1. La emergencia de lugares de memoria pública de la violencia política en las ciudades contemporáneas

Diversas ciudades del mundo han visto emerger en décadas recientes la construcción de monumentos conmemorativos, museos, parques y espacios de memoria en ex-centros de detención, donde el recuerdo de personas y hechos de violencia vinculados a dictaduras militares y totalitarismos toma un lugar destacado (Bonder, 2009; Foothe y Azaryahu, 2007; Huyssen 2003). Este fenómeno también se ha presentado en el Cono Sur de América Latina en referencia al último ciclo de dictaduras en la región (Schindel, 2012; Jelin, 2002).

Desde un punto de vista general, este giro conmemorativo ha sido interpretado de diversas maneras. Por un lado, como parte de una tendencia por forjar anclajes espacio-temporales de experiencias constitutivas de identidades colectivas. Como se sabe, la figura del anclaje cobra particular importancia en tiempos de gran incertidumbre y débiles imaginarios de futuro (Huyssen, 2003). Por otro lado, autores como Misztal (2004) han argumentado que este auge alimenta un nuevo paradigma interpretativo de la realidad social y política que posiciona a la víctima en la condición de sujeto histórico central. En tercer lugar, y vinculado con lo anterior, es el hecho de que los mismos monumentos y memoriales son resultado de las demandas por reparación simbólica de los grupos de víctimas, a la salida de una dictadura o de un período de gran violencia interna. Tributario en distintos grados de estas tres interpretaciones, este artículo propone una lectura a la realidad santiaguina sobre la memoria pública de la violencia política ocurrida entre 1970 y 1991 en el país. La figura de los espejos negros es evocativa de los lentes de Claude, aquellos espejos de bolsillo utilizados en los siglos XVII y XVIII para mirar un paisaje desde una perspectiva diferente. Precisamente, el artículo explora una aproximación diferente a la usualmente utilizada para estudiar los procesos de memorialización de un periodo post-autoritario.

En lo que concierne al espacio de análisis, Santiago es una metrópolis que cuenta con una superficie de entre 55 mil y 60 mil hectáreas, según las distintas fuentes que se consulte. Su población se estima en alrededor de 6 millones de habitantes, constituyéndose en la séptima entidad más habitada de América Latina. Desde la década del sesenta, diversos autores han resaltado la alta segregación residencial de su espacio urbano (Sabatini et al., 2012; Sabatini y Brain, 2008), aunque el debate sobre su intensidad, significancia simbólica y efectos en la integración social está aún abierto (Sabatini et al., 2008; Márquez y Pérez, 2008). Aunque el foco de este artículo no es la segregación urbana ni la fragmentación socio-espacial asociada, se argumentará que la distribución de las memorializaciones guarda relación con la estructura residencial de sus habitantes según niveles socio-económicos.

 

2. El boom de memoria en Santiago de Chile

La conmemoración de tragedias colectivas por medio de marcas físicas durables en el espacio público es un fenómeno de larga data en América Latina, y también en Chile. Con seguridad, se trata de una práctica especialmente importante para los Estados-nación. Precisamente, la tradición monumental de carácter estatal-nacional, diseñada para conmemorar a quienes triunfan o sucumben en guerras y catástrofes, tiene manifestaciones en el Chile independiente desde el siglo XIX. Ella se ha expresado, en general, a través de la instalación de estatuas y monumentos inspirados en una narrativa celebratoria de las gestas heroicas de los padres fundadores y grandes personajes de la política. Desde un punto de vista espacial, la estatuaria pública que honra a héroes bélicos nacionales y extranjeros se ha distribuido en parques, plazas, alamedas y en diverso tipo de arterias urbanas. En cuanto a los recursos plásticos predominantes, las esculturas adoptaron un sello representativo, muchas veces bajo la forma de sobre-relieves, obeliscos y arcos. Lo que cambiará con la memorialización reciente de la violencia política, es que durante un extenso periodo quienes morían en las guerras y conflictos eran retratados mayoritariamente como mártires antes que como víctimas (Voionmaa, 2004). Efectivamente, la producción monumental local experimentó un punto de inflexión cuando, en 1971, se realizó una obra de arte público, de carácter estatal, en homenaje al recién asesinado Comandante en Jefe del Ejército René Schneider. Tal y como apunta Voionmaa, la concepción y erección del monumento significó un giro plástico pero también simbólico. Lo que en su oportunidad fue algo singular, hoy se ha convertido en la norma para los monumentos, memoriales y sitios de memoria presentes en ex-centros de detención y museos, la enorme mayoría inaugurados una vez finalizado el régimen autoritario en 1990.

