Introducción

En su último informe represivo público, CORREPI registró, desde el retorno democrático a la actualidad, un total de 4278 muertes por gatillo fácil y tortura seguida de muerte en cárceles y comisarías. Además, dan cuenta de un total de 210 personas desaparecidas y 69 asesinatos en el marco de protestas y manifestaciones sociales. Analizaremos los casos más emblemáticos y sus respectivos tratamientos en los medios masivos de (des)información. El escuadrón de la muerte: la sucesión de ministros y sus medidas como respuesta a las demandas po mayor seguridad. Nunca más, una consigna pendiente en la Argentina.

La secta del gatillo fácil

Recientemente hallaron en Buenos Aires el cuerpo de Luciano Arruga, un chico de dieciséis años que llevaba casi seis desaparecido. Las denuncias sobre este caso, que comprometen a la policía bonaerense, reflejan una escalada de asesinatos de chicos jóvenes de los barrios pobres, reclutados en detenciones ilegales por la policía para robar para ellos, desapariciones forzadas, torturas y violaciones de derechos humanos en las cárceles de todo el país.

¡En el año 1996 el entonces presidente Carlos Menem intentó explicar a los medios por qué crecían las denuncias públicas por fusilamientos policiales: “hay periodistas de pluma fácil”, escupió sin remordimientos. En los meses siguientes, la tesis fue reforzada por el jefe de la Policía Federal, el comisario Adrián Pelacchi, y por el ministro del Interior y responsable de las fuerzas de seguridad federales, Carlos Corach, que agregó una frase en la que resonó la voz del dictador Jorge Rafael Videla respondiendo sobre los desaparecidos: “¿Dónde están los nombres?”.

En respuesta a estos dichos, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), una organización de derechos humanos formada en el año 1991, orientada a la lucha y la denuncia de la represión estatal, logró confeccionar una lista con 282 nombres en un archivo de casos, tomando como punto de partida el año 1983. Nacía, de esta manera, uno de los primeros organismos en el país en implementar mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos en la lucha contra la violencia institucional.

Si bien la coordinadora estima que es incalculable la “cifra negra” real del gatillo fácil y de las torturas y muertes en las cárceles y comisarías, afirman que están incorporando permanentemente, además de los casos ocurridos en el año en curso, “otros de años anteriores, comprobando, en la práctica, que muchos homicidios perpetrados desde el Estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos debido a la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, que hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Hay provincias enteras de las que sólo contamos, como fuente, con lo poco que trasciende en los medios de comunicación a nuestro alcance”.

En su informe represivo anual dado a conocer recientemente para el período 1983-2014, CORREPI registra un total de 4278 muertes por gatillo fácil y tortura seguida de muerte en cárceles y comisarías -el 63 por ciento de esta cifra corresponde a la última década-. Además, dan cuenta de un total de 210 personas desaparecidas -ochenta desaparecieron durante los últimos diez años- y 69 asesinatos en el marco de protestas y manifestaciones sociales -veinte de ellos durante la gestión kirchnerista-.

La abogada María del Carmen Verdú, integrante de CORREPI, argumenta que “si bien hay una metodología de represión de control social, que se descarga sobre los sectores no organizados de la clase trabajadora con características ‘preventivas’ porque tienden a instalar un amedrentamiento, un disciplinamiento que permite aventar la posibilidad de una organización de esos sectores populares, también se utiliza la metodología de represión de carácter más selectivo sobre los trabajadores”.

Otro dato relevante es que del total de los casos, el 51 por ciento de las personas corresponde a varones de entre 15 y 25 años, en lo que demuestra una no casual decisión de apuntar a los sectores más jóvenes. El 90 por ciento de ellos está por debajo de la línea de pobreza, por lo que son los chicos de mayor vulnerabilidad social quienes más intervenciones sufren en diferentes instancias de conflictividad. De igual gravedad es el caso de las mujeres, que además de ser víctimas de  las redes de trata y explotación sexual sufren la complicidad de todo un sistema patriarcal que las desampara.

