1. Introducción

«Las discriminaciones, yo las veo con todos los colores» [1]. Así hablaba Khaled, un varón de veinte años, en un encuentro de Slam para describir su experiencia diaria de joven racializado como magrebí y viviendo en los suburbios populares y estigmatizados de la región de París. Como para la mayoría de los habitantes de las «banlieues«, Khaled vive una experiencia de relegación (Tissot, 2007; De Rudder, 2002; Lepoutre, 1997; Chamboredon, 1985) urbana entrecruzada con vivencias cotidianas de asignación y de discriminación racial, tanto en los trasportes públicos, las interacciones con la policía como en la escuela (Chauvel, 2012; Van Zanten, 2012; Aubert, Tripier y Vourc’h, 1997) y durante las búsquedas de empleo (Mazouz, 2013; Noël, 2004; Bataille, 1997).

Sin embargo, hasta el final de los años ’90, las cuestiones de las fronteras internas de la sociedad francesa -lo que en inglés se llama «boundaries«- quedó problematizada en Francia en términos de inmigración y de integración de los inmigrantes, a pesar de que ellos eran en la mayoría de los casos ciudadanos franceses por varias generaciones. En otros términos, hasta el final de esta década, solo dos ejes estructuraban las políticas francesas de la alteridad: dentro del país, un proyecto de integración de los inmigrantes y de sus descendientes (Weil, 2006; Brubaker, 1992; Noiriel, 1988), sumado a un control migratorio en las fronteras que obedecía a las necesidades económicas y, sobre todo, a configuraciones ideológicas (Laurens, 2009) [2].

Al final de los años ’90, bajo el impulso de la Unión Europea (Guiraudon, 2004; Calvès, 2002) y en un contexto de ascenso de los partidos de extrema derecha a nivel nacional como a nivel europeo, apareció en el léxico de la acción pública francesa una problematización [3] de las discriminaciones raciales, con el objeto de cualificar este tipo particular de desigualdad social. Así, en el informe del Alto Consejo para la Integración (Haut Conseil à l’Intégration) de 1998, este órgano público de reflexión y de propuesta sobre la política de inmigración subrayaba que una gran cantidad de ciudadanos eran discriminados, y que la raíz del tratamiento desigual que ellos podían padecer residía en bloqueos propios a la sociedad francesa. En otros términos, este informe formuló por primera vez que estas dificultades no podían explicarse por una falta de integración a la sociedad francesa de parte de los que las soportaban, sino que era la sociedad francesa misma -donde ciertas personas estaban siendo percibidas por el color de su piel, por su fenotipo o por su origen presumido- la que imponía los obstáculos.

Sin embargo, desde el principio, el reconocimiento de la existencia de discriminaciones raciales por las autoridades políticas se hizo a través de una aclimatación del tema al contexto republicano francés, que se define como ciego a la raza y sólo reconoce ciudadanos definidos de manera universalista. Por ejemplo, en los varios textos y discursos que introducían una reflexión sobre el tema de las discriminaciones raciales o que definían la política de lucha que se iba a constituir, nunca se hablaba explícitamente de la dimensión racial de este tipo de tratamiento desigual (Haut Conseil à l’Intégration, 1998; Belorgey, 1999). Por el contrario, se prefería el léxico general de la ciudadanía, mientras que la lucha contra las discriminaciones raciales se pensaba no tanto como lo que permitía superar el modelo definido por la política de integración, sino como el medio para lograr esta misma. Además, en vez de poner en marcha una política de justicia hacia las víctimas, los dispositivos estatales se focalizaron más bien sobre la política de adquisición de la ciudadanía francesa, especialmente con la puesta en marcha de ceremonias que celebraban la entrada de los naturalizados en la nacionalidad francesa.

Este texto aborda la manera en que se constituyó la política de lucha contra las discriminaciones raciales a nivel estatal y local en este período. El artículo se basa sobre los análisis de un trabajo de campo que hice entre el año 2004 y el 2009, principalmente en la prefectura y en la municipalidad de una ciudad de los suburbios de París que llamé Doucy para mantener el anonimato de los interlocutores etnográficos.