Salvo excepciones, durante la dictadura hubo fuertes restricciones a la expresión pública del dolor y trauma causado por el terrorismo de Estado (Stern, 2006). En primer lugar, la dramática realidad de la práctica de desaparición forzada de personas canceló la posibilidad de realizar el rito mortuorio. En segundo lugar, las circunstancias represivas que afligían a parte de la población ponían en peligro a quienes osaban manifestarse públicamente por estas muertes (Tocornal, 2000). Pese al miedo imperante en aquella época, sobresalieron algunas manifestaciones públicas protagonizadas por militantes de formaciones proscritas, religiosos, activistas de derechos humanos y artistas (Millán y Cáceres, 2011; Brugnoli, 2012; Stern 2006; Vidal 2002; Richard, 1987). Sin pretender exhaustividad, se destacaron una variedad de acciones como la exposición y posterior detención del artista Guillermo Núñez en 1975, huelgas de hambre de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) a partir de 1977, la realización del Simposium Internacional de Derechos Humanos en 1978, el encadenamiento de integrantes de la AFDD en el ex-Congreso Nacional en 1979, las perfomances de Elías Adasme en 1979 y la intervención artística con cruces de la artista Lotty Rosenfeld. En algunas de estas acciones, la oposición a la dictadura reunía, en un diálogo tenso pero creativo, una estética de matriz secular con otra de sello religioso (Cáceres, 2012).

Las protestas anti-dictatoriales, que incluyeron la creación del Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo (1983-1990), resignificaron el espacio público, ensanchando sus usos. La primavera del ’83 incluyó marchas, ocupaciones, concentraciones y paralizaciones que desafiaron a la dictadura. A los rayados y murales se sumaron animitas a los caídos por la represión y pintadas en casas donde agencias estatales practicaron la tortura y el asesinato de manera clandestina.

Junto con el fin de la dictadura, en las décadas de 1990 y 2000, un conjunto diverso de organizaciones sociales llevaron adelante procesos de memorialización en homenaje a las víctimas de la dictadura mediante la instalación de inscripciones en el espacio público (Aguilera y Cáceres, 2012; FLACSO, 2007). En un proceso que contó muchas veces con apoyo del Estado, pero en el que primó más bien una relación conflictiva entre ambos, se erigieron memoriales en las capitales provinciales, en lugares en que fueron asesinadas o encontradas muertas las víctimas de la represión, y en poblaciones y cementerios. Se recuperaron también ex-centros de detención de la dictadura para convertirlos en espacios de memoria, y se instalaron placas conmemorativas en algunas fachadas de edificios públicos. El Estado, por su parte, creó un homenaje oficial a las víctimas durante el primer gobierno post-dictatorial, el Memorial al Detenido Desaparecido y Ejecutado Político en el Cementerio General. El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) fue mucho menos receptivo a las demandas de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, y luego de un largo conflicto, el Estado expropió el predio en que estuvo instalado el principal centro de represión de la DINA, Villa Grimaldi, y facilitó su conversión en un parque público (1994-1997). Luego, el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) realizó una serie de actos conmemorativos, entre ellos la inauguración de una estatua de Salvador Allende en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Presidencial de La Moneda, y la apertura de la puerta de Morandé 80 a un costado del Palacio, acceso emblemático por el cual fue sacado el cuerpo sin vida del ex-presidente Salvador Allende (y que fue eliminada durante la dictadura). Será la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010) quien le pondrá un acento aún mayor a la memorialización estatal, con la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, inaugurado en 2010, y a través de un aumento del apoyo financiero a diversas iniciativas de la sociedad civil.

