1. Introducción

El espacio público está desapareciendo rápidamente, por causa de los procesos de globalización y privatización y también por las nuevas formas de control social, como el patrullaje y la video-vigilancia. Incluso las plazas, espacios cívicos de las ciudades latinoamericanas, están siendo cerradas, rediseñadas y reglamentadas en formas que restringen sus usos sociales y políticos tradicionales. En otro artículo (Low, 2000) afirmo que: «Los espacios públicos, como las plazas costarricenses, corresponden a los últimos foros para el disenso público en una sociedad civil. Son lugares donde los desacuerdos pueden ser marcados simbólica y políticamente, o resueltos personalmente. Sin estos significativos espacios, los conflictos sociales y culturales no son visibles claramente, y los individuos no pueden participar directamente en su resolución […] En este sentido, un aspecto de la producción y construcción social del espacio público es dialógico -esto es, como un proceso en curso, interactivo, al modo de una conversación, que cambia a través del tiempo creando nuevas ideas, estructuras sociales y lugares significativos. Pero además es dialéctico, es decir, oposicional, a menudo disruptivo y objetado y políticamente transformador, que une puntos de vista y perspectivas contrastados a través de nuevas alternativas políticas y sociales. Es aquí donde la necesidad de hacer y re-hacer espacios públicos, y la lucha implacable por la disponibilidad social y política del espacio público, pueden ser vistas como una precondición para cualquier tipo de política democrática, y la importancia de los datos históricos y etnográficos de la plaza de Costa Rica se vuelve particularmente clara» (p. 241).

Este análisis entrega un vistazo a las contradicciones entre los propósitos representacionales de la plaza urbana, artísticos y a menudo idealizados, y su base política y económica. Iluminar estas contradicciones contribuye a desmitificar y visibilizar las formas en las cuales el diseño urbano público es profundamente ideológico (antes que neutral), tanto en el estilo artístico como en el propósito político. Más aún, identificando los objetivos políticos y económicos del espacio público diseñado, su planificación, diseño, construcción o restauración adquieren un nuevo significado. Un espacio público que es ostensiblemente valorado como un lugar donde la gente puede sentarse, leer y reunirse, se vuelve una estrategia de revitalización para un centro urbano declinante o un núcleo turístico, y una manera de atraer nuevas inversiones y capital extranjero.

La base teórica de este análisis toma forma a partir del trabajo de Rodríguez (1989, 1997 y 1998), el cual se interesa por la forma en que la pintura mistifica los objetivos económicos o políticos de su producción. Rodríguez (1989) afirma que esa ideología y cultura expresiva a menudo entregan una interpretación más positiva de las relaciones sociales de explotación y desigualdad que aquellas que existen en realidad. En su estudio de Taos, el arte era utilizado para encubrir lo que de otra forma podía ser visto como una condición opresiva, y así mistificar, vale decir, confundir lo con lo que en realidad estaba ocurriendo en términos de poder político local y condiciones de vida.

El diseño y construcción de las plazas públicas sirve a los mismos propósitos, e incluso más, de modo que los ciudadanos perciben a la plaza como un espejo cultural a través del cuales pueden verse a sí mismos. En este sentido, el proceso de mistificación puede comenzar con el diseño del espacio público, pero los residentes locales, los usuarios de la plaza, los administradores de la ciudad y los medios de comunicación participan activamente en la ofuscación de ciertos significados políticos. Los espacios públicos urbanos que los planificadores y administradores afirman que son diseñados para el «bien común», en realidad lo son para acomodar actividades que excluyen a determinadas personas y benefician a otras. A menudo los motivos económicos para el diseño del espacio público urbano están más relacionados con incrementar el valor y atractivo de las propiedades circundantes que con aumentar la comodidad de los habitantes cotidianos.

La plaza hispanoamericana ha sido identificada como un espacio público preeminente, fuente y símbolo de poder cívico, con una larga tradición como centro cultural de la ciudad. En su interior y alrededores se localizan los jardines y edificios más básicos para la vida social de la comunidad: la iglesia, representando el poder religioso, y los edificios gubernamentales, representando el poder político. Tradicionalmente, el comercio estaba separado en otra área céntrica, donde tenían lugar las transacciones impersonales; sin embargo, con el tiempo los bancos y negocios, así como los teatros y restoranes, han rodeado finalmente la plaza. Es un escenario para encuentros donde diversos grupos y clases sociales aparecen juntos en una forma altamente estructurada, segmentada por espacio y tiempo, sin embargo entremezclándose e interactuando en el mismo sitio.

Para ilustrarlo presento la historia del Parque Central, la plaza central en el centro de San José de Costa Rica, y analizo un conflicto contemporáneo relativo al diseño del quiosco (una glorieta en el centro del espacio), y los resultados de remodelar este espacio urbano tradicional. En un segundo ejemplo, la Plaza de la Cultura -una plaza recientemente diseñada en la misma ciudad-, exploro cómo los objetivos artísticos y económicos de sus creadores no satisfacen las necesidades de los usuarios de la plaza, pero se acomodan a las del creciente comercio turístico. En esta discusión, las preocupaciones de los usuarios son contrastadas con las intenciones de los diseñadores y oficiales gubernamentales, en orden a iluminar cómo el conflicto entre el valor representacional y de uso 1 del espacio público es resuelto en un contexto específico (Low, 1992, 1996 y 1997).

2. Espacio público

Un «espacio público» se refiere a cualquier espacio abierto en el cual se reúne un número de personas. «Espacio público» es un concepto situado históricamente; sin embargo, tiene una base política y legal en la democracia liberal y la formación del Estado nacional moderno. Utilizando la discusión de Habermas (1974) sobre el desarrollo de una esfera pública, el espacio público fue creado por los burgueses capitalistas del siglo XIX para proteger y expandir sus intereses comerciales contra la aristocracia y otros regímenes no democráticos, definiendo y controlando el espacio. Mientras la burguesía intentaba asegurar sus propios derechos al desarrollo capitalista afirmando derechos «igualitarios», no intentó sin embargo extender el acceso igualitario a todos los segmentos de la sociedad, especialmente a los miembros de las clases más bajas, que debían competir económicamente con ellos utilizando los espacios públicos -en este caso las calles (Davis, 1986). Por ejemplo, la toma de la Plaza de la Cultura (San José) por parte de los vendedores, compite con las tiendas turísticas que rodean la plaza, y ha generado una serie de hostiles batallas judiciales acerca de la legalidad de los vendedores utilizando este espacio «público» para lucrar. Así, la escena pública ha sido testigo por largo tiempo de manifestaciones de controversia por causa de las contradicciones en el entendimiento literal del acceso «igualitario», y las prácticas actuales de la clase media y los profesionales de este segmento. Debido a estas confusas nociones de igualdad de acceso, ninguno de los dos espacios públicos que estudié -Parque Central y Plaza de la Cultura- han cumplido el éxito total intentado por los oficiales públicos o los diseñadores. Pero en orden a entender los conflictos expresados en el diseño urbano, es necesario revisar el contexto y desarrollo histórico de San José.