El trabajo de campo revelaba un aspecto paradójico. En efecto, se había pasado de una situación en que las discriminaciones raciales no eran nombradas, a un estado de profusión de este término dentro del léxico de la acción pública y del discurso político-mediático. Se asistía al mismo tiempo a una multiplicación de dispositivos que expresaban la voluntad de poner en marcha una política de lucha contra las discriminaciones raciales. Resumiendo, lo que no podía ser nombrado hacía una década, era entonces objeto de una vasta política de reconocimiento. No obstante, cuando se examinaba lo que se había hecho, no se podía sino constatar el desajuste existente entre el discurso político y la forma concreta que éste revestía, entre el objetivo de no-discriminación que anunciaban algunos de estos dispositivos y el deterioro de la situación de las víctimas. Así, a medida que se hablaba de lucha contra las discriminaciones raciales (sin que hiciera nada concreto), se reforzaba al mismo tiempo la experiencia de la minoración que viven los habitantes de los suburbios populares de las grandes ciudades francesas que son, en su mayor parte, racializados como magrebí o como negros, lo que a subraya su sentimiento de ser ciudadanos de segunda clase [4].

La forma que adquirían estas políticas públicas podría entonces ser caracterizada de dos maneras. En el caso de la política del Estado, se ha dicho sin hacer, privilegiando un trabajo discursivo de sensibilización de los agentes del Estado respecto de la discriminación. El paradigma de la lucha contra las discriminaciones fue reemplazado en enero de 2005 por el de la igualdad de oportunidades. En el caso de la política de la municipalidad, por el contrario, se ha hecho sin decir, continuando con la utilización del término integración para nombrar la política puesta en marcha, y haciendo énfasis en las ceremonias de naturalización como la parte más positiva de la política de promoción de la integración.

Esta aproximación hacia una sociología de las políticas públicas en materia de lucha contra las discriminaciones era complementada con un análisis de las prácticas cotidianas de los diferentes actores implicados en estos dispositivos. Es entonces interesante ver cómo, en un mismo gesto, la lucha contra las discriminaciones podía ser ligada a la estigmatización, y cómo algunas nociones, como la de asimilación, siguen todavía vigentes, aunque con nuevas formas en la práctica profesional de las personas con quienes trabajé en la prefectura.

En este estudio apuntamos, de manera general, a entender cómo se ha problematizado la integración y la discriminación en Francia en las últimas décadas. Específicamente, buscamos contraponer dos prácticas opuestas, ambas incompletas en su búsqueda de contrarrestar la discriminación, y que funcionan a nivel de dos espacialidades distintas: aquella más abstracta de la nación que engloba múltiples localidades y realidades sociales, y la de un municipio suburbano donde los problemas de la integración social de inmigrantes han impregnado e incluso determinado su existencia desde hace ya varias décadas.

Si bien nos planteamos estudiar la problemática de las políticas de integración y la fortuna de su aplicación en Francia siempre desde la perspectiva del estudio de las instituciones políticas y su funcionamiento, al mismo tiempo fue evidente cómo estas prácticas pueden ser pensadas en términos de su incidencia en las conformaciones espaciales macro y micro de una sociedad. Así, este texto también tantea, aunque sin querer profundizar en el estudio de las políticas urbanas por falta de espacio y experticia disciplinar, la posibilidad de pensar la incidencia de la noción de escala en la organización política y espacial de las sociedades, y sobre todo cuando se trata de sociedades urbanas donde la segregación por factores raciales se ha hecho más evidente en el último tiempo. 

1.1. Trabajo de campo y método de investigación

La elección de Doucy se justifica por dos series de razones. Por una parte, Doucy acogió una gran cantidad de inmigrantes (el 11% de su población tiene nacionalidad extranjera), y su historia está ligada a la de la inmigración en Francia. Doucy también tomó la opción política de acoger a poblaciones originarias de África sub-Sahariana y de Asia sur-oriental en una cantidad más importante que otras ciudades francesas. La manera como se ha constituido su población favoreció la aparición de un tejido asociativo bastante fuerte: la ciudad cuenta con numerosas asociaciones, algunas de ellas trabajando especialmente sobre la cuestión de la diversidad cultural, otras intentando promover la cooperación con los países del Magreb, de África sub-Sahariana y de Asia, y aún otras trabajando sobre los derechos para la población extranjera. La segunda serie de razones se vincula al hecho de que esta ciudad permite un análisis transversal, que conjuga el estudio de los dispositivos de lucha contra las discriminaciones raciales puestos en marchas por el Estado por intermedio de la Prefectura, y de aquellos puestos en marcha por la municipalidad.