Es importante destacar que los procesos de memorialización no han sido homogéneos ni lineales. Por un lado se pueden distinguir las acciones destinadas a estatizar inmuebles que fueron usados por las agencias represivas de la dictadura, la DINA y el Comando Conjunto, y su transformación en centros de conmemoración y de divulgación de los hechos ocurridos en el lugar: Villa Grimaldi (1994), Nido 20 (2009), Londres 38 (2010) y José Domingo Cañas (2010). La mayoría de estos casos eran conocidos desde el inicio de la dictadura gracias a las denuncias de quienes lograban salir con vida y que luego eran tempranamente divulgadas por las organizaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica y los partidos de izquierda, tanto al interior del país como en el extranjero. Una vez terminada la dictadura, agrupaciones de vecinos, junto con organizaciones de ex-presos políticos y familiares de detenidos desaparecidos, se propusieron recuperar algunos de estos recintos. Este proceso involucró la reconstrucción de la historia represiva del lugar, posible en gran medida gracias a los testimonios de los sobrevivientes, y a establecer quiénes fueron hechos desaparecer o ejecutados en ese lugar -listados que se han ido ampliando y cambiando a medida que la investigación judicial ha avanzado y las Comisiones de Verdad han emitido sus informes.

Por otra parte, se desplegaron también procesos de memorialización pública en poblaciones y barrios populares de la capital: estatuas y monolitos instalados al interior de los vecindarios, en calles, pasajes y plazas locales, que generalmente cuentan con una placa que lista a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la localidad. La construcción de estas nóminas ha sido un gran desafío para sus promotores y ha significado en sí mismo un proceso de memoria local sobre la violencia política en el territorio. En la mayoría de los casos han sido iniciativas de las organizaciones locales de derechos humanos y de memoria, como son los memoriales localizados en las poblaciones La Legua, La Victoria y Lo Hermida, entre otras. En algunos casos, estos memoriales han contado con un decidido apoyo del gobierno central o local: Lo Prado, Maipú, Huechuraba y el memorial de Villa Francia en Avenida 5 de Abril.

Es distintivo de estos últimos procesos no sólo la lógica espacial de memorialización de marcar un territorio y no un lugar en particular, sino también la forma específica de violencia representada por estas muertes. En los sitios de memoria en ex-centros de detención se hace un homenaje principalmente a quienes fueron víctimas de la práctica de desaparición forzada de personas, entre 1973 y 1978, por parte de la DINA y el Comando Conjunto; personas que en su gran mayoría tenían militancia política. En cambio, en poblaciones como La Legua, los muertos corresponden en su mayoría a víctimas de allanamientos, a acciones armadas por parte de militares, carabineros y agentes del Estado entre el 11 de septiembre y fines del año 1973, y a los enfrentamientos armados que se dieron con ocasión de la resistencia al Golpe Militar en el lugar [1]. Se trata, sobre todo, de personas que no tenían militancia política (alrededor del 74%) [2]. Ambas memorias, sin embargo, están estrechamente vinculadas, puesto que en La Legua también se realizaron operativos de la DINA para detener, ejecutar y hacer desaparecer a militantes políticos, los que fueron llevados a los recintos de Londres, 38, Tejas Verdes y Villa Grimaldi, entre otros.

En este caso, se trata por tanto de una memoria material que se remonta a la experiencia represiva de las llamadas «poblaciones emblemáticas», en las que también se articuló una temprana resistencia a la dictadura. Las primeras huellas de esta memoria que sobreviven en la ciudad la constituyen animitas (pequeñas grutas instaladas en el sitio de muerte), así como murales evocativos tanto de la violencia política del terrorismo de Estado como de las prácticas de resistencia política y cultural (Piper y Hevia, 2013; Alcatruz, 2011; López y Aguayo, 2003). Como ha mostrado el estudio sobre Villa Francia de Raposo (2012), los cuerpos de las víctimas han marcado la memoria de los lugares emblemáticos de esta época de represión y resistencia. En particular, en esta Villa ello ha quedado plasmado en los murales y en las fachadas de los edificios («blocks») que dan hacia la Avenida 5 de Abril.