3. El contexto urbano

Para entender el conflicto actual sobre el uso de las plazas, se necesita observar la creciente segregación espacial y la cambiante estructura de clases que resultan de una crisis económica comenzada a mediados del siglo veinte. Antes de esta crisis, los barrios céntricos de las ciudades costarricenses habían sido relativamente heterogéneos, pero con los cambios subsecuentes, los residentes más acomodados se movieron lejos del núcleo central, desarrollando medios de protección espacialmente restrictivos y cerrando sus barrios a los pobres y las clases trabajadoras. Este aumento en la segregación espacial de la estructura de clases puede ser observado en el cambio del uso de las plazas centrales en San José.

San José fue mencionado por primera vez en 1708, como una población nuclear que no cumplía sus obligaciones para con la Iglesia Católica (Calvo, 1887). La plaza que se transformaría en el Parque Central fue referida por primer vez en 1761. Localizada en el centro del asentamiento colonial de San José, esta plaza principal (plaza cívica o principal en la planificación urbana latinoamericana) fue un mercado municipal, un escenario de la guerra de independencia con España, una fuente de agua para los residentes de la ciudad y el lugar donde se sorteaba la lotería mensual.

Las primeras familias que habitaron San José eran descendientes de los primeros colonizadores españoles que migraron al Nuevo Mundo, y aunque se les habían otorgado derechos de encomienda , muchos de ellos trabajaban en una agricultura de subsistencia (MacLeod, 1973; Stone, 1974). A mediados del siglo dieciocho, San José era un centro de procesamiento de tabaco (De Mora, 1973). La economía del café prosperó con la construcción del ferrocarril y el creciente mercado europeo, y la población de San José se expandió desde 13.867 habitantes en 1801, a 28.944 en 1844 (Revista de Costa Rica en el Siglo XIX, 1902). La separación de Costa Rica de España, en 1821, precipitó una seria de batallas armadas posteriores a la Independencia, que resultaron en la designación de San José como la capital de la nueva república en 1823.

En 1825, San José estaba compuesto por seis cuadras rodeando lo que sería el Parque Central, en dirección de los cuatro puntos cardinales. En 1849 las clases más bajas estaban localizadas en las afueras de la ciudad, más allá de la Calle de la Ronda, trabajando en oficios variopintos o como artesanos, mientras que los profesionales de la clase media alta, hombres de negocios y hacendados del café se ubicaban a lo largo de las calles principales (Vega, 1981; Sánchez y Umaña, 1983). En 1890, las zonas comerciales y de oficinas de la ciudad se expandieron considerablemente, y la oligarquía del café se estableció en las mejores fracciones de tierra alrededor del Parque Central, formando una verdadera elite urbana (Vega, 1981).

La oposición, por parte de un creciente sector medio, a la monopolización de la riqueza y el poder por la elite tradicional, resultó en una breve guerra civil a partir de una disputada elección, que finalizó en 1948 cuando José Figueres y sus partidarios tomaron el control del Gobierno y crearon el Partido Liberación Nacional (PLN). Bajo Figueres se reanudaron las elecciones, se nacionalizaron los bancos y el ejército fue disuelto. Una nueva constitución estableció una democracia participativa en 1949.

La economía de San José comenzó a cambiar dramáticamente luego de la presidencia de José Figueres, cuando un marcado declive en los precios del café redujo la capacidad del país para importar bienes manufacturados, y el desempleo en el sector de la agricultura comenzó a atraer a los campesinos a la ciudad. En respuesta, se inició una política de «desarrollo hacia adentro» para estimular el desarrollo de compañías manufactureras locales y de pequeña escala, y para establecer mejores relaciones comerciales con otros países de América Central. Desde 1950 el sector secundario, es decir, el componente industrial de la economía, se incrementó gradualmente, y en 1973 llegaba a sumar un cuarto del valor de las exportaciones (Hall, 1985). El sector secundario, no obstante, estaba principalmente en manos de inversionistas extranjeros, y una nueva clase de industriales emergió para competir con las familias terratenientes de la elite del café, utilizando migrantes recién llegados a Costa Rica.

La industrialización posterior a 1940 fue intensiva en capital, y no pudo absorber la abrumadora migración interna a la ciudad (Morse, 1980). Gran parte de la expansión laboral ocurrió entonces en el sector terciario de la economía, incluyendo un gran número de ocupaciones de servicio mayormente gubernamentales, de pequeño comercio y servicios personales (Hall, 1985). El crecimiento en el sector terciario y la explosión del empleo en el sector informal correspondió al periodo de más rápido crecimiento de la población. La población de la provincia de San José creció de 706.419 habitantes en 1974, a 890.443 en 1983, y a 1.220.412 en 1996 (Dirección General de Estadística y Censos, 1973, 1982 y 1996), mientras que la sola área metropolitana de San José aumentó de 406.990 habitantes en 1970 a 471.736 en 1973, 579.136 en 1978 y 647.017 en 1982 (Dirección General de Estadística y Censos, 1973 y 1982). Estimaciones actuales sobre la población metropolitana la sitúan entre 850.000 habitantes a más de un millón.