El trabajo de campo se llevó a cabo realizando, por una parte, entrevistas con diferentes responsables en la prefectura, con funcionarios elegidos por voto popular y con los responsables administrativos de la municipalidad. Por otro lado pude, a partir de enero de 2005, observar la reunión de lanzamiento de la Comisión por la Igualdad de Oportunidades y la Ciudadanía (Copec) en la Prefectura; las reuniones de los grupos de reflexión de esta Comisión, el coloquio organizado por la Prefectura sobre la igualdad de oportunidades, y también las sesiones de toma de huellas digitales que deben realizar las personas que han recibido la nacionalidad francesa para obtener la cédula de ciudadanía. También, desde octubre de 2004, realicé regularmente una observación de las ceremonias de «naturalización» organizadas por la Prefectura, y también de aquellas realizadas por la municipalidad de Doucy. 

2. La lucha contra las discriminaciones raciales: una política inacabada

Habiendo comenzado mi investigación en octubre de 2004, una gran parte de mi trabajo consistió en una etnografía de una institución desaparecida: la Comisión Departamental de Acceso a la Ciudadanía (Codac), que era el primer dispositivo de lucha contra las discriminaciones raciales puesto en marcha en Francia a finales de la década de 1990 (Fassin, D. 2002), siendo reemplazada en enero de 2005 por la Copec. Esta coyuntura significó para mi trabajo la imposibilidad de realizar observaciones de la Codac. Mi trabajo se fundó básicamente en las entrevistas realizadas con los funcionarios de la Prefectura y con otros responsables administrativos que habían trabajado en la Codac. De igual manera, se basó sobre un balance hecho por estos mismos funcionarios en ocasión del lanzamiento de la Copec.

En el caso de la Codac, mientras se anunciaba con convicción la voluntad política de actuar en contra de las discriminaciones raciales y de poner en marcha una política de reparación hacia las personas víctimas de este tipo de discriminaciones, la actividad de la Codac de este departamento, considerada por el Grupo de Estudio y de Lucha Contra las Discriminaciones como una de las más dinámicas de Francia, se limitó a un trabajo de sensibilización y de movilización de los agentes del Estado frente a estas cuestiones. Este tipo de acción tuvo el mérito de lograr, de parte del Estado, el reconocimiento de la existencia de las discriminaciones raciales, así como de formar los agentes públicos en este sentido. Esto hizo posible la socialización del trabajo de los agentes con el de los militantes asociativos. Sin embargo, lo que se anunció como una política de justicia y de reparación, se convirtió en una política de discusión. De esta manera, la principal dificultad de la Codac fue caracterizar los hechos como actos de discriminación racial en sí, e igualmente difícil fue el poder poner en marcha un procedimiento judicial después que se había presentado una queja de una víctima. Uno de los funcionarios de la Prefectura responsable de la Codac se expresó a propósito de esta situación diciendo: «Nosotros teníamos un lugar para escuchar a las víctimas, pero no teníamos los medios para tramitar sus quejas como acciones jurídicas». Durante la reunión de lanzamiento de la Copec, el Fiscal expresaba esta misma idea, manifestando que «el problema es saber cómo pasar de la apreciación de la discriminación que se percibe en cada caso expuesto, a la caracterización objetiva de los casos» (Fassin, É., 2006).

De esta manera, el balance de la acción de la Codac revelaba el paso de una situación de negación absoluta de las discriminaciones raciales hacia una situación de negación, en el sentido psicoanalítico del término. Es decir, si bien existía en el léxico de la acción pública la voluntad de luchar contra las discriminaciones raciales, la caracterización de los hechos como verdaderos actos de discriminación racial continuaba siendo puesta en duda. En efecto, esta caracterización de los hechos era siempre considerada como una imputación hecha por los otros, retomando de esta manera la fórmula que el psicoanálisis define la negación, y que consiste en afirmar «ustedes van a decir que es discriminación racial, pero de hecho es otra cosa» (Fassin, D., 2006).