“La desaparición forzada” -señala Verdú- “es sólo una de las metodologías a las que recurre el estado argentino en materia represiva. En enorme cantidad de casos se trata de hechos muy similares al de Luciano Arruga: chicos de barrio que son sistemáticamente arribados por la policía como mano de obra esclava para robar o transar drogas en los barrios para ellos. Los pibes que se resisten son víctimas del gatillo fácil y en casos como los de Luciano y tantos otros, desaparecen”.

En la categoría de muerte de personas privadas de su libertad, confluyen los inverosímiles suicidios por ahorcamiento o incendios en cárceles y comisarías, que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos. La casi totalidad de las muertes en comisarías corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente, por aplicación de las más efectivas herramientas de control social, la averiguación de antecedentes y los códigos de faltas y contravenciones. Algunas desapariciones, en las que se sabe que la víctima pasó por una comisaría, están listadas bajo esta categoría. Otras lo están en la de “otras modalidades”.

Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y exhibir una eficiencia muy lejana a la real y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, reconfirman la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas e incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.

Este informe, en su conjunto, muestra que con el fin de la dictadura no se terminaron los abusos por parte del Estado. Al contrario, se renovaron métodos y la brutalidad sobre los sectores populares se mantuvo. Si bien el nivel de violencia es muy inferior al período dictatorial (1976-1983), el marco democrático en el que se desarrollan todos estos casos de abuso institucional le dan un tinte de gravedad muy importante.

 

No existen crímenes perfectos, hay investigaciones mal hechas

Es importante mencionar que, en los fueros penales, de 3013 causas referidas a los delitos de torturas y apremios ilegales en democracia, 3010 fueron caratuladas como “apremios” y sólo tres como torturas. Únicamente treinta fueron elevadas a juicio y en las restantes se estimó que no había mérito para acusar. Los tres casos de torturas fueron archivados.

“El sistema hizo que haya una reticencia muy fuerte de parte de jueces y fiscales a usar el término tortura. El 90 por ciento de las causas, en los pocos casos que se logra avanzar y llegar a juicio, quedan calificadas con figuras menores como los apremios o las vejaciones. La tortura es el crimen de Estado por excelencia. La tortura puede ser cometida por el aparato represivo estatal, con la connivencia de todo el conjunto del Estado, y por lo tanto decir tortura es responsabilizar al Estado y al gobierno de turno. En cambio, si utilizamos cualquiera de esas expresiones menores, o al muerto en tortura lo calificamos como un simple homicidio o incluso como un homicidio calificado lo que va a ir a las estadísticas es un hecho individual, no un crimen de Estado”, explica la doctora Verdú.

Por su parte, Pablo Pimentel, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), asegura que “de cuatro casos concretos, sólo uno es denunciado. Sucede que la fiscalía tiene que trabajar estos casos con la policía, entonces cuando a la fiscalía le toca investigar a la policía con la que trabajan, se vuelve algo complicado. Por eso hay una disposición que establece que cuando hay personal policial involucrado tienen que trabajar con otras fuerzas, ya sea Gendarmeria o Prefectura. Y si la familia no está organizada o apoyada son esos casos que quedan en el olvido y en la gran página de la historia que se titula impunidad”.

Gran parte de los medios masivos, que poco contribuyen al esclarecimiento de estos hechos, tomaron las conjeturas del caso Luciano Arruga para instalar la hipótesis de un accidente de tránsito y cerrar el caso. Encontraron en él una figura provechosa para la primicia y la mercancía informativa; desestiman la versión de los abogados y de la familia o la desvirtúan con fines políticos. Pocos informaron sobre las denuncias probadas de torturas del destacamento de Lomas del Mirador, donde el mismo Luciano fue castigado el 22 de septiembre del 2008, unos meses antes de su desaparición.