La crisis económica internacional de espiral inflacionaria, y el déficit de la deuda de los ‘80 sólo empeoraron la situación, desempleando a más personas y poniendo fuera del alcance de un 70% de la población incluso los alimentos básicos, cuyo precio estaba controlado por el gobierno. El incremento en los precios del petróleo en 1979 frenó el crecimiento económico de Costa Rica al tiempo que aceleraba la inflación. Una disminución en las exportaciones, aumento en las tasas de interés, una balanza comercial desfavorable y recesión económica impidieron el pago de la deuda externa y resultaron en la negativa del presidente Rodrigo Carazo (1978-1982) a negociar con el Fondo Monetario Internacional (Torres, 1993).

Para cuando la administración Carazo terminó, «la economía estaba en picada, y tocó fondo ese mismo año» (Clark, 1997, p. 78). Aun cuando el presidente Luis Alberto Monge (1982-1986) trabajó muy de cerca con el FMI y USAID en medidas estabilizadoras, su administración del PLN estuvo en desacuerdo respecto de la necesidad de perseguir reformas económicas neoliberales -particularmente la privatización de empresas estatales y liberalización del comercio-, frente a su histórico éxito con el empleo del sector público y la intervención del Estado en la economía (Clark, 1997). Así, el liderazgo económico se desplazó del gobierno costarricense a una alianza transnacional entre un banco privado de Costa Rica, BANDEX y USAID. Esta alianza fue además apoyada por la administración Reagan, que comenzó a reorientar la política económica de Estados Unidos para mejorar las perspectivas económicas de la región como un todo (Clark, 1997).

Nuevos desafíos a la gobernabilidad democrática y estabilidad económica emergieron en los ’90: el PNL casi perdió dos elecciones presidenciales consecutivas, amenazando el patrón tradicional de alternancia presidencial de los partidos y el liderazgo. Los incrementos en el crimen, en la violencia y en una corrupción relacionada con el tráfico de drogas y con iniciativas anti-drogas resultaron en una judicatura más activa, más que una legislatura efectiva o respuestas del Ejecutivo. Y había temor de un colapso de la neoliberal Caribbean Base Initiative, debido a los conflictos del bloque comercial posteriores al NAFTA (Gudmundson, 1996).

Estos cambios tuvieron un tremendo impacto en la vida de la clase trabajadora y de los residentes pobres, quienes experimentaron un importante declive en su estándar de vida y red de seguridad social (Lungo, 1997). La vida de barrio cambió también, con el incremento de las ocupaciones ilegales de terrenos bajo los puentes y en sitios eriazos, junto a las vías férreas y áreas industriales. Más importante aún, la «relativamente armoniosa mezcla espacial de clases sociales en la ciudad comenzó a desintegrarse» (Lungo, 1997, p. 61), reestructurando las relaciones de clases y segregando espacialmente a los grupos sociales: «La integración espacial de las clases sociales que tradicionalmente caracterizó a San José comenzó a romperse durante los ’80. Hasta fines de los ’70, los barrios de San José se caracterizaban por un alto grado de integración espacial. Las familias de ingresos bajos y medios vivían en cercana proximidad y sus recorridos diarios tendían a superponerse (Lungo, 1997, p. 69).

El estudio de Lungo (1997) de los hogares de San José encontró que mientras los «jefes» percibían que la calidad de vida en la ciudad había mejorado en los últimos diez años (56%), los trabajadores del sector informal y desempleados consultados percibían que ésta había declinado (55,3% y 67,4% respectivamente). El impacto del neoliberalismo y la creciente privatización de la vivienda parecen haber cobrado su precio en la experiencia y percepciones de la vida cotidiana de los trabajadores urbanos.

El impacto de la crisis económica en los sistemas urbanos de San José ha sido catastrófico. Dado que no hubo un plan maestro, los intereses comerciales e industriales privados han ido conduciendo crecientemente el desarrollo urbano. Los sistemas de transporte permanecen rudimentarios y la polución proveniente de la industria y los automóviles individuales y buses está alcanzando niveles peligrosos. El primer documento de planificación, completado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en 1983, apelaba a la descentralización de los servicios de la ciudad, pero sin un financiamiento adecuado fue poco lo que se pudo cumplir.

Desde 1984 el sistema político de Costa Rica ha estado altamente centralizado, en detrimento de la estructura de poder municipal. Gran parte del aparato político de San José fue desmantelado en los ’50, dejando el mantenimiento de la infraestructura urbana a los ministerios nacionales. Las autoridades municipales continuaron siendo designadas por representantes elegidos a nivel nacional. Esta división política del trabajo configuró una situación en la cual las autoridades nacionales, preocupadas de las políticas y decisiones de planificación a nivel nacional, eran también responsables del mantenimiento de los servicios urbanos (Lungo, 1997). Resultado de esto fue que las necesidades de la ciudad fueron pasadas por alto y la infraestructura comenzó a deteriorarse. Como comentó un oficial municipal respecto del rediseño de las plazas centrales, los líderes nacionales pensaron que la estructura física de la ciudad estaba completa y que no se debía hacer nada más.

Por cuanto la Municipalidad no tiene derechos impositivos legales sobre sus ciudadanos, todos los fondos para el desarrollo urbano y la planificación provienen de la asignación mínima del 1% del presupuesto federal para servicios urbanos. En 1990, el presidente Oscar Arias reformó las leyes del gobierno de la ciudad e instituyó un impuesto a la renta del 10% para sus residentes. En 1991, se legisló una serie de políticas para el desarrollo urbano sustentable, y tomó forma un plan para el uso del suelo. Los objetivos de este plan eran reconstruir los parques, rescatar los ríos, entregar aire y agua limpios y mejorar en su totalidad la calidad de la vida urbana. Estas reformas gubernamentales y el plan de 1991 sentaron las bases para la renovación de muchos de los parques y plazas en San José.

Esta breve historia sociopolítica y económica contextualiza la construcción y modificación de las principales plazas centrales en San José: el Parque Central y la Plaza de la Cultura. El desarrollo no planificado de la infraestructura urbana, las agendas políticas alternadas, la cambiante estratificación social y las oleadas de crisis económica se reflejan en los conflictos que han emergido relativos al diseño y rediseño de estos significativos espacios públicos. Más aún, la creciente globalización de las inversiones de capital en infraestructura y la privatización de los servicios públicos y la vivienda reforzaron estos procesos, inmovilizando a los residentes pobres y trabajadores en la ciudad, mientras que las clases medias y más pudientes se desplazaron a un anillo de suburbios exteriores, desestabilizando los barrios del centro de la ciudad.