Sin embargo, con el paso de la Codac a la Copec, el movimiento de reconocimiento de la existencia de discriminaciones raciales y de la especificidad histórica y antropológica de la experiencia de las personas víctimas de estas discriminaciones, tendía a ser borrado por una forma de esencialización de la discriminación. En efecto, mientras que la Codac se ocupaba solamente de las discriminaciones raciales, la Copec se encarga de todas las formas de discriminación -como la discriminación vinculada al género, a la minusvalía o la orientación sexual. Sin negar la importancia del reconocimiento de otras formas de discriminación, el hecho de mezclarlas todas es revelador de un movimiento de esencialización que considera que la discriminación existe en sí misma, y que puede encarnarse en diferentes objetos sin tomar en consideración las condiciones específicas de producción de cada una de ellas. Además, en un contexto francés resistente al reconocimiento de la cuestión racial, el hecho de que la Copec se hiciera cargo de todos estos tipos de discriminaciones tuvo como consecuencia la ocultación de esta cuestión, y la reducción de la importancia y urgencia de la lucha contra este tipo de desigualdad (Noël, 2008 y 2010; Mazouz, 2014).

Además, la puesta en marcha de la Copec introdujo un nuevo paradigma: la igualdad de oportunidades. Este paradigma significó un cambio en la manera en que el Estado asume las modalidades de su acción en materia de lucha contra las discriminaciones raciales. De hecho, durante las reuniones del grupo de reflexión sobre la ciudadanía de la Copec, nunca se habla directamente de lucha contra las discriminaciones raciales sino de la igualdad de oportunidades. De esta manera, durante la reunión del 26 de enero de 2006, una funcionaria de la Prefectura responsable de este grupo de reflexión, cuando presentaba un proyecto de un folleto sobre los derechos de las personas naturalizadas, se refirió al tema de la siguiente manera: «Antes había una guía llamada ‘Luchar contra las discriminaciones’, ahora tal vez sea mejor alguna cosa sobre la igualdad de oportunidades. Eso le da más valor. Es más positivo que hablar de lucha contra las discriminaciones. No se trata de que las discriminaciones no existan pero es mejor hablar de igualdad de oportunidades para las personas que quieran integrarse».

La cuestión de la elección del léxico se presenta entonces sólo como una cuestión de comunicación, mientras que la elección de los términos establece la manera en que va a ser pensado el problema y cómo va a ser construido políticamente. Desde entonces, escogiendo hablar de igualdad de oportunidades más que de lucha contra las discriminaciones, se elude el problema y se orienta la manera en que se realiza la política de Estado. La manera en que se procedió en estas reuniones -conformándose con recordar cuáles eran los derechos de las personas con relación a una u otra institución, en cada caso- parece sintomática de un cambio de perspectiva con respeto a lo que se realizó en la época de la Codac. En el caso de la Codac se trataba de poner en marcha una política de reparación, intentando otorgarles a las víctimas los mecanismos para interponer las quejas. Al contrario, en la Copec lo que está en juego es la entrega de folletos para las víctimas. Estos folletos pretenden asegurar la igualdad en el acceso a los textos en los que están escritos los derechos de cada uno de los ciudadanos, sin que haya preocupación por otros factores (Ahmed, 2007). Todo lo anterior ocurre también debido al hecho que las quejas deben interponerse frente a la Alta Autoridad de Lucha Contra las Discriminaciones y Para la Igualdad y no frente a la Copec. De esta manera, del lado de la Copec, se elaboran folletos en los que se resumen los derechos de los unos y de los otros, y enseguida cada uno debe arreglárselas y defenderse solo. Sucede un poco como si fuera suficiente, utilizando la imagen de la maratón: poner a todos los participantes en la misma línea de partida para estar seguro de verlos llegar ex æquo sin tener en cuenta el entrenamiento de los concursantes ni el estado de la pista.

Resumiendo, las modalidades de la acción del Estado no habían cambiado con relación a la época de la Codac -se discute más que lo que se hace- pero las políticas estatales parecían haber cambiado el sentido de la política de reparación, buscando ante todo una igualdad de oportunidades y no una igualdad en los resultados.

Del lado de la política de la municipalidad de Doucy, se trataba al contrario de hacer sin decir, o para ser más precisa, de hablar de discriminaciones raciales cuando se organizan coloquios y jornadas de reflexión sobre estas cuestiones, pero nunca nombrando como tales las políticas de reparación llevadas a cabo con grupos que han sufrido un trato desfavorable. Esta situación está ligada al contexto jurídico francés que prohíbe la existencia de políticas que apunten a la división de la nación en grupos diferentes, para los cuales serían creadas políticas específicas (Stavo-Debauge, 2003; Simon, 2003). Sin embargo, los diferentes ejes de la política de la municipalidad se parecen a las políticas de discriminación positiva, en la medida en que una política de discriminación positiva busca la igualdad entre grupos diferentes, y para lograrlo pone en marcha medidas preferenciales a favor de grupos definidos como desfavorecidos, por una u otra razón, haciéndolos objeto de una compensación o de una reparación (Calvès, 2004a).