Con gran claridad Vanesa Orieta, hermana de Luciano, explicó: “Ustedes pueden informar que fue un pibe que cruzó la autopista y lo atropelló un auto y ya. Pero van a estar mintiendo. Porque la familia denunció que hubo acoso policial. Que está confirmado que el 22 de septiembre de 2008 fue víctima de una golpiza. Y que cuando mi hermano desaparece, hubo peritajes positivos que arrojaron que Luciano había estado en un patrullero, había estado en un descampado, que los patrulleros se salieron de la cuadrícula. Esto no cierra con un pibe que cruzó la autopista. Hay que saber la verdad”.

La desaparición de Luciano se dio en el medio de un contexto de fuertes campañas mediáticas de criminalización de la pobreza y la juventud, donde el discurso en torno a la “inseguridad” estaba dirigido hacia pedidos de mayor mano dura, y un fuerte lobby de varios sectores para bajar la edad de imputabilidad. Como si en la discrecional situación actual no fuera posible mantener durante años privado de su libertad a un chico que no ha cometido delito alguno o apenas un hecho menor, mientras los jueces están facultados para dejar en libertad a los autores de un homicidio.

La baja de la edad de imputabilidad existe de hecho pero sin las garantías del debido proceso, que fueron contempladas en el proyecto de ley que tuvo media sanción por unanimidad en el Senado en 2009 (una semana después de las elecciones legislativas de ese año) y que nunca fue tratado por la Cámara de Diputados.

El silencio de los medios alrededor de la desaparición de un pibe, muerto sin motivo, castigado por la policía en un destacamento creado en torno a demandas de “mayor seguridad”, no es casual: difundir esta realidad significa el derrumbe de los argumentos de quienes proponen la política de la “mano dura” o la criminalización de jóvenes y pobres.

 

El escuadrón de la muerte

Alejandro Granados, Ministro de Seguridad de Buenos Aires

Los ocho policías sospechados del caso Luciano Arruga habían sido pasados a disponibilidad de manera temporal, hasta que en marzo del 2014 fueron reincorporados por el ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados. Finalmente volvió a pasar sus puestos a disponibilidad a partir del reclamo de los familiares y organismos querellantes.

En 1999, luego de protagonizar un tiroteo con delincuentes que intentaron asaltarlo dentro de su casa, Granados le dirá al diario Página 12: “Estamos en guerra con los delincuentes, y la guerra hay que librarla. Es a matar o morir” y afirmaciones como: “En ninguna casa debe faltar un arma”, que se contradicen, por otro lado, con las actuales campañas de desarme que impulsa el gobernador Daniel Scioli. En 2013, ya a cargo del Ministerio de Seguridad, una de sus primera medidas fue multiplicar las calles de patrulleros de la policía y gendarmería nacional.

En el 2002, el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, entonces a cargo de Juan Pablo Cafiero, desentramó una investigación que puso en evidencia el modo de funcionamiento de un escuadrón de la muerte policial en Esteban Echeverría y Ezeiza, partido cuya intendencia gobernaba Granados. Según los fiscales de esta investigación, esta serie de acciones extrajudiciales, tales como secuestros extorsivos, vejaciones y reclutamiento de jóvenes con fines delictivos, fue impulsada e ideada por el comisario de la 1ª de Ezeiza, Carlos Adrián Dombrosqui.

Durante los años de la gobernación de Eduardo Duhalde (1991-1999), Julio Quintela fue titular de la comisaría 1ª, donde lo sucedió Dombrosqui, quien había sido su segundo. Los vínculos políticos se hicieron explícitos cuando Granados designó a Quintela como Director de Seguridad de la Municipalidad. Más tarde, Dombrosqui lo reemplazó al frente de ese sistema de patrullas del programa Tolerancia Cero que ahora se invoca como antecedente por el cual habría que confiar en Granados como ministro de Seguridad.

Ricardo Casal, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires

Según coinciden los organismos de derechos humanos, la escalada de violencia empeoró a partir de la gestión de Ricardo Casal, con la aplicación del Plan de Emergencia en Seguridad lanzado por el gobernador bonaerense Daniel Scioli, a partir de la asunción del ministro Alejandro Granados.

En relación al caso Luciano Arruga, Casal, quien había estado al frente de la conducción de la policía bonaerense durante su desaparición, declaró que el caso era un simple “tema hospitalario”.