Estas memorias sobre las luchas contra el régimen no fueron las hegemónicas en los años ’90, época en que las demandas de las organizaciones de derechos humanos se concentraron en la búsqueda de verdad y justicia. Si bien es una narrativa que se comienza a articular durante la dictadura, no logra plasmarse en el espacio público de manera tan clara sino hasta un momento muy posterior en que la sociedad se volvió más receptiva a los procesos de memorialización de la dictadura [3]. El cambio se produce con la detención de Pinochet en Londres en 1998 y se consolida con la conmemoración de los 30 años del Golpe Militar en 2003 (Collins et al. 2013; FLACSO, 2007). Sin embargo, su localización vecinal -posiblemente buscada tanto para marcar un territorio propio como para asegurar el cuidado del memorial- al mismo tiempo les resta visibilidad a escala metropolitana.

Es importante destacar que en algunos casos, como La Victoria, La Legua y Lo Hermida, la recuperación de una memoria de la violencia política se dio aparejada a un proceso de elaboración de la memoria de mayor alcance temporal, que incorpora las tomas de terreno y la lucha por la vivienda digna, la autoconstrucción y urbanización [4]. En efecto, como ha mostrado Cortés, en la población La Victoria se han articulado memorias fuertemente territorializadas sobre el proceso de construcción de la población hasta la represión y resistencia durante la dictadura (2011). Estos procesos formarían parte de procesos de memoria social de larga duración (Lira, 2011) que se remontan a los años ’50.

 

3. Memoria pública de la violencia política no estatal del periodo 1970-1991

Si bien los procesos de memorialización post-autoritaria se han concentrado en el recuerdo de las víctimas del Golpe Militar y del terrorismo de Estado, la violencia política de los años ’70 y ’80 en el país no se inaugura el 11 de septiembre de 1973. Como ha sido ampliamente documentado, frente a la amenaza -real o imaginada- de que un gobierno marxista llegara al poder, los sectores empresariales, aliados a la derecha política, a sectores de las Fuerzas Armadas y con el apoyo de la CIA de Estados Unidos, se organizaron tempranamente para evitar que Salvador Allende fuese electo Presidente (Collier y Sater, 2004; González, 2000; Loveman y Lira, 2000). Un golpe de Estado era una de las alternativas que se barajaba. En este contexto se realizó un intento de secuestro con resultado de muerte del entonces Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, René Schneider, a dos días que el Congreso tuviera que ratificar al nuevo Presidente de la República, en octubre de 1970 (Collier y Sater, 2004; Loveman y Lira, 2000) [5]. Se quería hacer aparecer el secuestro como un atentando de grupos de izquierda y así provocar un clima de inestabilidad que justificara un intervención militar (Agüero y Herschberg, 2005). Ello no ocurrió y Schneider murió al día siguiente que Allende fuese ratificado presidente [6]. Si bien no se trata de la primera víctima de la violencia política de esos años [7], su homicidio es considerado hasta el día de hoy como el asesinato político más importante después del homicidio a Diego Portales, ocurrido más de un siglo y medio de anterioridad (Collier y Sater, 2004).

En 1971, el gobierno de la Unidad Popular encargó la realización de un monumento conmemorativo al General Schneider (El Mercurio, 1971). Como expresaban las bases del concurso, se buscaba simbolizar el respeto y la solidez del sistema democrático por sobre las contingencias políticas [8]. La obra tomó tiempo en construirse y se concretó recién en 1974 (Ortúzar, 2013). La obra iniciaría un ciclo de monumentalización conmemorativa a víctimas de la violencia política, así como también de obras conmemorativas no representativas (Voionmaa, 2004). Para la cultura monumental de la izquierda, ello no deja de ser significativo si se considera que en 1970 se inauguró una escultura realista dedicada al Che Guevara en la comuna de San Miguel (Cáceres y Millán, 2012).