Considerando que la inserción de los inmigrantes en Francia, históricamente, ha ocurrido mayoritariamente en espacios urbanos, es importante notar que algunas de estas medidas apuntaron justamente a fomentar una integración espacial. Tres ejes de la política llamada «de promoción de la integración» de la ciudad de Doucy consistieron en reequilibrar la situación de algunos grupos precisos, dos de las cuales actuaron precisamente a nivel de legitimar su presencia en el espacio de la ciudad.

En primer lugar, la ciudad acompañó, en el marco de la ley de 1905 de separación entre la Iglesia y el Estado, a la Federación Musulmana de Doucy, sirviendo como fiadora ante la banca y prestando a perpetuidad un terreno en el centro de la ciudad para la construcción de una mezquita [5].

Además, la ciudad llevó a cabo una política de lucha contra las discriminaciones en el acceso a las viviendas de interés social, impidiendo que se hiciera una eliminación ilegítima de los candidatos (Groupe d’Étude et de Lutte contre les Discriminations, 2001). Existió, al mismo tiempo, una acción de apoyo a las familias que necesitaban una vivienda de interés social y que no habían logrado conseguirla, y una acción de control de la manera en que se realizaba la selección por parte de los arrendadores. La municipalidad utilizaba entonces la potestad que tenía sobre algunas viviendas, para reequilibrar la situación de ciertas personas que tenían derecho a acceder a una habitación social, pero que eran eliminados finalmente por los mecanismos de selección que utilizan los arrendadores. Por otra parte, la municipalidad atribuía las pocas viviendas de interés social que tenía a su cargo a familias numerosas. Cada vez que una de las viviendas se liberaba, la municipalidad la atribuía a una de estas familias. El hecho de que la municipalidad dirigiera hacia las familias numerosas la política de vivienda social, le permitía a este organismo retomar una categoría existente en el dispositivo administrativo francés, para determinar de manera subrepticia un grupo de personas que no podía ser definido por su origen. Se trata de crear una categoría suficientemente amplia como para que muchas de las familias que no habían podido acceder a una vivienda lograran ser parte de la población beneficiaria de la política de la municipalidad, todo esto al mismo tiempo en que se evitaba la utilización de una categoría racializada (Calvès, 2004).

Una última práctica que pudimos estudiar fue cómo la ciudad de Doucy trabajaba en coordinación con algunas instituciones de ayuda a la reinserción laboral, poniendo en marcha también un dispositivo que anula la competencia entre los candidatos a un puesto. De la misma manera que el caso de las viviendas, las personas que acuden a este programa no eran definidas racialmente pues el programa estaba dirigido a jóvenes de menos de 26 años que se encontraban sin empleo y sin calificación. Al utilizar estos criterios, la política se dirigía entonces específicamente a los jóvenes que pueden ser víctimas de discriminaciones raciales al momento de buscar un empleo. De esta manera la opción fue la de utilizar criterios sociales y no raciales, para definir a las poblaciones beneficiarias de programas públicos, aunque se sabía que estas poblaciones eran también víctimas de discriminaciones raciales. En este sentido, la municipalidad puso en marcha políticas de reparación para las personas víctimas de discriminaciones raciales, sin anunciar el objetivo antidiscriminatorio de sus políticas [6].

Entonces, mientras que los dispositivos estatales decían sin hacer, la política puesta en marcha a nivel más local hacía sin decir. Sin embargo, a este reconocimiento incompleto se añadía también una dimensión paradójica. En efecto, la problematización del tema de las discriminaciones raciales debía introducir un cambio en la manera en que se concebía la cuestión de la alteridad en Francia, y permitir que la cuestión de la integración de los inmigrantes se superara para poder pensar los procesos de desigualdad que excluían a ciudadanos franceses por el tipo de racialización que soportaban [7]. Pero lo que se podía observar era que la emergencia de una cuestión de las discriminaciones raciales se acompañó de una focalización muy fuerte sobre el tema de la ciudadanía y de la nacionalidad francesa, sobre todo a través de la puesta en práctica de ceremonias de naturalización para los nuevos ciudadanos franceses. 

