establecían, hasta ese entonces, las relaciones entre el Estado brasileño y sus márgenes. En este sentido, hubo, en los últimos años, una ampliación considerable de los mecanismos de control de la población, en detrimento de la política y sus protocolos de negociación, discusión y participación. En el caso de Río de Janeiro –aunque también en el resto de Brasil-, simultáneamente a las erradicaciones se actualizan otros mecanismos de control de la población, como es el caso de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) [6] y la reclusión de drogadictos en situación de calle. Además, tal como ocurre en otras zonas del país, grandes proyectos económicos –claves dentro del modelo de desarrollo actual- se realizan amparándose en violaciones a los derechos humanos de comunidades completas, tal como ocurre con la erradicación de comunidades indígenas residentes en áreas estratégicas para el desarrollo de proyectos de hidroelectricidad. También ocurre con emprendimientos vinculados a las industrias química, petroquímica y minera, entre otras, que provocan impactos severos sobre el medio ambiente que terminan por expulsar a las poblaciones locales y/u originarias.

 

 

En el caso de la expulsiones de Río de Janeiro, ha imperado toda una serie de dispositivos de excepción. Entre las múltiples estrategias utilizadas por los agentes públicos para lidiar con la población susceptible de ser erradicada, destacan el hostigamiento diario. A esta altura ya es recurrente saber de los agentes municipales diciéndole a los pobladores “O aceptas la propuesta o te quedas sin nada”, “Si no aceptas te vas a la calle” o “No sacas nada con pedir ayuda, lo vamos a lograr de cualquier manera”. Estas tácticas intentan hacer que los residentes entren en conflicto entre sí, a través de la manipulación de la información sobre la situación local –datos contradictorios son distribuidos-, buscando socavar las posibilidades de organización. Asimismo, también han sido comunes las notificaciones de prohibición de habitación –alegando riesgos, aunque sin especificarlos-, que exigen la salida inmediata. Tampoco se define claramente quienes son los agentes involucrados con los cuales los residentes de estos asentamientos deben lidiar. Otras tácticas: difundir entre la población que la alcaldía consiguió autorización para iniciar obras y realizar los desalojos en cualquier momento, lo que lleva a un estado de constante ansiedad. Para evitar resistencias, los agentes del Estado afirman que resolverán la situación caso a caso, dilatando al máximo las soluciones –que en muchos casos nunca llegan-. Tampoco entregan los detalles de los proyectos que justifiquen las erradicaciones. Las demoliciones no son sujetas a compensaciones financieras, se echan abajo las casas vecinas como formas de presión, cortan el acceso a servicios públicos, como agua potable o electricidad, y descalifican moralmente a quienes critican la situación.

Hay muchos otros ejemplos para describir estas prácticas; ellas se están renovando y actualizando en cada nueva erradicación. Podemos entenderlas como dinámicas que están en el límite entre las operaciones formales e informales, entre la ley su excepción. En este sentido, no podrían ser comprendidas como violaciones de la ley vigente, sino como adecuaciones a cada situación específica. Tomando esta forma, las políticas están al servicio de la consolidación del control estatal sobre estas poblaciones, fijando sus patrones de circulación y localización dentro de la ciudad. Asimismo, incrementan la acumulación de capital inmobiliario por parte de algunos.

Si conocer estas prácticas cotidianas de hostigamiento nos sirve para esclarecer los puntos de incidencia del poder estatal, así como su continua construcción y reconstrucción en nuestras ciudades, también nos abre la posibilidad de verificar cómo se elaboran distintas estrategias de resistencia a su realización.