Sin embargo, el actual ministro de Justicia tendría un prontuario consecuente con este tipo de episodios: en 1973, con sólo dieciocho años, fue designado agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en la Unidad 9 de La Plata. Luego del golpe de Estado en 1976, Casal permaneció en la Unidad 9 y fue ascendido sucesivamente en la carrera penitenciaria. Entre 1976 y 1982, varios presos políticos que pasaron por la Unidad 9 lo habrían reconocido participando en interrogatorios realizados en salas especiales dispuestas en el penal.

Lo cierto es que efectivamente existieron “pabellones de la muerte” en esa delegación, situación que no podía desconocer ningún penitenciario. Casal continuó desempeñándose como agente del SPB hasta 1987, año en el que pasó en comisión a la Subsecretaría de Justicia.

Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación

A Sergio Berni, Teniente Coronel del Ejército Argentino, se lo señala de todos lados como integrante de una de las unidades que se sublevó en el alzamiento carapintada en 1987, motín que condujo a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por las cuales prescribían los delitos de lesa humanidad perpetrados por los militares del último golpe genocida. En marzo de 2012 fue designado secretario de Seguridad y quedó a cargo de la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía Federal y la Policía Aeroportuaria.

En la represión del Parque Indoamericano de Villa Soldati -Ciudad de Buenos Aires- en diciembre de 2010, luego de que la Metropolitana, Gendarmería y la Policía Federal asesinaran a dos hombres, Berni se instaló en el parque para negociar el abandono de los ocupantes. Allí se encontraban más de tres mil familias que habían tomado el predio en reclamo de una vivienda digna, dejando expuesta una magra crisis habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Envuelto en una nueva polémica, es denunciado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Liberpueblo y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) ante el juez federal Sebastián Cassanello por el arresto de 68 personas -entre las que se encontraban dos menores de edad- sin orden judicial, y su posterior traslado a la guarnición militar de Campo de Mayo, donde funcionó un centro clandestino de detención y tortura durante el terrorismo de Estado.

Se trata de los hechos que ocurrieron el 30 de agosto pasado cuando beneficiarios del plan Argentina Trabaja cortaron la Panamericana a la altura de la localidad de General Pacheco, Buenos Aires, en reclamo de un aumento en ese subsidio. Las organizaciones denunciaron que cuando finalizaba la protesta y la gente se retiraba, efectivos de Gendarmería subieron a los micros ostentando sus armas y se ubicaron sobre los pasillos centrales de los mismos, vociferando a los gritos que se encontraban todos detenidos e incomunicados, exigiendo a todos los ocupantes apagar sus teléfonos celulares.

Sergio Berni ha llegado a declarar que “en casi todos los delitos hay involucrados menores, que son reincidentes”, dichos que fueron apoyados por el intendente del partido bonaerense de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien, en la misma sintonía, exponía como una de sus principales propuestas en su candidatura a Diputado Nacional por el Frente para la Victoria -cargo al que renunció recientemente- bajar la edad de imputabilidad.

Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires

En diciembre de 2007, el flamante gobernador Daniel Scioli inicia su gestión desmantelando las medidas de reforma a la Policía Bonaerense llevadas adelante por el ex ministro de Seguridad León Carlos Arslanián. Entre las modificaciones se encontraba dispuesto que:

– Se abandona la dirección civil de la fuerza y el modelo de conducción política de seguridad, volviendo al esquema de delegación y autogobierno de la policía bonaerense. – Se desarticulan los mecanismos de control interno que se habían diseñado a cargo de personal civil. – Se eliminan las políticas de participación ciudadana y de prevención comunitaria de la violencia.

En los años siguientes, los excesos presupuestarios para los planes anunciados en Seguridad se enfocaron en otorgarle más poder a la policía, endurecer las penas, abrir convocatorias a suboficiales retirados y en la compra de más armamento y patrulleros para los municipios.

Un informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) muestra cómo estas medidas anunciadas en un contexto «de emergencia» se han propuesto en reiteradas oportunidades desde hace casi quince años, sin haber llegado a mejoras concretas en materia de seguridad y disminución de la violencia.