3. Ciudadanos franceses, sí (pero de menor valor)

Puestas en marcha desde el año 2000 en la Prefectura y organizadas por la municipalidad de Doucy desde diciembre de 2003 según diferentes modalidades, las ceremonias de naturalización eran consideradas como la parte más positiva de la política de promoción de la integración. Las dos formas de ceremonias tenían un hilo común tejido alrededor de lo que se podría denominar una forma particular de incorporación de la cultura francesa y de los principios de la República, específicamente por la proyección de una película -que presentaba de manera resumida las grandes etapas de la historia de Francia. Sin embargo, los discursos pronunciados de una parte por el prefecto o uno de los vice-prefectos, y por otra parte por el alcalde, presentaron diferencias en la manera de instruir este rito republicano. Se trata de un esquema clásico entre la lógica del Estado que presenta de manera solemne la grandeza de la República generosa, y la lógica de los ediles locales que se muestran más dispuestos a favorecer la cercanía y la recepción cálida.

En efecto, a pesar de que en las primeras ceremonias el discurso del alcalde presentaba la naturalización como deficiente con respecto a la nacionalidad de origen y nunca hacia alusión al asunto de la escogencia de volverse francés como un acto voluntario -dejando suponer un cierto conocimiento de los modos de funcionamiento de la sociedad de la que se ha elegido formar parte- las ceremonias en la municipalidad se centraban en la bienvenida a los nuevos naturalizados (Bibler Coutin, 2003) [8]. Les recordaban sus nuevos derechos, especialmente el derecho a votar, que habían adquirido con la nacionalidad francesa. La ciudad les ofrecía una recepción más cálida: las personas naturalizadas recibían, al mismo tiempo, los decretos de naturalización, sus documentos franceses y regalos para ellos y sus hijos. La ciudad también organizaba un cóctel al final de cada ceremonia.

En cambio, los discursos pronunciados en la Prefectura privilegiaban el hecho de que la naturalización es un acto soberano y discrecional del Estado, refiriéndose explícitamente al sentido jurídico de la naturalización y utilizando las nociones de favor y de mérito. La naturalización era en efecto concebida como un favor que acordaba el Estado a los extranjeros con mayor mérito, aceptando adoptarlos (Spire, 2005; Mazouz, 2012). Los discursos pronunciados en la Prefectura recordaban también el esfuerzo que estos nuevos naturalizados deben realizar para convertirse en verdaderos franceses. Todo lo anterior le da a estas ceremonias un carácter paradójico: al mismo tiempo que se celebraba la entrada a la ciudadanía francesa y su integración, se ponía en duda dicha integración y se sometía a prueba la capacidad de estas personas para apropiarse de los principios de la República (Fassin y Mazouz, 2007; Mazouz, 2008). Retomando la expresión de Sayad (1994), las ceremonias en la Prefectura hacían aparecer el hecho de que la naturalización producía naturalizados y no naturales, es decir que la categoría del naturalizado se pensaba en situación inacabada con respecto al natural del país. Entonces la decisión de volverse francés no era nunca presentada en los discursos oficiales como el signo de una fuerte adhesión a la sociedad. Tampoco se presentaba en algún momento la elección de volverse francés ligada al hecho que las personas ya se sentían ciudadanas del país en donde vivían.

Estos discursos entonces hablaban de integración mientras que se referían de hecho a la noción de asimilación, es decir, que los extranjeros debían borrar todos los elementos de su cultura de origen para poder volverse franceses -sin que pudieran nunca ser como los que nacieron franceses. Esa utilización implícita de la asimilación se podía también observar en las prácticas de algunos funcionarios prefectorales que se hacían cargo de las solicitudes de nacionalidad francesa.

Por ejemplo, el conocimiento de la lengua francesa se concibe como el único criterio explícito que supuestamente puede permitir la evaluación de la asimilación del candidato a naturalizar. Una de las etapas de la solicitud de naturalización consiste, de hecho, en una entrevista realizada con un funcionario de la Prefectura, en la que se evalúa el nivel de conocimiento de la lengua francesa que tiene el candidato, con respecto a su nivel social y a sus competencias. El agente de la Prefectura establece un proceso verbal de asimilación de la lengua francesa que adjunta al expediente del candidato. Este proceso verbal condiciona en parte la obtención de la nacionalidad francesa [9].