En un principio se consideraron diferentes localizaciones para su emplazamiento, aunque siempre en las cercanías de la Escuela Militar (El Mercurio, 1971) [9]. La obra fue finalmente emplazada en lo que iba a ser la salida de una estación de metro (Parrochia, 1979: 118), conectada al proyecto de remodelación urbana que la Corporación de Mejoramiento Urbano de la Unidad Popular, CORMU, había concebido para el fundo San Luis (Lawner, 1979). Como describe quien fuera director de la CORMU, el proyecto incluía utilizar el sector central-sur del fundo para alrededor de 1.000 viviendas sociales preasignadas a los comités de pobladores de la comuna de Las Condes (Lawner, 1979). La dictadura luego cambiaría el trazado del metro [10], y el terreno en que estaría ubicado el proyecto se destinó a la especulación inmobiliaria (Brugnoli, 2010). Sobre él se erigió el primer shopping mall de la ciudad. La remodelación de la rotonda Kennedy en los años posteriores no cambió el emplazamiento original, por lo que el monumento se ubica en una plaza de muy difícil acceso peatonal, a un costado del cruce de tres avenidas neurálgicas del sector oriente de la capital: Avenida Américo Vespucio, Avenida Kennedy y Alonso de Córdoba (Brugnoli, 2010; Parrochia, 1979).

Schneider no fue la única víctima de la violencia política de alto rango del período. En junio de 1971, el entonces ex-Ministro del Interior del gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), Edmundo Pérez Zujovic, murió en manos de un grupo de ultraizquierda (Collier y Sater, 2004). La Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) lo habría ajusticiado por su responsabilidad en la matanza de un grupo de pobladores que se habían tomado un terreno en Puerto Montt -la matanza de Pampa Irigoin (Loveman y Lira, 2000). Este acto aumentó el clima de violencia y exacerbó la discordia entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular (Collier y Sater, 2004). Las secuelas de estas memorias, en la actualidad, quedaron en evidencia con ocasión de la inauguración, en diciembre de 2012, de un monumento en homenaje al Ministro asesinado. El Municipio de Vitacura, de derecha, aprobó la iniciativa promovida por la familia y altos dirigentes democratacristianos, pero a ella se opusieron algunos concejales y un sector de la opinión pública de la propia derecha. Según la opinión recogida en algunos medios, estos sectores se oponían a la realización de un monumento a una figura del partido político que apoyó la ratificación de Allende ante el Congreso [11]. Sin embargo, para otro sector, representada en la figura del Alcalde de la Municipalidad, el asesinato forma parte de la memoria de la derecha que condena los crímenes cometidos por grupos de izquierda en el periodo 1970-1991 [12]. La estatua fue diseñada por María Angélica Echavarri, la escultora que años antes había realizado el memorial a Jaime Guzmán, otra víctima política de la izquierda armada, asesinado en 1991 [13]. El monumento a Pérez Zujovic está emplazado en un área que concentra gran parte del flujo diario de automovilistas del sector de mayor renta del país, a un costado de un nudo vial homónimo [14] y muy cercano a los memoriales a René Schneider y Jaime Guzmán.

Además de estos tres memoriales dedicados a víctimas de la violencia política del periodo, en este sector de alta renta de la ciudad hay dos monumentos públicos conmemorativos dedicados al ex-Intendente de Santiago y Mayor de Ejército, Carol Urzúa, asesinado el 30 de agosto de 1983 por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) [15]. Uno de ellos se instaló en noviembre de ese mismo año en una rotonda de la comuna de Las Condes a la que también se le dio su nombre [16]. El segundo busto se instaló con ocasión del primer aniversario de su muerte en la plazoleta ubicada frente al Campo Militar del Ejército de la Reina (lado oriente), en calle Nueva Príncipe de Gales. Ambas fueron iniciativas que contaron con el respaldo de las respectivas municipalidades. Al igual que en el caso del memorial al General Schneider, se privilegió ubicar los bustos en lugares de alto tránsito vehicular (en un caso, en cercanías de un recinto militar) y no en el lugar del atentado [17]. El memorial de la comuna de Las Condes fue destruido en un ataque perpetrado en agosto de 1989, por lo que se reinstaló uno muy parecido al anterior en 1992 [18].