Nunca digas nunca

– Andrés Núñez fue secuestrado en su domicilio la madrugada del 28 de septiembre de 1990 por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata -capital bonaerense-, y llevado a esa sede donde lo torturaron hasta la muerte.

– Walter Bulacio (17) fue asesinado por la Policía Federal en 1991. Aunque la Ley de Patronato de Menores prohíbe la detención de menores sin intervención de un juez competente, Bulacio fue retenido en la comisaría; lo sacarían de allí recién a la mañana siguiente, rumbo al Hospital Pirovano, donde le diagnosticaron un traumatismo craneano. Con las pocas fuerzas que le restaban, dijo haber sido golpeado por la policía. Murió cinco días más tarde y la autopsia encontró huellas inequívocas de golpe con objetos contundentes en miembros, torso y cabeza.

– El periodista gráfico José Luis Cabezas, asesinado en 1995 de un tiro en la cabeza e incinerado por una banda de policías que habían sido fichados de sicarios por el poderoso empresario Alfredo Yabrán.

– Miguel Bru fue detenido y torturado en la Comisaría 9º de La Plata, ex Centro Clandestino de Detención. Durante la investigación hubo testigos amenazados e incluso asesinados. A uno de ellos lo secuestraron y no volvió a aparecer. Por el caso Bru, en 1999, la justicia condenó a dos policías, un comisario y un oficial, pero la familia de Miguel, hoy luchando desde la Asociación Miguel Bru junto a otros casos víctimas de abuso de poder, continúa buscando la condena del resto de los policías que estuvieron esa noche.

– Otro ejemplo atroz han sido los asesinatos de 33 manifestantes por policías y guardias jurados durante las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001 contra el entonces presidente Fernando de la Rúa.

– El 2 de octubre de 2003, Iván Torres, de 24 años, salió de su casa en Comodoro Rivadavia, Chubut, y se fue a una plaza a jugar al fútbol con amigos. Esa tarde dos patrulleros merodearon la zona. A la medianoche lo subieron al móvil nº 469, y desde entonces nunca más se lo vio. Desapareció.

Según testigos, Iván estuvo detenido en la Comisaría 1º de Comodoro Rivadavia y fue golpeado brutalmente e incluso torturado por efectivos del lugar. Lo detenían con frecuencia: “Averiguación de antecedentes”; “contravención”, eran los motivos. En un informe presentado por los abogados de la familia de Iván al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, se detalla un episodio de detención:

“(…) fue llevado por la policía a un lugar alejado de la zona urbana donde le sacaron las zapatillas, la remera, fue golpeado, y le hicieron simulacro de fusilamiento con armas de fuego. Gustavo Cruz, amigo suyo, fue uno de ellos, quien además denunció a la policía por apremios ilegales, y murió en ocasión de un incendio en la vivienda humilde en la que vivía mientras dormía.”

El 9 de enero del mismo año, la mamá de Iván recibió una carta de un testigo que aseguraba haber visto cómo golpearon a Iván, y quiénes fueron. Al otro día remiten la carta a la CIDH solicitando urgente protección al testigo. El 17 de enero, David Hayes -el testigo- fue asesinado en la Alcaldía Policial de Comodoro Rivadavia. Sería el primero de los seis testigos asesinados en circunstancias confusas. Tamara, amiga de Iván y testigo de las reiteradas y arbitrarias detenciones al joven, fue violada por un policía creyendo que era hermana de Iván.

Luego de que la jueza Eva Parcio de Selene sobreseyera en 2007 a quince policías acusados, y en cuya sentencia expresara: “En Argentina, año 2003, democracia, Comodoro Rivadavia, no puede haber desaparición forzada”, la familia y los abogados solicitaron su remoción del caso. Pero la jueza continuó en el cargo. Nunca ordenó la detención preventiva por lo que, al día de hoy, ninguna persona está detenida por la desaparición de Iván. Incluso la misma policía denunciada es la que está investigando el caso.