Lo que se puede subrayar es que estos comentarios sobre el buen conocimiento de la lengua francesa no solamente superaban el marco de la entrevista de asimilación, sino que ante todo estos comentarios se dirigían hacia las personas que se han vuelto francesas y para quienes la evaluación ya se había realizado.

Después de la sesión de toma de huellas digitales del 6 de febrero de 2006, un señor expresó temor frente al hecho de tener que llenar un formulario para obtener su cédula de ciudadanía. La funcionaria le contestó: «Señor, usted solicitó la nacionalidad francesa. Usted debería saber escribir aunque sea su nombre y su apellido». En otro momento en esta misma sesión, una pareja habló en árabe (la mujer le dijo a su esposo que él había olvidado uno de los papeles solicitados), y la reacción inmediata de la misma funcionaria fue: «¡Ah! ¡Si usted le dice eso así, yo no le entiendo nada! (volviéndose hacia las otras personas presentes). ¡No se pueden hablar todas las lenguas de la tierra!». Finalmente, en esta misma sesión de toma de huellas, ella le explicó algo a una señora haciendo gestos con las manos, bastante marcados, y hablando fuertemente. Como la señora parecía no entender nada, esta funcionaria repitió la misma frase hablando más fuertemente, como se puede ver en el servicio de la Prefectura para extranjeros, en donde, entre otros trámites, se renuevan los permisos de estadía en Francia. En este sentido, los funcionarios de la Prefectura conservaban, con los nuevos naturalizados en el momento de llenar el formulario para obtener la cédula de ciudadanía, la misma manera de actuar que tienen con los extranjeros que se supone que no hablan bien el francés.

Además, al final de una de las ceremonias de naturalización, una pareja de origen indio o paquistaní pidió información para recuperar los documentos originales que había entregado con el expediente de solicitud de la naturalización. La primera funcionaria a quien se dirigieron los despachó sin responderles. Entonces, ellos se dirigieron a otra. En ese momento, la mujer habló en su lengua y su esposo tradujo. Después de un momento, la funcionaria dijo: «¿Señora, usted está naturalizada?». Respuesta afirmativa de la señora. En ese momento, ella reaccionó diciendo: «¿Ah sí? ¡Pues no lo parece!», y en coro, las otras funcionarias presentes comentaron: «No, debemos estar soñando, yo me pregunto cómo hizo para tener el proceso verbal de asimilación», y la primera concluyó: «Yo no entiendo cómo ustedes pueden vivir en un país sin hablar la lengua del país».

Todo esto tiende a mostrar que los naturalizados y las naturalizadas no ameritan suficientemente ser franceses y francesas, y que estas personas deben todavía hacer muchos esfuerzos. También cabe subrayar que este tipo de comentarios dan la impresión, a los naturalizados, que la decisión de la naturalización puede ser revertida. Algunos naturalizados creen esto porque lo escucharon durante la entrevista de asimilación o porque integraron un sentimiento de ilegitimidad muy fuerte.

Desde la publicación del informe sobre las ceremonias de naturalización en abril de 2006, Catherine Vautrin, ministra delegada para la Cohesión Social y para la Equidad, precisó que se debía consagrar un lugar especial a la organización de estas ceremonias y en los discursos pronunciados durante su celebración, y al asunto de la equidad entre hombres y mujeres. Antes de este comentario presentado por la ministra, yo había notado varias veces, durante la celebración de estas ceremonias organizadas en la Prefectura de Doucy, que el discurso del prefecto y de los vice-prefectos limitaban la noción de igualdad -noción presente en el lema de la República francesa- solamente a la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres.

El discurso de la ministra parece confirmar una práctica y manifestar un asunto que está instalado en la comunidad europea desde hace tiempo, como lo muestra el uso de la noción de democracia sexual en Holanda y Alemania dentro de su manera de construir sus políticas migratorias y de seleccionar a los inmigrantes [10]. En todo caso, las observaciones hechas durante el trabajo de campo dan la impresión de que el hecho de respetar el principio de equidad entre los hombre y las mujeres se volverá uno de los criterios de evaluación de la buena asimilación.