Este recuento muestra que la memoria pública vinculada a la violencia política y la dictadura no se inaugura con la memoria del Golpe Militar. Este sería el evento bisagra, que marcaría un antes y un después, pero que perdería sentido narrativo si se lo considera como acontecimiento inaugural. Por su parte, si hubiera uno, ¿cuál sería el momento que cierra este marco temporal en torno al cual se configuran estas memorias? La literatura generalmente asume que ese momento corresponde al período que va entre el plebiscito que derrota a Pinochet y la asunción del primer gobierno democrático (octubre de 1988-marzo de 1990). Sin embargo, considero necesario extender este período al menos hasta el asesinato del entonces Senador de la República Jaime Guzmán por un grupo de la izquierda armada del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1991 (Collier y Sater, 2004) [19]. Loveman y Lira (2000) argumentan que el asesinato pudo haber sido motivado por las declaraciones que el Senador emitió una vez conocido el Informe Rettig, quien señaló que éste se prestaba para una campaña de aniquilamiento moral de las Fuerzas Armadas y de desprestigio de todo lo que significó el Gobierno Militar [20]. El asesinato, ocurrido pocas semanas después de la publicación del Informe, formó parte de un ciclo más amplio de atentados por parte de grupos subversivos, los que no tuvieron más resultados de muerte (Collier y Sater, 2004; Loveman y Lira, 2000). El asesinato de Guzmán le dio un giro a la situación política del país, haciéndose más difícil para ese primer gobierno de la Concertación llevar adelante una política de justicia transicional basada en la búsqueda de verdad y justicia. De hecho, el mismo Informe Rettig pasó a segundo plano noticioso después del evento.

El asesinato de Jaime Guzmán es uno de los hitos claves de la narrativa de sectores de derecha sobre el periodo, como dio cuenta Hite (2003) en su estudio sobre el monumento a Allende. De acuerdo a su análisis, su instalación frente a la Moneda se negoció en el Congreso como una fórmula que incluía una estatua o monumento conmemorativo al asesinado Senador, la que se concretó recién en 2008. Las disputas que se suscitaron a propósito de la instalación del memorial a Guzmán, el que tuvo que ser ubicado en una localización diferente de la inicialmente proyectada [21], refuerzan la importancia que ha tenido la polémica en torno a la discusión sobre quiénes son las víctimas legítimas del periodo de violencia política de los años ’70 y ’80 en el país. Si consideramos que las memorias de la derecha forman parte de esta construcción, es necesario entonces considerar que un análisis de los procesos de memoria material sobre el período de violencia política del Chile de Pinochet debiera incluir como marco temporal el periodo 1970-1991 [22].

 

4. Una geografía espacial de la memoria pública de la violencia política en una ciudad fragmentada

El recuento anterior es indicativo de una heterogeneidad de expresiones. Sin embargo, pareciera también indicar que las recordaciones están vinculadas a los contextos socio-políticos y de localización socio-espacial. Para dar mayor evidencia de lo segundo, se realizó una cartografía del catastro realizado por la autora de inscripciones conmemorativas referidas a la violencia política ocurrida entre 1970 y 1991 y ubicadas en el espacio público. Se incluyen animitas, monolitos, estatuas, obras de arte y bustos, sitios de memoria en ex-centros de detención y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Sólo se consideran aquellos inaugurados hasta agosto de 2013, habiendo un total de 60 inscripciones. Para este análisis, se excluyeron los memoriales localizados al interior del Cementerio General, puesto que su ubicación no se vincula a ninguna lógica residencial de localización sino que a la función misma del Cementerio.