4. «Parque Central»: ¿Parque ceremonial o centro vecinal?

La plaza hispanoamericana estaba situada habitualmente en el centro geométrico del pueblo o ciudad, con excepción de las localidades costeras, donde a menudo se localizaba en el frente de agua. En las localidades pequeñas había una plaza, pero a medida que el pueblo se expandía, se agregaban barrios adicionales o plazas de mercado. Aún cuando la plaza histórica en muchas ciudades ya no corresponde al centro físico de éstas, todavía permanece como el foco psicológico de la comunidad, mientras que las plazas más nuevas, para turistas y negocios, se sitúan en los distritos periféricos de compras o entretenimientos.

Diseñadas originalmente para procesiones religiosas, hazañas ecuestres y/o como lugares para el mercado, las plazas a menudo comenzaban como un espacio abierto rudimentario, un cuadrado o rectángulo limpio de árboles o cubierto de hierba. En el perímetro estaba la iglesia y unos pocos edificios. El cuadrado cubierto de hierba era utilizado para el pastoreo y para abrevar animales, y los transeúntes podían dejarlos allí durante la noche. El pozo estaba situado a menudo en la plaza; así, ésta se convertía también en un lugar para recoger agua o lavar la ropa.

Con el tiempo, la plaza tomó funciones especiales, transformándose en el lugar del mercado donde eran intercambiados los bienes agrícolas y las mercancías, o en un centro ceremonial de significado religioso, gubernamental o militar. Pero a pesar de sus otras funciones, la plaza central permaneció como el espacio preeminente de interacción social, y es en este papel como ámbito de convergencia social que las plazas fueron transformadas en parques-jardines con césped, árboles, flores y paseos escénicos. Desde la década de 1970, muchas plazas perdieron su estatus ceremonial y sus características de jardines, y se transformaron en ejes viales para acomodar la proliferación de automóviles privados y buses a petróleo que aumentaban rápidamente.

En San José, no fue hasta 1885 que la plaza principal fue convertida en un jardín y se relocalizó el mercado municipal. En 1890, el entonces rebautizado Parque Central emergió con senderos bordeados de árboles y césped, una glorieta de madera, una fuente inglesa, una reja y puertas de hierro forjado como parte de un diseño paisajístico comprehensivo para servir a la elite (Caja, 1944). El Parque Central fue rediseñado en 1940 para crear un paseo removiendo la fuente, derribando la reja y reemplazando la glorieta. Una estructura de cemento -un quiosco- lo suficientemente grande para acoger a una orquesta completa fue donado por un empresario nicaragüense, para reemplazar la réplica del original victoriano. Sin embargo, a comienzos de los ’90, el mobiliario se había deteriorado, y existían planes para devolverle a la plaza su antigua elegancia. En la primavera de 1992, un grupo de ciudadanos llevó a la Municipalidad una solicitud para derribar la estructura de cemento y reconstruir la glorieta victoriana. Esta solicitud activó un debate público centrado aparentemente en reemplazar el quisco moderno con un modelo del original, pero que ilumina la lucha política por el control del espacio entre la elite profesional y el gobierno, y los usuarios tradicionales.

La preocupación por la condición deteriorada del Parque Central fue manifestada ya el 8 de agosto de 1988, cuando Jorge Coto, columnista de La Nación, comentó que el Parque Central iba a ser lugar de un redesarrollo urbano. Coto observaba que el Ministerio de Cultura había iniciado la renovación para darle mayor visibilidad a la plaza, pero estaba preocupado de que el Parque Central, verdadero símbolo de la identidad costarricense, pudiera perder la poca personalidad que le quedaba.

El 1 de diciembre de 1991, un plan para remodelar el Parque Central fue anunciado como parte de un programa conjunto de la Municipalidad y el Ministerio de Cultura para renovar los parques y plazas de la capital. Una comisión inter-institucional fue dispuesta como cuerpo planificador y decidor. Se esperaba que el trabajo comenzara en febrero de 1992.

Pero el 10 de febrero de 1992, Jorge Solorzano, periodista de la La Nación, escribió que había una falta de consenso relativa a la demolición del quisco. El oficial ejecutivo de la Municipalidad, el ingeniero Johny Araya, declaró que había algunas dudas dentro de la comisión inter-institucional sobre si el quisco donado por Anastasio Somoza García debía ser reemplazado por un modelo de estilo japonés de 1905. Araya declaró que la actual estructura no agregaba nada al parque, estéticamente hablando, y que ocupaba demasiado espacio. Sin embargo, la ministra de Cultura, Aída de Fishman, argumentó que la integridad del parque debía ser respetada. La comisión sugirió que se distribuyera una encuesta al público para votar sobre el destino del quiosco.

El 10 de marzo de 1992, el Concejo de la Municipalidad de San José fue consultado para realizar un cabildo, de modo que el público pudiera participar de esta difícil decisión. Al público se le presentarían bosquejos de los proyectos alternativos: uno del parque restaurado con el quiosco actual, y el otro basado en la imagen original con el quiosco de madera, fuente y rejas de hierro. Se reportó que Johny Araya expresó que en una encuesta realizada por la Municipalidad, más del 75% de quienes respondieron querían la eliminación del quiosco y la restauración del Parque Central, tal como era a fines del siglo XIX También atacaron su estética el anterior ministro de Cultura, Guido Sáenz, y Francisco Echeverría Por el otro lado, el arquitecto Jorge Grané argumentó que nadie estaba seguro de por qué, ni con qué fin, se quería derribarlo. El columnista de La Nación, José David Guevara, comentó el 24 de marzo de 2991 que los 60 lustrabotas y sus clientes, y los dementes y ancianos que habitaban el parque no estaban siendo consultados. Guevara concluía que, a fin de cuentas, la cuestión era si la renovación conservaría la identidad del parque como corazón de la capital.

La votación tuvo lugar el 4 de abril de 1992 a las 2 de la tarde, en el Liceo de Costa Rica. El gobierno presentó tres iniciativas que consideraban tanto demolerlo, mejorarlo o dejarlo intacto. Se esperaba que siete mil personas participaran en el primer cabildo realizado en San José.

