El estadio Maracaná, símbolo urbano de Rio de Janeiro y escenario de las principales alegrías y frustraciones deportivas de la ciudad, recientemente se ha transformado en el espacio donde las contradicciones asociadas a la realización de mega-eventos deportivos [1] –en este caso, un mundial de fútbol y las Olimpiadas- se han vuelto más palpables.

La propuesta, tanto del gobierno del Estado de Rio de Janeiro como de la municipalidad – ambos en manos del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), miembro de la coalición de gobierno federal- de demoler una serie de edificaciones públicas para construir un shopping y estacionamientos privados, ha puesto en entredicho el legado del Mundial para la ciudad.

Originalmente la propuesta de los gobiernos locales [2] era la construcción de un Parque de 85.500 m2 que integraba todas las construcciones del Complejo Maracá junto con la Quinta Boa Vista – antigua residencia del Emperador de Brasil-, proyecto que, además de representar una herencia verde significativa para la ciudad, no implicaba el millonario costo de demoler y reconstruir las instalaciones de carácter público en cuestión.

Efectivamente, la propuesta actual del Estado de Rio de Janeiro privilegia una serie de proyectos comerciales privados, que implican derribar el Museo del Indio (edificio construido en 1865), la escuela municipal Friedenreich (considerada de excelencia), el Complejo de Laboratorios del Maracaná (dependiente del Ministerio de Agricultura y referencia nacional para la fiscalización alimentaria), así como el Estadio de Atletismo Célio de Barros y el Parque Acuático Julio Delamare. De todos los predios amenazados, el que ha logrado más alcance público es el Museo del Indio, no sólo por el valor patrimonial del edificio, sino, sobre todo, porque el Museo abriga a una serie de familias indígenas, la mayor parte de la etnia Maracaná. El conflicto ha movilizado a UNESCO [3], sectores del poder público (parlamentarios y miembros del poder judicial), y ha articulado a diversos actores sociales en lo que se ha denominado como el movimiento “O Maraca é nosso” [Maracaná es nuestro].

Esta agrupación reúne no sólo a los indígenas que habitan el museo, sino también a los miembros y simpatizantes del Comité Popular de la Copa [4], deportistas (que perderían sus lugares de entrenamiento), apoderados de la escuela amenazada y militantes. Quizá el momento más tenso de la trayectoria de este movimiento fue cuando, en Enero de este año, cuarenta soldados del Batallón de Choque de la Policía Militar del Estado de Rio de Janeiro, cercaron [5] el Museo para apoyar un eventual despojo del mismo. Esto generó muestras inmediatas de apoyo y solidaridad con los indígenas, incluso entre los trabajadores [6] de las empresas constructoras responsables de la reforma al Estadio.

Este momento crítico permitió que se visibilizaran una serie de cuestionamientos a la herencia de los Mega-Eventos en la ciudad, los que hasta ese momento habían sido eclipsados y silenciados por la euforia acrítica que normalmente acompaña la adjudicación de ese tipo de eventos deportivos. Uno de los principales porta-voces de estos cuestionamientos, el diputado Estadual Marcelo Freixo (PSOL), en un artículo titulado “Maracaná para la Elite” [7], recordó que la propuesta de reforma del Estadio implicaba echar abajo el dudoso legado de Mega-Eventos anteriores: “en 1999, el poder público gastó R$ 106 millones reformando el Maracaná para el Mundial Interclubes de la FIFA. De 2003 a 2007, se gastaron más de R$ 97 millones en reformas en el Maracanãzinho [Gimnasio localizado al lado del Maracaná]. Ya en 2006, el Parque Acuático Júlio Delamare fue reformado costando R$ 10 millones. En esa ocasión, el Maracaná fue nuevamente reformado para los Juegos Panamericanos de 2007. La previsión inicial era de R$ 67 millones. Al final, la obra costó R$ 304 millones”.

La actual reforma, que echó abajo el Maracaná, con todas las inversiones mencionadas anteriormente, tenía una previsión de costo de R$ 469 millones, hoy el costo esperado es casi el doble (R$ 859,9 millones), aunque hay quienes creen que llegará a un billón de reales. Además, la entrega de la obra ha sido ya postergada tres veces e incluso se han gastado dineros que deberían haber sido destinados a la disminución del déficit de Alcantarillado Básico existente en la ciudad. Paradójicamente, el llamado público [8] de concesión del Maracaná establece que, después de todos esos gastos provenientes principalmente de las arcas federales, el Estadio será privatizado. Según la propuesta del gobierno estadual, la expectativa es recuperar apenas 15% del valor público invertido después de 35 años.