Para el análisis se consideraron las siguientes variables: función, narrativa, procedencia socio-política y localización espacial según el nivel socioeconómico de la manzana y según se trataba de un lugar en que había ocurrido la represión a la que hacía referencia el homenaje. Con el concepto de función se pretende recoger las diferencias entre elementos como estatuas y monolitos de los sitios de memoria que operan como centros de visitantes. Asimismo, permite distinguir entre placas puestas en el exterior de una fachada de una estatua o de una obra de arte público. Con respecto a las narrativas, se distingue entre un memorial dedicado a las víctimas de la dictadura de un memorial a un carabinero o militar asesinado por parte de un grupo de izquierda. En relación a la procedencia socio-política, es importante diferenciar aquellos elementos que fueron promovidos por el Estado central de aquellos promovidos por organizaciones sociales, muchas veces en conflicto con el Estado.

Para la caracterización socioeconómica de la manzana se utilizó la cartografía generada por el Observatorio de Ciudades (OCUC), realizada en base al censo de 2002. Cuando los elementos se encontraban ubicados en un parque, plaza o bandejón central, se consideró el nivel socioeconómico predominante de las manzanas aledañas al predio. En aquellos casos en que la cartografía no tenía información sobre la manzana en que se ubicaba la inscripción, también se utilizó como valor el nivel socioeconómico predominante de las manzanas aledañas. Como lugares auténticos de la represión se consideraron tanto las inscripciones existentes en el lugar en que fueron asesinadas personas o hallados sus cuerpos, como los memoriales que indican a las víctimas de una población en particular.

Utilizado las cuatro dimensiones, función, narrativa, procedencia socio-política y localización espacial, observamos lo siguiente:

1. La gran mayoría de los elementos conmemorativos corresponde a homenajes a víctimas de la dictadura (88,3%). Estos memoriales, animitas y museos dedicados a víctimas de la dictadura están ubicados en sectores de niveles C3 y D de la ciudad. Los localizados en sectores D corresponden al 46% (24) del total. El 70% de ellos están localizados en los lugares donde ocurrió la represión, ya sea ex-centros de detención, lugares de fusilamiento y matanzas, así como en las poblaciones que fueron víctimas de allanamientos. Entre los hitos que marcan los lugares de fusilamiento y matanzas se encuentra el Memorial en el Puente Bulnes (1992-2010) [23], el lugar donde fue encontrado sin vida el periodista José Carrasco Tapia, el homenaje a los caídos de la Operación Albania en San Joaquín y algunas animitas en recuerdo de víctimas de la represión en poblaciones como La Legua o Villa Francia, entre otros.

Sólo 6 de los 53 memoriales dedicados a víctimas de la dictadura están ubicados en sectores de nivel C2. No se han encontrado memoriales o inscripciones en sectores de nivel socioeconómico E.

2. En los sectores socioeconómicos ABC1 no se ha encontrado ningún memorial dedicado a víctimas del terrorismo de Estado. Los cuatro memoriales ubicados en estos sectores corresponden a homenajes a víctimas de acciones perpetradas por grupos armados, tres de la izquierda y uno de derecha. Hay otros tres memoriales dedicados víctimas de acciones armadas de grupos de izquierda en sectores de nivel C2. No se han encontrados otros memoriales a víctimas de grupos armados, ya sea de izquierda o derecha, en sectores C3, D o E de la ciudad. Es así como el cono de alta renta de la capital no tiene ningún memorial dedicado a las víctimas de la dictadura. En todos los casos, salvo uno, los elementos están ubicados en lugares que no indican el lugar de ocurrencia del atentado, sino que están localizados cerca de un recinto militar o de un concurrido cruce de calles.

3. Los elementos que obedecen a iniciativas del gobierno central están ubicados en el centro de la capital (comuna de Santiago) y también en la comuna de Las Condes, donde la localización no obedece tanto un criterio de marcaje (es decir indicativo del lugar de la tragedia), sino que a darle visibilidad al motivo del homenaje y a cualificar el entorno urbano (con la excepción del Memorial al Detenido Desaparecido y Ejecutado Político en el Cementerio General, inaugurado en 1994). Se trata del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (2010), la estatua a Salvador Allende en la plaza de la Constitución (2000) y el Monumento al General René Schneider en Las Condes.