El día después del plebiscito, Jorge Solorzano reportó que la mayoría de las personas votó por demoler el actual quiosco. Por razones que no están del todo claras, sólo votaron 1.153 personas: 487 por la destrucción de la estructura, 372 por dejarla intacta y 292 por conservarla con modificaciones. Los resultados de la votación dividieron aún más a los miembros de la comisión. Aquellos que se oponían a la demolición pensaron que las dos opciones que recibieron menos votos debían ser sumadas para producir una mayoría de votos para salvar el quiosco. Otros miembros, como Johny Araya, pensaron que la comisión debía respetar la opción ganadora, que era eliminar el quiosco actual y reconstruir el parque original. Solorzano comentó que el Dr. Arias, ex-presidente de Costa Rica y constructor de muchos parques y plazas, había sugerido que la decisión debía ser pospuesta hasta que mejorara la situación económica del país.

La votación del público para echar abajo el quiosco y su reinterpretación por la comisión fue conocida con alarma por los profesionales. El Colegio de Arquitectos publicó una página completa en La Nación declarando que la votación no representaba una muestra adecuada de los josefinos, y anunció su oposición al plan. No obstante, el 21 de abril de 1992, el Concejo Municipal de San José aprobó la demolición del quiosco por una votación de nueve contra cuatro. Pero el 23 de abril la ministra de Cultura, Aída de Fishman, desaprobó la destrucción del quiosco basada en la Ley 5.397, la Ley de Patrimonio Histórico, que declaraba que ningún edificio o propiedad pública podía ser destruida, remodelada o modificada sin su aprobación. Así, la batalla finalizó con la afirmación del poder legal del Ministerio de Cultura para resolver el conflicto.

Los ciudadanos que intentaron reconstituir el Parque Central en su imagen elitista de fines de siglo XIX, removiendo el quisco, no eran sus usuarios cotidianos, sino profesionales y personas de clase media que ya no vivían en el centro de la ciudad. El conflicto por la forma arquitectónica del quiosco fue una lucha por el control del estilo artístico del Parque Central, en el cual el mobiliario arquitectónico representaba significados sociales y de clase más amplios. La resolución final fue un compromiso en virtud del cual el quiosco fue remodelado y se agregó una réplica de la fuente; al mismo tiempo, los espacios verdes, muchos de los árboles, la pérgola, los espacios de trabajo y los generosos escaños de piedra fueron removidos, para responder a la imagen de civilidad y urbanidad contemporánea de la clase media, y para desalentar las actividades de sus residentes tradicionales.

Desde el punto de vista de la Municipalidad, el rediseño del Parque Central cumplía tres objetivos artísticos y resolvía los defectos de diseño del plan original: a) elevando el nivel del parque, la monumentalidad del quisco era mejorada, creando un sentido de escala y proporción más balanceado; b) reduciendo la cantidad de asientos y escaños, la plaza se transformaba en un centro ceremonial más que en un parque residencial; y c) agregando pavimento y superficies duras, el Parque Central se convertía en una celebración de la ciudad, un lugar para que hablaran los presidentes antes que un parque para reunirse.

El nuevo diseño incluía una galería de arte para los artistas nacionales en el espacio detrás del quiosco, donde solía estar la biblioteca infantil, 24 cabinas telefónicas a lo largo del costado este del parque, y una estación municipal de policía para proteger al público de la creciente delincuencia juvenil. Los lustrabotas y floristas fueron movidos a un área en frente del Correo, a algunas cuadras de distancia. Blanca Suñol, arquitecta de la Municipalidad, desarrolló nuevas regulaciones y orientaciones de diseño para mantener limpio y seguro el Parque Central. Cuando fue reabierto, estas reglas entraron en vigencia: a) ya no se permitiría más a los vendedores ambulantes; b) toda construcción posterior debería ser restringida a la altura del edificio original (siete metros); y c) las paradas de buses serían reemplazadas por otras de taxis.

El objetivo de diseño de Sancho y Suñol era recuperar el espacio público desplazando a los usuarios tradicionales, así como a los «delincuentes juveniles y criminales», reemplazándolos con otras personas: gente normal, que quisiera estar allí. Se implementó el desplazamiento de los vendedores y se trajeron policías para mantenerlo limpio y seguro, al tiempo que restricciones relativas a la altura de construcción y una pavimentación extensiva cambiaban el carácter del parque.

Aída de Fishman, la ministra de Cultura comisionada para la renovación y reapertura del Parque Central, expresó sus objetivos de diseño en otros términos, el 19 de marzo de 1994: «El Parque Central es un gran dolor de cabeza. Es el corazón de la ciudad, pero ha sido consumido desde sus bordes. El quisco de madera, la fuente y la reja ya no están, y nos quedamos con este gran albatros de cemento. Queríamos regresarlo a un parque que pudiera recibir a las grandes masas de gente que vendrían. Así que hicimos una plazoleta con una réplica de la fuente, porque no pudimos mover la original, y conservamos el quisco nicaragüense. Me siento satisfecha de que hayamos conservado este lugar y rescatado un poco del centro de la ciudad».

Ella comentó el conflicto relativo a mantener el quisco explicando que habían pasado meses discutiendo qué debía ser el parque. Al final, el gobierno nacional tomó la opción de preservar el quiosco, y en orden de hacer esto, lo declaró como parte del patrimonio nacional. Agregaba: «¿Quién puede decir lo que será considerado bello en el futuro? No quiero ser responsable de descartar el pasado».

Los josefinos están bien informados sobre la renovación y reapertura del Parque Central. Le pregunté a algunas personas en el área del centro qué pensaban de la renovación. Un taxista respondió que Aída de Fishman había renovado todos los parques: «Ella no sólo embelleció el parque, lo que está bien, sino que restauró un lugar para que la gente pudiera reflexionar y pensar. La gente se encuentra a veces en la ciudad y necesita detenerse para pensar y reflexionar. Ella ha creado un ambiente donde uno puede hacer esto. Es importante tener lugares así en la ciudad».