En diciembre de 2009, la CIDH envió un informe al Estado argentino, haciendo una serie de consideraciones y recomendaciones que debían ser cumplidas en un plazo de dos meses. Pasado ese período, el Estado solicitó dos prórrogas que fueron aceptadas. Pero la Comisión consideró que no hubo “avances sustantivos en el efectivo cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de fondo” por lo que realizó la correspondiente demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, el 18 de abril de 2010, convirtiéndose en un caso testigo de desaparecido en democracia que llega a esa instancia internacional, ya que se evaluará la responsabilidad del Estado en la desaparición de personas, mediante el abuso de poder, sobre todo en grupos de vulnerabilidad social.

– Jorge Julio López, de 77 años, desapareció dos veces.Fue detenido por la dictadura y testigo clave en el juicio contra el policía y represor Miguel Etchecolatz. Fue secuestrado el 18 de octubre de 2006 tras haber testimoniado en el juicio a sus torturadores y desde entonces sigue desaparecido.

– Carlos Fuentealba, profesor en huelga ejecutado en 2007 de un escopetazo por el policía José Darío Poblete.

– En el verano del 2009 Luciano Arruga es detenido y llevado al destacamento policial de Lomas del Mirador, partido bonaerense de La Matanza, y en adelante no se supo más nada de él. Su cuerpo apareció casi seis años más tarde. Tal como Iván Torres, Luciano había sido detenido en ocasiones anteriores, y golpeado brutalmente, en lo que se conoce como “criminalización de la pobreza”. Luciano era un chico de dieciséis años de un barrio pobre.

– Mariano Ferreyra, manifestante caído en 2010 a balazos por una patota del sindicato Unión Ferroviaria. La policía está implicada en la liberación de la zona.

– César Monsalve, de trece años, desapareció de su casa en la ciudad patagónica de Trelew, el lunes 27 de mayo de 2013. Era sobrino de Bruno Rodríguez Monsalve, un testigo clave en el caso donde un joven de dieciséis años denunció que había sido abusado dentro de una de las celdas de la comisaría Segunda de Trelew, el 18 de enero de 2012, que fue asesinado el año pasado.

 

Cierre

La relación desaparición-violencia policial-condición social a la luz de los casos recién mencionados, nos permite recrear la manera en que se ejecutan y desarrollan todos estos actos. De esta manera observamos un pacto de contraprestaciones recíprocas con el poder político, que devela que la policía no trabaja ya para la prevención del delito sino para el control territorial de los barrios más carenciados.

También comprobamos que no se trata de un fenómeno aislado sino de un plan sistemático que funciona a lo largo del país: desde Chubut, en la patagonia argentina, hasta Formosa, al norte, donde asesinaron a representantes de la comunidad indígena Qom en reclamo de sus tierras. La provincia de Buenos Aires -hacia el conurbano bonaerense, compuesto por los barrios aledaños a la Ciudad de Buenos Aires- encabeza la lista de casos, con el 45 por ciento. Luego le siguen las provincias de Santa Fe y Córdoba, ambas en la región centro de la Argentina; y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No es un dato menor que las provincias y distritos a la vanguardia de la represión están gobernadas por el oficialismo y los principales partidos opositores -Daniel Scioli, Antonio Bonfatti, José Manuel De la Sota y Mauricio Macri-, en lo que muestra una política continuista o más agresiva aún de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

Esta es la lista negra de algunas de las víctimas más emblemáticas de la violencia institucional argentina. La crónica del intento por enmascarar y disimular la muerte. Detrás de las cifras hay personas de carne y hueso. Fueron amigas, padres y madres. Personas que amaban y que sentían. Que tuvieron hambre y que pasaron frío. Que jugaban al fútbol. Que estudiaban o trabajaban. Que sabían algo. O que no sabían nada… Y ahora son sólo preguntas. Sus identidades flamean en banderas. Están estampadas en nombres de calles y puentes. En sus propias fatalidades. Son los símbolos de la desidia y la indiferencia convertidos en algo que no logramos entender: en la triste figura del desaparecido.