 

5. Reflexiones finales

Los más de 50 memoriales dedicados a víctimas de las masivas violaciones a los derechos humanos, en relación a los dedicados a las víctimas de la derecha política, confirman que las organizaciones de derechos humanos y de quienes se opusieron a la dictadura ganaron la batalla moral. Hoy, prácticamente todos los sectores de la sociedad reconocen y condenan públicamente la violaciones a los derechos humanos ocurridos en dictadura. Chile es, posiblemente, el único país que tiene dos Informes de Verdad, ambos ampliamente reconocidos [24], y a la fecha se han llevado adelante más juicios que a la salida de muchas otras dictaduras (ver Observatorio de Derechos Humanos UDP, www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos) [25]. Sin embargo, los debates que se han suscitado en torno a la conmemoración de los 40 años del Golpe Militar dan cuenta que la memoria sobre el pasado reciente sigue siendo un tema tan central como controversial para nuestra identidad nacional. Son indicativas las declaraciones de parlamentarios, historiadores y militares en defensa del legado de la dictadura [26], así como la querella presentada por el delito de homicidio calificado en contra de «organizaciones armadas terroristas», incluyendo al FPMR y al MIR. Por su parte, desde el lado de las víctimas aún sigue vigente la demanda por establecer la verdad completa de lo ocurrido, especialmente sobre el destino de los más de 1.000 detenidos desaparecidos.

Este panorama abierto, en relación al legado de la violencia política, se ve reforzado con la imagen de una ciudad de memorias fragmentadas. Efectivamente, el artículo muestra que la localización de la memoria pública de la violencia política ocurrida en el país entre 1970 y 1991, se relaciona con la segregación residencial por grupos socio-económicos. Por un lado, en los sectores residenciales de las clases altas y la elite no existen espacios de memoria pública referidos a la práctica de terrorismo de Estado en el país. Por otro lado, es mayoritariamente en los sectores residenciales de las capas medias y sectores populares donde han proliferado este tipo de iniciativas. ¿Por qué se presenta este cuadro? ¿Se puede interpretar como una dificultad real, por parte de las elites, en reconocer el legado de violencia ejercido contra una parte de la población durante la dictadura militar, pero que sí acepta las inscripciones que homenajean a los militares y civiles de la dictadura asesinados? Es necesario señalar que en este sector de la ciudad sí hay lugares que funcionaron como centros de detención de la DINA (ex-Cuartel Simón Bolívar, en la comuna de La Reina, demolido) y también hubo asesinatos de personas en la vía pública por agentes de la dictadura. Una respuesta posible surge al considerar que la ciudad rica es la que recoge el imaginario de la elite que ha gobernado el país en estas últimas décadas, independientemente del signo político (si se considera a los tres poderes del Estado). Como han señalado diversos intelectuales, a la salida de la dictadura se realizó un pacto (más o menos explícito) entre quienes dejaban el poder político y quienes asumirían los nuevos gobiernos civiles (Moulián, 1997; Garretón, 2000). Algunos aspectos del acuerdo quedaron plasmados explícitamente en el plebiscito de 1989 y otros quedaron en la arena de los acuerdos implícitos. Parte del acuerdo fue dejar el recuerdo de las violaciones a los derechos humanos en el pasado y forzar un cierre a las heridas y deudas de justicia y verdad pendientes en materia de derechos humanos, con el Informe de la Comisión Rettig (Lira y Loveman, 2005). A pesar de los muchos intentos por cumplir el objetivo, hechos de diversa índole volvían a traer al presente el horror de la violencia vivida [27].

Posiblemente, una dimensión menos estudiada de estos acuerdos haya significado evitar hacer reconocimientos públicos a las víctimas de la dictadura en los entornos residenciales de quienes fueron partícipes o cómplices de las acciones de lesa humanidad, y al mismo tiempo aceptar las inscripciones que hicieron los partidarios del régimen en ese sector de la ciudad. Sin duda que esta es una interpretación que requiere más investigación, pero al menos se puede concluir que el proceso de elaboración de las memorias sobre nuestro pasado de violencia político no sólo no es transversal a los diferentes grupos políticos, sino tampoco lo es a los diferentes estratos socio-económicos, agregando una dimensión más a los altos niveles de segregación ya existentes en la ciudad.