Pero no todos concuerdan con que el nuevo diseño es atractivo, o que se ha reducido el crimen. Muchos usuarios locales interpretan las intenciones artísticas del rediseño como un medio para excluirlos de lo que ellos perciben como su lugar. Los usuarios de más edad están desalentados y no entienden por qué la Municipalidad removió los árboles, el césped y el verde que amaban. Le pregunté a uno de los hombres qué pensaba de los cambios. Respondió que le gustaba que hubiera más verde. Todos los hombres sentados allí concordaron que había demasiado cemento, pero no se pusieron de acuerdo sobre si la ausencia de los vendedores había lo vuelto más limpio.

Un hombre joven que había estado viniendo a sentarse y reflexionar por más de ocho años respondió a mi pregunta sobre si le gustaba el nuevo diseño, diciendo: «No, es demasiado moderno. Me gustaba como era antes, verde y más antiguo». Otro hombre escuchó por casualidad nuestra conversación y agregó: «Debido al nuevo diseño es más difícil esconderse de la policía, pero aún así hay más prostitución que antes». Explicó que eso es por causa de los nicaragüenses, quienes han reemplazado a los usuarios tradicionales.

Algunos de los usuarios habituales han resistido activamente los cambios impuestos. Hablé con uno de los lustrabotas más ancianos, que estaba muy ocupado trabajando en las botas negras de un hombre que sonrió y saludó. Le pregunté dónde estaban todos los demás lustrabotas. Respondió: «Cuatro de los más viejos están enfrente del Correo, y hay tres más en el Bulevar. Y hay algunos en la calle cerca de la Catedral. Pidieron permiso para estar allí».

Le pregunté cómo podía seguir trabajando en el Parque. Sonrió y dijo: «Tengo un permiso especial de la Municipalidad». Se rió, y también lo hizo su cliente. Agregó: «Le llevé mi historia al público». El cliente comentó entonces: «Él es famoso, estuvo en Teletica, el canal 7 de la televisión, protestando que éste era su lugar de trabajo».

«¿Se sienten más seguros?», pregunté. Un hombre respondió que podría haber menos actividades ilegales porque era ahora más abierto, pero agregó: «Aún debes tener cuidado con las pandillas. Están en todas partes, y se reúnen aquí cada tarde a eso de las cinco. Las vistas abiertas del nuevo parque no facilitan algunos negocios ilegales, que se han movido ahora al Soda Palace, pero es más fácil para los carteristas y pandilleros juveniles asaltar turistas o ciudadanos más ricos».

Los objetivos de diseño de la Municipalidad han creado un nuevo tipo de espacio público, que excluye a muchos de los usuarios tradicionales debido a la falta de lugares sombreados para sentarse, y a regulaciones que restringen las actividades comerciales. El nuevo diseño ciertamente se ve más seguro con sus vistas abiertas, y aparece más moderno y europeo con la fuente reconstruida, senderos y paseos pavimentados. Pero los objetivos artísticos y simbólicos de los diseñadores han sido sólo parcialmente realizados, por causa del cambiante ambiente social de San José: el creciente número de refugiados nicaragüenses ha encontrado un sitio para reunirse con sus familias y amigos, y para las pandillas de adolescentes es un buen lugar para pasar el tiempo, cerca de donde se comercia mercancías y tarjetas de crédito robadas, y cerca también de las tiendas del centro, donde puede encontrarse a compradores costarricenses y turistas adinerados

La expresión artística del rediseño del Parque Central enmascara el deseo de los productores de limpiar este espacio público central, removiendo las instalaciones arquitectónicas – la pérgola, los árboles y los escaños- que invitaban a los jubilados a pasar el día allí. La limpieza incluyó también la restricción de actividades comerciales a otras áreas de la ciudad, removiendo a los vendedores y lustrabotas que habían trabajado allí por más de cuarenta años. Con estas restrictivas regulaciones, nuevas formas de crimen y criminales se han apropiado del espacio y tomado el control de la ecología local.

Muchos de los jubilados costarricenses se han ido al Bulevar, un área a unas cuantas cuadras al norte del Parque Central, donde se han agregado árboles y escaños. Dicen que extrañan la pérgola con los borrachos y los evangelistas, la música en el quiosco y los bailes a los que asistían incluso las personas sin dinero, para celebrar el Año Nuevo. «Es importante tener un lugar donde ver a los amigos y familia, porque de otra manera no se podría hacerlo», agrega un hombre, y luego dice que es triste que esto ya no ocurra más en el Parque Central. Dicen que muchas personas ya no se sienten cómodas allí, y han desplazado sus puntos de encuentro fuera del centro ceremonial de la ciudad. Hay algunos grupos que se encuentran en el parque: jóvenes trabajadores domésticas nicaragüenses se reúnen los domingos para visitar a sus familias y amigos, y también pandillas de adolescentes que se juntan al atardecer; pero los usuarios tradicionales, jubilados, vendedores y trabajadores, ya no se sienten en casa ni son acogidos allí. El rediseño tomó un espacio urbano vibrante y vivo, y lo transformó en un centro ceremonial más limpio y ordenado, pero lleno de pandillas y extranjeros.

5. «Plaza de la Cultura»: ¿Espacio para el arte o mercado turístico?

Se ha dicho que la idea de construir la Plaza de la Cultura fue inspiración del ministro de Cultura Guido Sáenz, en 1976. El directorio del Banco Central de Costa Rica había impulsado a la Asamblea Legislativa nacional a asignar los fondos para construir un museo para exhibir una colección de artefactos precolombinos de oro, que estaban albergados en el segundo piso del Banco Central. El museo representaría el orgullo por la cultura indígena costarricense, y fue apoyado por el Partido Liberación Nacional de Figueres. El terreno alrededor del Teatro Nacional fue seleccionado por el Ministro de Planificación, Oscar Arias, por y el directorio del Banco de Costa Rica, como un sitio que se ajustaría fácilmente a los turistas, y que representaría un nuevo centro de cultura en San José.

