Dentro de la discusión sobre políticas públicas y proyectos urbanos, es frecuente escuchar argumentos a favor de aquellos mega eventos que sirvieron de catalizadores para cambiarle la cara a cierta ciudad. Las apologías sobre los beneficios que estos eventos traen no son novedosas: tanto los eventos deportivos actuales como las grandes ferias internacionales del siglo pasado son o fueron, de uno u otro modo, complejas estructuras temporales de marketing que favorecen, cual capsula de Petri, un laboratorio donde se experimentan nuevos y más poderosos modelos de reproducción del capital, en velocidades que el hábitat natural urbano no logra suscitar.

El caso de Barcelona 1992 penetra fuerte en todos los debates, mientras que en las escuelas de arquitectura y urbanismo se rememora como la consagración de una estrategia de pensamiento y gestión urbanos exitosa. Barcelona confirmó que una correcta estrategia discursiva podía hacer que una cartera de proyectos limitada rindiera frutos de marketing urbano por décadas o, que a lo menos, todos lo creyeran así.

Londres 2012 se ha convertido en un reciente paradigma que viene a confirmar el éxito inmobiliario de la mercantilización de los evento deportivos. Pero el optimismo inglés con el que se observa la remodelación urbana de áreas decaídas de Stratford en la periferia oriental de Londres, de nada sirve para disimular hoy el crudo conflicto social que dejan a su paso las labores para los Juegos en Rio de Janeiro. A pesar de los desplazamientos forzados, demoliciones de vivienda habitada y conflictos de intereses, Río de Janeiro busca replicar el gran paradigma olímpico que permitió a tantas sedes dar un salto evolutivo en su historia urbana. Parece ser que esos saltos evolutivos suelen darse a veces de modos violentos.

La convulsionada cidade maravilhosa se ha convertido, desde su elección como ciudad olímpica en 2016 y como sede mundialista en 2014, en un tablero de juego donde inversionistas, autoridades y transnacionales no gubernamentales, lanzan sus dados, excitados por la vertiginosidad que trae el evento para el negocio inmobiliario.

Instaurando un estado de excepción [1], los organizadores de olimpiadas y copas del mundo crean leyes y decretos extensivos, capaces de modificar el marco legal y cultural de los países en donde se ejecutan. Así es como el Gobierno de Brasil ha proclamado leyes de exoneración monetaria a la FIFA [2], inmobiliarias, canales de TV, entre otras entidades relacionadas con el evento de 2014, que operen en las ciudades brasileras sedes de encuentros del Mundial de Futbol. Incluso las obras públicas tercerizadas que se construyan para dicho evento han sido liberadas del pago de cualquier impuesto [3]. Asimismo, se ha permitido la promulgación de normativas que restringen las libertades personales dos meses antes y dos meses después de la Copa del Mundo, todo amparado en la  Lei Geral da Copa (vale la pena observar el documental Trademark Twenty Ten, que evidencia las exigencias de la FIFA al gobierno sudafricano en 2010 [4]),

Las contradicciones de la organización de mega eventos inmobiliarios, (temporalmente deportivos) ejecutados en países en vías de desarrollo son trágicas cuando se habla de ciudades tan complejas como Rio de Janeiro. Los conflictos políticos y económicos se mezclan con la violencia de la destrucción –para muchos necesaria –de las estructuras físicas y sociales de las zonas más pobres, obsoletas a los ojos de los inversionistas inmobiliarios y capitales transnacionales.  Las cirugías plásticas, tanto discursivas como físicas, buscan posicionar la ciudad en el vórtice de los flujos de capital internacional. La violenta acción de maquillaje bombardea la identidad misma de la ciudad, aunque esto signifique demoler la vida de miles de cariocas para construir nuevos y atractivos proyectos inmobiliarios.

Cual bombardeo, los eventos deportivos cuatrianuales se convierten en excusas para agresiones internas, en estrategias de liberación, no solo de suelo rentable “ocupado” por habitantes no deseados, sino también de aquellos esquemas en los que la ciudad se ve sumida por su propia historia. “El truco de la eliminación es el reflejo defensivo de cualquier experto”, cita de Lem que inaugura la “Historia Natural de la Destrucción” de Sebald. [5]

Mientras la Prefeitura cuenta con habilidades extensivas para desalojar involuntariamente a los habitantes de las zonas consideradas atractivas para las obras deportivas, los pobladores que sufren de estos “enemigos íntimos” ya se han organizado (Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa, ANCOP) y se han interpuesto denuncias ante la ONU [6] por los desalojos forzados. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el desalojo forzado de los habitantes del Morro da Providência, la favela más antigua de Rio de Janeiro. Allí la Secretaria Municipal de Habitação proyecta la demolición de viviendas para la creación de un mirador teleférico para los turistas que lleguen a la ciudad para la Copa 2014 y las Olimpiadas 2016 – plan que hace parte del proyecto Porto Maravilha [7]-. Las casas construidas en el Morro están siendo compradas de manera forzosa por 400 Reais (USD $200), permitiendo que la demolición y el traslado forzoso de sus moradores avance -el colectivo #Entresembater está documentando el proceso-. Estas contradicciones incluso permiten que un deportista carioca, seleccionado olímpico, sea desalojado junto a su familia, y su vivienda destruida por las exigencias de la transformación de la ciudad.

 

 

Más allá de eso, la Prefeitura acaba de lanzar un juego de mesa, distribuido en escuelas de todo el estado de Rio de Janeiro, que emula el lucrativo negocio de organizar eventos deportivos. Sin vergüenza, el monopoly olimpico, llamado sin pudor “Banco Imobiliário: Cidade Olímpica”, invita a los niños a divertirse comprando el Corcovado, vendiendo la playa de Copacabana y permutando el Pan de Azúcar. Como una trágica comedia, el juego incluso incluye cartas que vienen con el augurio de “Su inmueble fue valorizado con la pacificación de una comunidad vecina. Recibe $75 mil Reais” [7].

Desde la academia, profesores del IPPUR/UFRJ, además de organizaciones de estudiantes de postgrado, han emitido opiniones críticas, que ven el juego como la metáfora de un estado de excepción que ha ignorado los conceptos de Estado, propiedad pública y ciudadanía, incluso violando derechos humanos en pos de una desatada mercantilización urbana. El juego de mesa pasaría así a ser un arma de propaganda, una estrategia de construcción del consentimiento activo de la población para el avance de una política mercantilizadora de la ciudad, basada en la unión de negocios políticos y negocios privados [8].

Lejos de ser un elemento educativo valioso, pero muy cerca de convertirse en arma política de concientización infantil, el juego de mesa  sintetiza la ideología de mercado y materializa burdamente cualquier posible espíritu olímpico de fraternidad y honor. Naturalizando la competitividad por la acumulación de capital, promoviendo la especulación, fomentando ganancias económicas a través de proyectos urbanos, el gobierno de Rio de Janeiro enseña a los niños que el ejercicio de la ciudadanía es un juego de poder ejercido sobre contrincantes. Allí la ciudad es sólo un espacio exclusivamente mercantil, en donde la vivienda digna, la desigualdad y la infraestructura social no hacen girar los dados del mercado [9]