A todas luces, la operación parece un mal negocio para el sector público y para la ciudad. Sin embargo, los cuestionamientos no se quedan sólo ahí; el propio llamado público ha sido puesto en entredicho [9], pues la empresa IMX Holding AS que realizó los estudios de viabilidad de la propuesta es la única que está compitiendo para conseguir la concesión. Esta empresa pertenece al empresario Eike Batista, quien ya ha sido favorecido en otras concesiones por el poder público local.

Para el escritor Ruy Castro [10], autor de una extraordinaria biografía de Garrincha, la demolición que se pretende realizar del Estadio de Atletismo Célio de Barros y del Parque Acuático Delamare con el fin de construir estacionamientos carece de sentido, además de representar un nuevo atropello al deporte en beneficio del más egoísta de los medios de transporte. Para Castro, el emplazamiento central del estadio, en la intersección de populosos barrios de la zona norte -São Cristóvão, Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, Benfica, Estácio, Riachuelo, Andaraí, Rio Comprido-, permitía que buena parte de los hinchas pudieran llegar y volver caminando a los partidos. Para el resto de los cariocas, la existencia de una estación de Metro, de Tren, así como una buena cantidad de buses colectivos y taxis hacían completamente innecesario el uso del automóvil privado. Con ello, se estaría implementando un modelo de espectáculo futbolístico que desvirtuaría la propia lógica del fútbol carioca. Ruy Castro ironiza: “Para la FIFA, el nuevo frecuentador del Maracaná, después de estacionar su Cooper o Jaguar, hará compras en los shoppings del estadio, se acomodará en un bello palco, discutirá Kant con los invitados de la CBF y, de vez en cuando, dará alguna espiada en el partido por el ventanal que lo separa de los verdaderos hinchas”.

Más allá de la crítica anterior, lo que está en juego no es únicamente la propiedad (público/privada) del Maracaná, sino, más bien, pareciera ser que la propia ciudad es lo que está en disputa, o específicamente, la definición que el poder público y la sociedad civil hacen de ella. Y es que las diversas obras realizadas en el marco de la preparación de la ciudad para recibir los dos mega-eventos, se han traducido, en buena medida, en una reactualización de los procesos de higienización urbana de comienzos del siglo XX, pues han sido removidos y expulsados de sus casas una gran cantidad de familias pobres de aquellos lugares donde se pretenden concentrar las inversiones [11]. Casas que un día aparecen marcadas con pintura por la municipalidad, en corto tiempo son demolidas, prácticamente sin aviso a sus habitantes, los que se han debido conformar con aceptar una indemnización irrisoria y emprender una travesía hacia regiones más alejadas y menos valorizadas de la ciudad. Tal como ocurrió, incluso, con la familia de una de las promesas locales del Vóley Playa, Ravel Mendonça [12] quien, tras participar de un evento de preparación para las Olimpiadas, encontró su barrio convertido en escombros.

“Río tiende a transformarse en una ciudad muy buena para quien puede pagar, pero será cruel con los más pobres”, señaló hace pocos días el escritor Suketu Mehta en un seminario sobre Reforma Urbana en la “ciudad maravillosa” [13], refiriéndose a los galopantes procesos de gentrificación y especulación inmobiliaria que vive la ciudad en la antesala de los mega-eventos. Eventos que podrían ser la oportunidad para repensar una ciudad más democrática e inclusiva, terminan convirtiéndose, más bien, en el escenario favorable para que una serie de intereses particulares impongan su visión de ciudad, la que está moldeada por la ganancia (también privada) que estos eventos puedan ofrecer.

Las diferentes medidas promovidas por el sector público para favorecer intereses privados han generado una fuerte reacción en la ciudadanía, la que ha comenzado a cuestionar sistemáticamente el limitado alcance público de las mismas. Así, cuando afirman que el Maracaná es de ellos, de la ciudadanía, al mismo tiempo aseveran que la ciudad también lo es. Paradojalmente, medidas como la privatización del Estadio Maracaná van dejando como herencia inesperada una sociedad civil que crecientemente genera su propia definición de ciudad y que busca la forma de defender su derecho a ella.