El diseño final fue un moderno espacio que la mayoría de los costarricenses no entendieron ni les gustó. Los objetivos del Banco Central de combinar economía y cultura son descritos en el folleto inaugural: «La Plaza de la Cultura que hoy inauguramos une las fuerzas de los costarricenses interesados en humanizar la ciudad, embellecerla, preservar el Teatro Nacional y darle el espacio necesario. Trabajar por la cultura es una tradición del pueblo costarricense […] La economía y la cultura se encuentran íntimamente entrelazadas, y su unión está representada en esta Plaza, que se transformará en el centro de nuestra ciudad (Naranjo, 1976, p. 1)

Los objetivos de diseño de los arquitectos, sin embargos, eran más diversos, e incluían el deseo de crear un espacio semejante a los que había en Nueva York: un gran espacio abierto donde se pudieran sostener reuniones y donde pudieran producirse manifestaciones (irónicamente, las plazas abiertas de Nueva York son a menudo subutilizadas, y se han llenado de actividades ilegales que expulsan a otros tipos de usuarios). La plaza abierta costarricense, de hecho, ha atraído actividades ilegales y vendedores, así como jóvenes jugando fútbol, comercio turístico y sexual. El intento por llevar la cultura al centro de la ciudad a través de la expresión artística de la arquitectura de paisajes no ha producido nada cercano a una representación ideal del espacio cívico. Y en mi última visita en enero de 1997, la plaza estaba cerrada y enrejada, esperando que se completara una renovación técnica.

La Plaza de la Cultura es un ejemplo aún más claro de las contradicciones que se revelan por la diferencia en los objetivos de diseño y las consecuencias económicas y políticas de construir un espacio público urbano. Un barrio residencial y de pequeña escala fue transformado en un aviso publicitario de la cultura costarricense. Esta transformación generó nuevas oportunidades de inversión para expandir los intereses de los capitalistas extranjeros en el turismo y en actividades relacionadas. El liderazgo de la nueva clase profesional deseaba representar la cultura costarricense como moderna, utilizando modernos idiomas europeos de diseño, pero también como indígena, basada en el pasado precolombino. Ya el capital estadounidense estaba alimentando la economía costarricense y había influido en el emplazamiento de la plaza -situándola cerca de un importante hotel turístico y en el centro de los negocios estadounidenses (por ejemplo, MacDonald’s y Sears) y de la actividad turística. Así, la locación, la forma espacial y últimamente el diseño de la Plaza de la Cultura estaba fuertemente determinado por fuerzas económicas y políticas, más que por los intentos artísticos de los diseñadores.

Así, la Plaza de la Cultura ha sido tomada por vendedores foráneos. La plaza fue abierta en 1982, y durante mis primeros tres viajes de campo en 1985, 1986 y 1987, los únicos vendedores en la plaza eran parte de un mercado turístico aprobado por la Municipalidad y el Gran Hotel localizado en la plazoleta en frente del Teatro Nacional. Estos vendedores pagaban por la autorización para vender en la plaza a un precio de 50 colones diarios.

En 1991, sin embargo, la plaza estaba atestada de vendedores callejeros. El 24 de febrero de 1991, Juan Fernando Cordero, de La Nación, escribió una editorial acerca de las sorpresas de la Plaza de la Cultura, precisando que los vendedores hablan inglés, cambian cheques viajeros, aceptan tarjetas de crédito internacionales y hacen negocios en dólares. Cordero comenta que nadie habría pensado que la plaza se convertiría en cinco mil metros cuadrados de comercio y espectáculo, antes que en un lugar para descansar y escapar del trabajo. El 18 de octubre de 1992, la «plaza de las sorpresas» era descrita como la «plaza del caos», reflejando la realidad de San José: desorden, suciedad y falta de autoridad. La editorial precisa que la plaza representa una enorme inversión financiera y política, de modo que a los vendedores, criminales, traficantes de drogas y trabajadores indocumentados no se les debería permitir apropiarse del espacio.

El 3 de noviembre de 1992, los vendedores fueron forzados a irse gracias a los esfuerzos conjuntos de la Municipalidad y del ministro de Seguridad Pública, Luis Fishman. Se desalojó a los vendedores expulsando inmediatamente a quienes no tenían los documentos apropiados, y a los que eran miembros de la Asociación Nacional de Artesanos Independientes (ANAI) se les permitió quedarse hasta que se pudiera encontrar un lugar para relocalizarlos. El presidente de la ANAI, Marco Vinicio Balmaceda, reclamó que esa expulsión dejaría a 500 familias sin hogar. Sin embargo, Luis Fishman declaró que la mayoría de los vendedores ilegales provenía de países sudamericanos. Sólo unos pocos vendedores permanecieron con el permiso de la Municipalidad. Pero cuando volví a San José en 1993, la plaza estaba nuevamente repleta de vendedores. Parece que la ANAI tuvo éxito en obtener una disposición para que los vendedores asociados pudieran permanecer en la plaza hasta que el asunto fuera resuelto.

La historia termina con la propuesta del Banco Central de poner una reja alrededor de toda la plaza, con puertas que serían cerradas al atardecer. El 18 de enero de 1995 hubo una reunión abierta para discutir los temas de seguridad en la Plaza de la Cultura. Estaban disponibles para presentar sus propuestas al público representantes del Teatro Nacional, la fundación que administra la plaza, el Colegio de Arquitectos y el International Council of Monuments and Sites (ICOMOS), una organización internacional de preservación histórica. La reja fue propuesta sólo como una solución posible a la diaria invasión de cientos de vendedores y delincuentes que vandalizan el lugar. Sin embargo, Vanessa Bravo, de La Nación, reportó en su editorial del 19 de enero de 1995 que hubo oposición a enrejar la plaza, y que se encontrarían otras soluciones para mejorar la seguridad. En 1996, la Plaza de la Cultura fue cerrada por renovación, y no había sido reabierta para cuando fui por última vez. Estoy segura que su prolongado cierre, su restauración y la creciente vigilancia sobre su reapertura son el resultado de este conflicto local.

6. Conclusión

Con base en estos dos ejemplos concluyo que las plazas urbanas centralmente localizadas en Costa Rica constituyen una expresión artística políticamente motivada, diseñada para representar los objetivos e ideales sociales de donantes y contribuyentes. Si existen usuarios locales que no calzan con estas ambiciones políticas y económicas, son relocalizados, excluidos legalmente y en algunos casos, vigilados. Extrapolando a partir del caso costarricense, el espacio urbano es otorgado al «público» a cambio de poder y apoyo político y/o económico. Este intercambio refuerza las nociones de la clase media respecto del espacio público, como parte de un acuerdo tácito en curso entre los ciudadanos urbanos y el Estado, incluso si estas nociones excluyen a un gran número de usuarios tradicionales de espacios públicos. Si las plazas no satisfacen estos objetivos políticos, o si no son valiosas como moneda de canje política, entonces -como lo he documentado- éstas son rediseñadas y se niega el acceso a cierta parte del «público», particularmente a las personas que trabajan en la plaza. Esta historia no es exclusiva de las plazas de San José de Costa Rica; la plaza de Taos (Rodríguez, 1998) Santa Fe (Wilson, 1997), ambas en Nuevo México, contienen algunas de estas mismas dinámicas.