Así, después de que un señor de origen argelino se presenta en la sesión de toma de huellas digitales con su convocación y con la de su esposa, la funcionaria le pregunta dónde está su esposa. Él le responde que se quedó en casa cuidando su bebé, que tiene apenas algunos meses de edad. La funcionaria se molesta inmediatamente y le dice: «¡Es realmente necesario que su esposa firme! ¡Usted no va a firmar en su lugar! ¡Tiene que ir a buscarla inmediatamente!» El hombre se va y, cuando regresa con su esposa y su bebé, la misma funcionaria exclama: «¡Ah! ¡La señora está acá, es un milagro!»

El sentido dado a estos comentarios se funda ante todo sobre una percepción personal. Tuve la impresión que en su fuerte enojo y en su respuesta final, había una duda sobre las razones que le dio el señor para explicar por qué había ido sin su esposa. Tuve la impresión de que ella le decía: «Si ustedes en su cultura consideran a sus mujeres como menores de edad eternamente, sepan que en Francia las cosas nos son así». Y ese tipo de reacción no tiene lugar sino cuando los nuevos naturalizados son identificados como personas originarias de un país musulmán. 

 

4. Conclusiones

La cuestión de las discriminaciones raciales apareció tardíamente en el léxico de la acción pública francesa. Cuando ella parecía hacer el objeto de un vasto consenso político mediático, la situación de las víctimas no se mejoraba realmente. Así la noción de discriminaciones se había vuelto una idea que se utilizaba en todos los casos indistintamente, sin tomar el tiempo de estudiar las particularidades de la experiencia de la asignación racial y las formas específicas de producción de las discriminaciones raciales. En este sentido, la continuación del trabajo de campo mostró cómo el debate se saturó sin que hubiera realmente lugar para pensar la experiencia de las victimas y su legitimidad a ser víctimas en el marco de una visión reductora del proyecto republicano francés.

Analizando la situación de violencia extrema que caracterizaba Colombia en los años 1980, el antropólogo estadounidense Michael Taussig tematizó la noción de secreto público («public secret«) como lo que es un saber de todos sin poder ser reconocido. En el caso colombiano, eso designaba la manera en que el conflicto civil imponía el silencio para poder reconocer la violencia que este producía. Así describía Taussig cómo muchas personas encontradas durante su trabajo de campo utilizaban un silencio proverbial para referirse a la situación de violencia que soportaban cotidianamente. A partir de estos análisis y basándose sobre las filosofías de Hegel y de Nietzsche, el antropólogo estadounidense dio a la noción de secreto público un sentido más amplio. Si el secreto público queda al mismo tiempo callado y obviado, y más, si él es tanto más ocultado cuanto parece evidente, el secreto basa su fortaleza en el hecho de que su reconocimiento supone al mismo tiempo su negación e imposición. Nada se puede decir de lo que sin embargo sabemos. El secreto público va aumentando y tiene un impacto más grande (Taussig, 1999).

Cierto, los fenómenos que este texto examina pertenecen a un marco político y social diferente de lo que Taussig analizó. Pero, de manera análoga, ellos ponen en tensión el dicho y el no-dicho de la racialización en el contexto francés, que se define como ciego a la raza. De hecho, el reconocimiento de la cuestión racial quedó inacabado en Francia mientras que las dos configuraciones –hacer sin decir, decir sin hacer– de las políticas de luchas contra las discriminaciones raciales mostraron cómo el hecho de que la cuestión subiera a la superficie, se volvió a su vez en la condición de su entierro. Así funciona el secreto público: es lo que todos sabemos sin poder afirmarlo y, a la vez, lo que, siendo evidente, necesita no obstante ser reconocido. Por esta razón, la manera en que se utiliza en Francia la colorblindness da a los procesos de racialización el estatuto de secreto público, pues el hecho de creer que la exigencia de colorblindness está ya realizada otorga a los demás el derecho a ocultar los procesos de racialización que estructuran la sociedad. Así, esta exigencia no se expresa tanto en el hecho de no tomar en cuenta la raza, sino que en el hecho de no atender a las formas de asignación racial y de minoración que soportan algunos de sus miembros. También esta configuración permite que los discursos racializantes se multipliquen en la vida cotidiana, como por ejemplo en las palabras de algunos políticos o intelectuales [11], dejando a las víctimas sin posibilidad de reaccionar a su posición subalterna de otra manera que por medio de la violencia.