Posiblemente, el ejemplo mejor conocido del uso de medidas extremas de control social para cerrar un espacio público es Tompkins Square, en el Lower East Side de Manhattan. Smith (1996) documenta la intensa batalla entre los pobres locales y residentes de clase trabajadora en contra de las estrategias de gentrificación de individuos, desarrolladores privados y los intereses políticos de la ciudad de Nueva York. Tompkins Square ha sustentado una difícil alianza entre gente sin hogar que vive en el parque y una variedad muy diversa de usuarios del barrio, hasta que las presiones de la gentrificación y las concesiones privadas resultaron en una serie de disturbios. La respuesta de la policía -prácticamente una política de «tierra quemada», que incluyó el arrasamiento de las tiendas y chozas de los individuos sin casa, y cierre total del parque- al final redefinió y rediseño el parque público. Smith (1996) argumenta que esta exhibición de fuerza, y la falta de una protesta de la clase media en contra del uso de tales tácticas militares, es parte de su «ciudad revanchista» imaginada -una ciudad que castiga a las minorías, las mujeres y los marginales por no participar de los valores tradicionales estadounidenses; una ciudad de la venganza en control de los pobres y el liberalismo.

En Costa Rica, el uso de guardas armados privados y perros patrullando las plazas no ha ocurrido aún; parece que las tácticas de intimidación todavía no son necesarias, como otras formas de control social que están aún en consideración. Pero, el patrullaje de la policía local, el comercio y la comida costosa alrededor de las plazas orientados a los turistas y una menor tolerancia a los «indeseables» y usuarios no bienvenidos, todo esto es compartido por los josefinos con los usuarios de las plazas en Nueva York. El acceso restringido es crecientemente utilizado como estrategia de re-apropiación del espacio, para atraer más «usuarios bienvenidos» en ambas ciudades. Incidentes como el cierre y la reconstrucción del Parque Central en San José, y Tompkins Square en Nueva York, así como el cierre temporal de plazas en Nueva York por la noche y durante eventos especiales y manifestaciones, y la consideración de cerrar la Plaza de la Cultura con puertas y rejas, son todos ejemplos de las crecientes similaridades en las tácticas de control utilizadas en ambos lugares.

Lo que es significativo acerca de estos ejemplos, sin embargo, es que los espacios públicos urbanos son importantes escenarios para los discursos abiertos y las expresiones de descontento. Cuando surgen conflictos políticos y sociales, las plazas y otros espacios públicos constituyen un foro para resolver las ideas y valores en conflicto en un ambiente visible y sano. La investigación en Costa Rica demuestra que cuando las plazas en San José son rediseñadas para excluir a determinados grupos, hay un impacto en las prácticas democráticas liberales en esos espacios. Si éstos son cerrados o resideñados por razones económicas, o porque su apropiación espacial no concuerda con las estrechas pautas culturales de una clase media, o con un comportamiento adecuado, entonces ¿dónde son localizadas las expresiones sociales del conflicto?

Más aún, ¿cuáles son las consecuencias de limpiar el espacio público de su desorden y de sus poblaciones desordenadas? ¿Es este borramiento y rediseño de la forma espacial un tipo adicional de «amnesia» histórica que acompaña la fabricación de mitos turísticos y de las fuerzas de preservación históricas? (Wilson, 1997). El rediseño de plazas que fueron históricamente espacios públicos para actividades cívicas y discusiones sociales y políticas, con el fin de acomodar el turismo y los valores de clase media, excluye un gran número de usuarios tradicionales. El énfasis en el turismo en oposición a los valores locales en el diseño de espacios públicos, deteriora aún más el centro de la ciudad, una lección que muchas ciudades enfrentan actualmente.

El espacio público se vuelve aún más valioso con la globalización. Castells (1989) define un nuevo tipo de ciudad dual, en la cual el «espacio de flujos» -informacionales y productivos- reemplaza el significado del «espacio de lugares» -barrios y lugares donde la gente realmente trabaja y vive. La ciudad dual es un espacio compartido dentro del cual las esferas contradictorias de la sociedad local están constantemente tratando de diferenciar sus territorios, basándose en lógicas diferentes. Los espacios de flujos se organizan sobre principios de actividades de procesamiento de información, mientras que los espacios cotidianos se organizan por la lógica de hacer una vida, proveer el sustento y encontrar un lugar donde vivir. La falta de conexión entre estos espacios, y la falta de significado resultante de los lugares cotidianos e instituciones políticas es resentida por las personas, y resistida a través de una variedad de estrategias individuales y colectivas. Las personas intentan reafirmar su identidad cultural a menudo en términos territoriales, «movilizándose para lograr sus demandas, organizar sus comunidades y singularizar sus lugares para preservar el significado, para restaurar todo lo que limite el control que ellos puedan tener sobre su trabajo y residencia (Castells, 1989, p. 350). Castells continúa argumentando que: «En el nivel cultural, las sociedades locales, definidas territorialmente, debe presevar sus identidades y construir sobre sus raíces históricas, a pesar de la dependencia económica y funcional del espacio de flujos. La remarcación simbólica de los lugares, la preservación de símbolos de reconocimiento, la expresión de la memoria colectiva en las prácticas actuales de la comunicación, son medios fundamentales a través de los cuales los lugares pueden continuar existiendo» (Castells, 1989, p. 351).

Estos lugares, que identifica como los centros simbólicos de la vida social, tan básicos para la comunicación y resistencia reales, son los espacios públicos -en este ejemplo, las plazas latinoamericanas- en los cuales estoy interesada. Así, con la creciente globalización, el papel de la plaza como un significativo centro de la vida social, se vuelve aún más crítico.